Costa queda en libertad y presenta una querella contra la magistrada del TSJC por "detención ilegal"

BarcelonaEl ex vicepresidente del Parlament Josep Costa ha salido en libertad este miércoles después de ser detenido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para que compareciera en la causa por desobediencia que afecta a la anterior mesa del Parlament. Costa, pues, ha comparecido ante la justicia pero igualmente -como ya había avanzado- no ha declarado porque no reconoce la autoridad del TSJC. Cuando ha salido del edificio ha explicado que ha presentado un habeas corpus por detención "ilegal" y que no ha dicho nada ante la magistrada porque presentará una querella criminal por su actuación y una recusación por "falta de imparcialidad".

Costa, que se ha representado a él mismo porque su abogado Gonzalo Boye está fuera, ha denunciado que no se han respetado sus derechos fundamentales con la detención porque tiene "el derecho a no declarar" y ha recordado que debido a los delitos que se le atribuyen -desobediencia- el tribunal podría juzgarlo incluso en ausencia. En este sentido, ha tildado de "desproporcionada" y "arbitraria" la actuación de la magistrada Eugènia Alegret.

El 15 de septiembre Costa ya se había negado a declarar hasta ahora ante el tribunal –que en su momento citó como investigados también al presidente de la cámara, Roger Torrent, además de los secretarios Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado– porque no quiere. Pero después de que Vox reclamara su detención por incomparecencia, la magistrada Eugènia Alegret ha decidido finalmente que se presente forzosamente ante el tribunal para poder acabar la instrucción del caso.

Según ha informado el TSJC, Alegret firmó la resolución de búsqueda y captura este lunes, 25 de octubre, después de constatar que Costa no se quería poner a disposición del tribunal "de forma voluntaria". Considera que es un "deber jurídico" y una "obligación impuesta" por la ley de enjuiciamiento criminal y, por lo tanto, ha procedido a la detención. Aun así, el abogado de Costa, Gonzalo Boye, ha denunciado que la actuación del TSJC es "ilegal". "Constituye una vulneración flagrante del derecho fundamental a la libertad, a la inviolabilidad parlamentaria, a no declarar y, en definitiva, del derecho a un proceso equitativo", ha expresado en Twitter, además de acusar a la magistrada de "falta de imparcialidad". Boye opina que ordenar la detención de alguien cuando está acusado de un delito que no conlleva penas de prisión es "desproporcionado y arbitrario", y más cuando –añade– sabe que Costa no declarará.

Las palabras de Boye avanzan lo que puede pasar este mediodía dentro del tribunal, que Costa se niegue a declarar otra vez ante la juez. En un vídeo publicado ahora hace unas semanas ya dijo que no reconocía la autoridad del TSJC: "No tiene sentido dialogar con unos jueces y fiscales represores que no entienden conceptos básicos como la separación de poderes", apuntó. Teniendo en cuenta la decisión del ex vicepresidente del Parlament, hay que ver ahora qué pasa en la vista: si alguna de las partes, ya sea Vox o la Fiscalía, piden medidas cautelares como prisión preventiva –nada habitual cuando el delito no conlleva prisión– o que comparezca de forma regular ante los tribunales.

La estrategia de Costa difiere de la del resto de miembros del anterior mesa del Parlament, investigados todos ellos por haber tramitado la pasada legislatura propuestas de resolución sobre el ejercicio de la autodeterminación y la monarquía. Torrent (ERC), Delgado (ERC) y Campdepadrós (JxCat) sí acudieron a declarar como investigados ante el TSJC el pasado mes de septiembre. Advirtieron de que su condena por desobediencia podía representar un "precedente nefasto" para el debate parlamentario, además de defender que la mesa no tiene que actuar como "órgano censor" ni entrar a valorar el contenido de las iniciativas de los grupos.

Detención el 27-O

Después de que trascendiera la noticia, varios dirigentes independentistas se han desplazado a las puertas del TSJC para protestar contra la detención y denunciar la "causa general contra el independentismo". La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha lamentado que el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, no le haya permitido ver a su antiguo compañero de filas después de ser detenido ni tampoco esperarse dentro de las dependencias judiciales. Con ella se han desplazado al Passeig Lluís Companys varios dirigentes de Junts –como Elsa Artadi o Josep Rius–, así como otros representantes de la actual mesa de la cámara: la vicepresidenta primera, Alba Vergés (ERC), y el secretario tercero, Pau Juvillà (CUP). La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, también se ha presentado con otros miembros de la entidad para denunciar que la "represión continúa".

Para el independentismo, el hecho de que Costa haya sido detenido un 27 de Octubre, cuatro años después de la declaración de independencia de 2017, "no es una casualidad", y ha vuelto a reclamar la amnistía para todos los encausados del Procés. Los miembros de la actual mesa han hecho énfasis en que Costa está investigado por tramitar resoluciones favorables a la autodeterminación, lo cual creen que no es aceptable. "La detención no está basada en el respecto de los derechos y libertades", ha dicho Borràs; "El Parlament no puede actuar como órgano censor", ha denunciado Vergés, mientras que Juvillà ha tildado la situación de "escándalo" y de "ataque a la libertad de expresión".

También el ex president Carles Puigdemont, desde el exilio, se ha sumado a la denuncia de los hechos a través de Twitter. "La detención de Costa no es legal y obedece a razones políticas. El día elegido por los del Tribunal de la Santa Represión para hacer un gesto de autoritarismo no es casualidad. Se le quiere hacer pagar la determinación [a Josep Costa], todo mi apoyo", ha expresado. Por su parte, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha considerado que "la persecución que hace el estado español contra el Parlament y nuestros representantes es una aberración democrática".