Tribunales

La Fiscalía rechaza que Andorra investigue a Rajoy por la operación Catalunya

Cree que la querella tiene "finalidad política" y que no hay indicios contra el expresidente español sobre la extorsión en la Banca Privada de Andorra

ARA
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El expresidente del gobierno español Mariano Rajoy, en una imagen de archivo.

MadridNuevo obstáculo para la investigación judicial de la operación Cataluña en Andorra. Según ha avanzado elAbc, la Fiscalía de Madrid presentó un escrito en enero del 2023 que se ha notificado hace unas semanas en las que rechaza que España colabore con las autoridades andorranas para avanzar en el procedimiento abierto contra el expresidente español Mariano Rajoy y los ex ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz. La comisión rogatoria que envió Andorra lleva meses encallada en los juzgados madrileños y el ministerio público considera que no debería responderse porque la querella que originó la causa tiene "fines políticos". Se trata de una iniciativa que impulsó el Instituto de Derechos Humanos de Andorra, pero la fiscala señala que "es público y notorio que guarda relación con asociaciones catalanas".

En noviembre del 2022 Rajoy ganó una pequeña batalla procesal en este caso cuando logró que España no respondiera automáticamente a la petición de Andorra, sino que tuviera que discutirse antes si debía colaborar o no. Dos meses después, la Fiscalía elaboró ​​este escrito que se ha conocido ahora. El ministerio público subraya especialmente que los hechos que se imputan a los exmiembros del gobierno español tienen una descripción "genérica" ​​y que no existen indicios sobre su responsabilidad individual. "Según se infiere de la escasa descripción de hechos de la comisión rogatoria, los hechos imputados no serían constitutivos de delito en España porque faltan elementos esenciales", dice el escrito, al que tuvieron acceso Efe y Europa Press. Sobre los delitos de extorsión y coacciones "no se indica, ni siquiera superficialmente, cómo y de qué forma y/o desde dónde se ejerció violencia o intimidación y en la que se influyó cualquiera de las instituciones andorranas". "Lo mismo puede decirse del delito de falsedad documental, del que no se indica qué documento se ha falsificado y por parte de quien, por lo que faltan todos los elementos del delito que se imputa, además, a un funcionario público".

En definitiva, la fiscal que lleva el caso insiste en que los "términos genéricos y mínimos en los que está redactada" la comisión rogatoria son "absolutamente insuficientes para aceptar la cooperación" judicial española, dado que no aporta "ningún elemento indiciario o hecho concreto" de los delitos. Asimismo, el ministerio público considera que Andorra ni siquiera tiene competencia para investigar a ciudadanos españoles si no describe "ninguna actuación que haya tenido lugar en el territorio de Andorra". En este sentido, critica que la juez que instruye el caso no haya justificado su propia competencia en el procedimiento.

La trama andorrana de la operación Catalunya tiene que ver con una supuesta maniobra de extorsión por parte de la policía política del PP en 2014 contra la BPA por conseguir información bancaria de los Pujol. Al cabo de unos meses, su filial en España, Banco Madrid, quebró. Precisamente, este jueves ha concedido una entrevista al excomisario de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas en Catalunya Ràdio, y ha explicado que él recibió una "nota informativa" de manos del exconseller delegado de la BPA Joan Pau Miguel con los datos de los Pujol. Un documento que, ha dicho, lanzó a la basura. Según su relato, no hubo coacción alguna, sino que el propio accionista del banco Higini Cierco facilitó las cosas. En la entrevista, Martín Blas ha explicado que el abogado de Cierco, Ignacio Fuster Fabra, se puso en contacto con el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino para invitarle al matrimonio de un sobrino suyo y allá fue, según ha explicado, donde Cierco comunicó que facilitarían la información bancaria de los Pujol.

Contexto político

Este escrito, con fecha de enero de 2023, aparece en pleno choque dentro de la Fiscalía a raíz del informe sobre Tsunami Democrático y en medio de la negociación entre el gobierno español y Junts para la aprobación de la amnistía. La operación Catalunya volvió al foco hace algunas semanas con nuevas informaciones sobre las maniobras de la policía política del ministerio del Interior durante el gobierno del PP e, incluso, fiscal superior de Cataluña inició diligencias por la persecución a la que había estado anteriormente en el cargo, Martín Rodríguez Sol.

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