La fotografía después del desbloqueo de los presupuestos
BarcelonaLa tramitación de los presupuestos de la Generalitat ha sacudido la legislatura, agrietado el Govern y abierto un escenario que obliga a una nueva correlación de fuerzas para garantizar la gobernabilidad. El no de la CUP a facilitar las cuentas rompe la mayoría independentista que, sin hoja de ruta compartida, permitió la investidura, y posiciona los comuns como nuevo socio del ejecutivo –al menos a nivel presupuestario– a pesar de los recelos de Junts. En paralelo, el PSC se reivindica como alternativa y, ante la inestabilidad del Govern, ya presiona por ir a nuevas elecciones.
La inestabilidad del Govern aboca a ERC a la geometría variable
Ha habido sangre con el socio de Govern, esfuerzo, sudor y el resultado podría merecer alguna lágrima. Pero ERC ha conseguido que los primeros presupuestos del president Pere Aragonès salgan adelante, al menos por lo que a la tramitación se refiere. Por el camino los republicanos han perdido a la CUP y, en un intento fallido de practicar la reivindicada “vía amplia”, han sacrificado la estrategia de oposición en Barcelona para conseguir el apoyo de los comuns. Esto también ha comportado el enojo de parte de Junts, que ha llegado a amenazar incluso con tumbar los presupuestos elaborados por su propio conseller. Todo ello en una ruptura de la mayoría de la investidura que, con tan solo medio año de mandato, aboca el principal partido al ejecutivo a los equilibrios y la geometría variable para sacar adelante la legislatura.
Agotadas las posibilidades de entendimiento con los anticapitalistas, la voluntad de Aragonès es exprimir la negociación con los comuns para la aprobación definitiva de las cuentas. Y a pesar de que desde presidencia dejan claro que el compromiso con la mayoría independentista se mantiene intacto más allá de los números, Esquerra señala los matices: en las filas republicanas consideran que la actitud de los anticapitalistas cuestiona la vigencia del acuerdo de investidura, lo que les daría margen en la estrategia del diálogo “sin plazos” con el Estado –donde han aprobado los presupuestos– y no comprometería a Aragonès a someterse a una cuestión de confianza en 2023. Oxígeno, a pesar de todo, que se suma al hecho de que los ataques desde Junts vienen más del partido que de sus consellers. El objetivo ahora es tener presupuestos y alejar el fantasma de un adelanto electoral.
Las tensiones internas en Junts afloran de nuevo y sitúan al partido en un cruce
JxCat es un partido heterogéneo al cual se le rasgan las costuras en las decisiones cruciales. Pasó cuando Jordi Sànchez, secretario general del partido, y el president del Govern, Pere Aragonès, cerraron el acuerdo de coalición– había dirigentes de dentro de la formación que abogaban por ir a la oposición, a pesar de que un 83% de la militancia avaló el acuerdo– y ha pasado ahora en la tramitación de los presupuestos elaborados por su conseller, Jaume Giró. La decisión de la CUP de presentar una enmienda a la totalidad situó el partido en la dicotomía de arriesgarse a una prórroga presupuestaria si no había mayoría independentista o buscar nuevas alianzas en los comuns o los socialistas para sacarlos adelante. La línea divisoria se ha dibujado, sobre todo, entre aquellos cargos del Govern que eran favorables a aprobar las cuentas como fuera después del portazo de los cuperos y destacados dirigentes del partido concentrados en el Parlament que se resistían a pactar con En Comú Podem.
La escenificación de la divergencia se produjo en el pleno. Cuando el diputado Joan Canadell hizo un discurso acusando de autonomista a ERC, solo aplaudió el grupo parlamentario mientras que los consejeros de Junts prefirieron no hacerlo. La situación deja al partido en un cruce, puesto que el hecho de que la CUP quede fuera de la ecuación dificulta el relato de Junts de la “mayoría independentista del 52%” y lo aboca a resituarse en el nuevo escenario de geometría variable. Junts tiene pendiente un debate a fondo sobre su papel teniendo en cuenta que dirigentes de primera línea como Laura Borràs o Elsa Artadi no se sienten cómodas con la situación, a pesar de que el partido votó con los comuns y ERC la tramitación de los presupuestos y Economía ya negocia con los de Jéssica Albiach. Y Junts también quiere hablar con ERC por como queda el pacto de legislatura después del desmarque de la CUP y la aparición de un nuevo socio, En Comú Podem.
Los comuns brindan una bomba de oxígeno a Colau
En los momentos de más tensión por llegar a un acuerdo por los presupuestos de la Generalitat, cuando Esquerra insistía a reunirse con los comuns a pesar de los recelos de sus socios de gobierno, Ada Colau proclamaba en la clausura de la tercera asamblea de Catalunya En Comú su “compromiso con Barcelona". La alcaldesa abrió y cerró la cita más importante del espacio con sus bases dejando claro su liderazgo. Conservar el bastión del Ayuntamiento de Barcelona es la prioridad indiscutible de los comuns, que intercambiando la tramitación de las cuentas del Govern por los del consistorio brindaron a Ada Colau una bomba extra de oxígeno para encarar el ciclo electoral de 2023.
Fue justamente la alcaldesa quien en 2018, después de la moción de censura al gobierno español de Mariano Rajoy, apeló por primera vez a un entendimiento en el Govern, el Ayuntamiento y el Estado para sacar adelante los presupuestos. Aquel intento no tuvo éxito, pero partía de una reflexión de fondo. La aspiración de los comuns es sostener alianzas “de izquierdas” –sobre todo con ERC– que favorezcan pactos y ganar capacidad de presión en diferentes instituciones, según exponen varias fuentes. Con el acuerdo al que han llegado por los presupuestos con los republicanos, los comuns avanzan ahora en este objetivo.
La CUP se centra en presionar por un plan B al diálogo
Una de cal y otra de arena para la CUP. El voto contrario a la tramitación de los presupuestos permite a los anticapitalistas mantenerse fieles en la oposición a determinadas políticas y macroproyectos impulsados desde el Govern, pero saliendo de la partida de las cuentas pierden margen de presión al ejecutivo tanto en el ámbito socioeconómico como en el horizonte nacional. “Nosotros estamos donde estábamos. Quien se ha movido es ERC, con quien llegamos a unos acuerdos que ha incumplido ”, defienden fuentes cuperas. Los republicanos, sin embargo, consideran que con el veto a las cuentas es la CUP quien se ha saltado el acuerdo de investidura y que, por lo tanto, ya no están ligados a los compromisos que se establecían. Entre ellos, la cuestión de confianza del president Aragonès a medio mandato.
Sea como fuere, la formación asamblearia aspira a empujar por el “giro a la izquierda” del ejecutivo a través de las enmiendas a las cuentas y, consciente de que el president Aragonès quiere mantener viva la mayoría independentista del 52%, presionará para definir el plan B a la mesa de diálogo. La propuesta de los cuperos continúa siendo un nuevo referéndum –tanto ERC como Junts se opusieron en el debate de política general– y ya trabajan para darle fuerza en dos flancos: movilización en la calle y busca de apoyo internacional. A pesar de la quebradiza, se agarran al hecho de que los espacios de coordinación del independentismo siguen abiertos para definir una nueva hoja de ruta.
El PSC queda excluido de la gobernabilidad pero se ve reforzado como alternativa
Detrás de la oposición contundente pero constructiva reivindicada por el PSC en esta legislatura hay la voluntad de consolidarse, después de la victoria a las elecciones del 14-F, como la alternativa responsable de gobierno en Catalunya. De aquí que, a diferencia de los vetos del pasado a los pactos con el independentismo, Salvador Illa extendiera la mano hasta el final al presidente Pere Aragonès para acordar los presupuestos de la Generalitat. El hecho de que el jefe del ejecutivo rechazara frontalmente el entendimiento con los socialistas ha impedido al partido ganar más centralidad en la legislatura y collar a ERC en la negociación con el PSOE en Madrid, pero la ruptura de la mayoría independentista, la entrada de los comuns en la gobernabilidad y el rifirrafe en el Govern por el acuerdo con los de Jéssica Albiach refuerzan el discurso del PSC por liderar un cambio a la Generalitat. No en vano, ya ha empezado a insinuar la conveniencia de un adelanto electoral.
“El pacto agónico para salvar el presupuesto constata la apertura de un nuevo escenario político en Catalunya: la ruptura latente en el Govern se hace manifiesta”, defendía el pasado lunes la portavoz socialista, Alícia Romero. “El país necesita ahora más que nunca una alternativa”, sentenció. La crisis independentista para tramitar los presupuestos agranda los argumentos de los de Illa para hurgar todavía más en las divergencias entre ERC y Juntos –como ya hicieron con la ausencia de los de Puigdemont a la mesa de diálogo o con el desacuerdo que frustró la ampliación del Prat– y también les permite mantener la oferta para los acuerdos “de país” con el ánimo de poner fin a la dinámica de bloques. El objetivo es erigir el PSC en garantía de “buen gobierno y estabilidad” de cara a las próximas elecciones e intentar ampliar la mayoría de los 33 diputados. Con una aritmética parecida a la actual, sin embargo, las posibilidades de gobernar serían escasas.
