La Generalitat desvincula a JxCat de CDC para poder personarse en el caso 3%
La Audiencia Nacional rechazó que el Govern sea parte de la causa porque hay dirigentes del partido "heredero" de Convergència
BarcelonaLa Audiencia Nacional rechazó hace un par de semanas que la Generalitat acuse a Convergència en el caso 3%, con el argumento de que hay dirigentes del "partido directamente heredero" dentro del Govern, en alusión a Junts per Catalunya. Pues bien, el ejecutivo de Pere Aragonès ha presentado un recurso a esta decisión en el que desvincula al partido de Carles Puigdemont de Convergència e insiste en que la Generalitat se pueda personar en una de las piezas separadas del caso 3% y que tiene que ver con el desvío de dinero de TV3 a través de la productora Triacom para financiar el partido fundado por Jordi Pujol.
Los servicios jurídicos de la Generalitat, en el recurso ante la Audiencia Nacional, dicen que sí que pueden ser parte del procedimiento porque actualmente la coalición del ejecutivo está formada por Esquerra y Junts, un partido que, a pesar de tener dirigentes exconvergentes, no es CDC, argumentan. "El Govern tiene intención de llegar hasta el final para recuperar el dinero", ha remarcado este martes en rueda de prensa la portavoz del ejecutivo, Patrícia Plaja, cuando le han preguntado por esta cuestión.
Según avanzó este lunes El Periódico, el representante de la Generalitat dice que es "erróneo" considerar a JxCat "heredero" de Convergència, puesto que ningún miembro del gobierno actual tiene ningún vínculo. Lo defiende marcando una línea divisoria también entre JxCat y el PDECat, que se fundó a raíz de la disolución de CDC y que tiene la condición de investigado en el caso 3% en la Audiencia Nacional al ser "sucesor". Recuerda que se presentaron por separado en las últimas elecciones en el Parlament del 14 de febrero y, para demostrar que son dos formaciones diferentes, los servicios jurídicos de la Generalitat hacen referencia a un acuerdo de la junta electoral que denegó a JxCat beneficiarse de los derechos electorales derivados del PDECat y de Convergència –se quedó con la candidatura de Àngels Chacón–. Un argumento que, para el abogado de la Generalitat, prueba que no hay vínculo entre sí.
Según su opinión, también es un error "confundir" la institución de la Generalitat con los partidos políticos que la conforman: "No existe tal identidad jurídica, la administración de la Generalitat es totalmente independiente y aliena a cualquier partido político". JxCat siempre se ha desvinculado de CDC, pero dirigentes de ERC suelen hablar de forma recurrente del espacio posconvergente para referirse a Junts.
En cuanto a la consideración del Govern como perjudicado en el caso, argumenta que se está investigando el desvío de fondos a través de la productora Triacom, que es una de las principales productoras de TV3 y, por lo tanto, de la televisión que se financia con las arcas públicas catalanas. Considera que, si se confirma durante el juicio que ha habido una presunta venta de programas de la productora por "sobre" del precio a TV3 para beneficiar a CDC, la Generalitat ha sido perjudicada y, por lo tanto, se tiene que poder personar para reclamar una reparación.
La sucesión, sin concretar
El debate sobre la sucesión de Convergència es una discusión que por ahora no está resuelta en los tribunales. Más allá de la imputación del PDECat como investigado a la Audiencia Nacional por el 3% para ser la "continuadora" de CDC, hasta ahora no se ha declarado heredero ningún partido en una sentencia judicial firme. En el caso Palau, en el que Convergència está condenada a pagar un decomiso de 6,6 millones de euros por la financiación ilegal, la Audiencia Provincial –encargada de ejecutarla– ha decidido no reclamarle ni a Junts ni al PDECat a pesar de la petición explícita de la institución del Palau de la Música –que es la que tiene que recibir este dinero–. El argumento del tribunal es que, como CDC está en concurso de acreedores, todo lo que tiene que ver con sus activos y pasivos es competencia "exclusiva" y "excluyente" del tribunal del contencioso administrativo y, por lo tanto, se ha inhibido de la cuestión. No ha habido recurso por parte del Palau a esta decisión y, en el estadio actual del concurso de acreedores –a punto de cerrarse–, lo más probable es que nadie pague la totalidad de los 6,6 millones de euros que tenía que sufragar CDC.