La Audiencia Nacional rechaza que la Generalitat acuse a Convergència por el 3%
El juez Pedraz cree que en el Govern hay dirigentes del "partido directamente heredero" de las formaciones investigadas
MadridLa Audiencia Nacional ha rechazado que la Generalitat acuse a Convergència Democràtica de Catalunya en una pieza separada del caso 3%. Se trata de la investigación relacionada con Triacom Audiovisual, una productora que recibió 31,3 millones de euros de Tv3 entre el 2008 y el 2016 y que se habrían desviado para que la extinta formación nacionalista pagara deudas que había contraído con empresas. Unas sospechas que enturbiaron una sesión de la comisión de control de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) en el Parlament y que llevaron al presidente catalán, Pere Aragonès, a ordenar a los servicios jurídicos del Govern personarse en la causa. El juez Santiago Pedraz, sin embargo, considera que la Generalitat no ha aportado pruebas que demuestren su condición de perjudicada y destaca que está integrada por dirigentes políticos del partido "directamente heredero" de las formaciones investigadas.
En una breve providencia, este lunes el magistrado instructor ha resuelto que la acusación de la Generalitat no tiene cabida, una vez escuchadas las alegaciones de las partes. La Fiscalía ya advertía en su escrito que en el ejecutivo hay miembros de Junts, partido que sitúa como continuador de CDC y el PDECat, investigados en la trama del 3%. Ya hace años que la instrucción judicial está en marcha y que se abrió esta línea de investigación a la productora administrada por Oriol Carbó, que también fue gerente de Tv3.
En julio del 2019 la Fiscalía Anticorrupción pidió a la CCMA facturas con Triacom vinculadas a los programas El gran dictat y Fish and Chips por valor de más 200.000 euros, dos días después de que el empresario Juan Manuel Parra declarara como investigado a la Audiencia Nacional. Parra explicó que el exgerente de CDC Germà Gordó había orquestado un mecanismo de financiación irregular del partido consistente en desviar facturas de Triacom con la televisión pública por trabajos inexistentes. En realidad, los gastos servirían para sufragar la campaña de Artur Mas del 2010 y la trama del 3% en la Diputación de Lleida, según la investigación.
El papel de Gordó
En el auto de procesamiento de la causa, el anterior instructor, José de la Mata, afirma que la empresa Hispart SA, cuyo administrador era Parra, se encargó de la campaña de comunicación de la campaña electoral del 2010, generando una deuda de aproximadamente 750.000 euros. Según el relato del magistrado, Gordó se dirigió a Carbó para ordenarle que, desde Triacom, abonara a Hispart la deuda que CDC tenía con la empresa. Entre diciembre del 2008 y noviembre del 2011, la productora había recibido hasta 14 contratos de la CCMA. "La cantidad total abonada por Triacom a Hispart SA por cuenta y beneficio de CDC ascendió aproximadamente a los 750.000 euros", subrayó De la Mata.
Estos hechos se investigan en una pieza separada, pero el juez hizo mención a la trama principal porque Parra aportó una conversación telefónica entre él y el ex conseller de Justicia y ex secretario del Govern. De la Mata concluye que es reveladora porque pone de manifiesto la "patrimonialización de todas las instituciones públicas sobre las cuales este partido [CDC] tenía control político".
