Aragonés y Albiach terminan la reunión sin acuerdo y los presupuestos se encaminan al abismo

BarcelonaQuedan menos de 24 horas para el debate de los presupuestos y el Govern no tiene asegurados los votos para superar la primera votación en el Parlament. Los comunes siguen instalados en el no después de que la reunión de este martes entre el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la líder del grupo en el Parlament, Jéssica Albiach, haya terminado sin acuerdo. La cumbre entre líderes en Palau ha durado unos 45 minutos y ha culminado una jornada de negociaciones in extremis con dos reuniones previas entre los equipos negociadores. A ambos lados, nadie tira la toalla: las dos partes se dan tiempo para seguir explorando un entendimiento hasta el momento de votar en el pleno.

El escollo principal sigue siendo el macroproyecto del Hard Rock en el Camp de Tarragona: el Gobierno mantiene que no tiene margen para frenar el plan director urbanístico, como le piden los comunes, y sostiene que ninguna de las propuestas que ha puesto sobre la mesa no ha convencido al grupo de Albiach, a los que ve enrocados en una demanda que fuentes del ejecutivo insisten en que no pueden asumir, a riesgo de encontrarse problemas legales y que el PSC les retire el apoyo a las cuentas. "No permitir que esto siga avanzando sería prevaricar", dijo este martes en rueda de prensa la portavoz del ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, quien cuestionó la "voluntad real" de los comunes de pactar.

En paralelo a la negociación, los comunes registraron en el Parlament una reforma para revertir la rebaja fiscal en los casinos que entraría en vigor el día que las ruletas del Hard Rock empezaran a girar, una opción que el Gobierno está abierto a estudiar pero que, según el grupo lila, tampoco serviría para garantizar su sí. Y habría que ver, en todo caso, si la ley sumaría una mayoría parlamentaria, dado que se trata de un beneficio fiscal que condicionó la decisión de los inversores del Hard Rock de instalarse en Cataluña, lo que podría llevar PSC, principal avalista político del proyecto, a votar en contra.

Para el Gobierno, sin embargo, el Hard Rock no es "el elefante en la habitación" de la negociación. Defiende que se ha hablado "de forma extensa y reiterada" con los comunes, que también habían llegado a plantear una moratoria en el complejo mientras dure la sequía –una posibilidad que la Generalitat rechaza–. Plaja no ha querido detallar qué contrapropuesta han puesto sobre la mesa, pero sí ha invitado a los comunes y los socialistas a hablar "entre todos" para encontrar al desgarrador. Fuentes del grupo de Albiach apuntan que no ha habido "nada concreto" y que en los encuentros el argumento del Govern era que el PSC no aceptaría ninguna propuesta contraria al macroproyecto.

¿Qué dice el PSC? "Los apoyos a los presupuestos de un gobierno son cosa del gobierno", recalcan fuentes socialistas, que, en la línea de lo que defendían el lunes, consideran que ellos ya han hecho su parte del trabajo con el acuerdo del 27 de febrero, negociado durante semanas. La otra tecla que han intentado tocar desde Esquerra son las negociaciones cruzadas con los presupuestos del Estado, unas conversaciones con las que hoy la propia Plaja ha admitido que hay "vasos comunicantes". De hecho, la portavoz ha sugerido que la propia Albiach tiene "canales y palancas" para que Isla se ponga bien para encontrar una forma de desatascar los presupuestos catalanes y que el gobierno español del PSOE y Sumar no se encuentre problemas añadidos cuando quiera aprobar sus primeras cuentas de la legislatura.

¿Una "excusa"?

Con la negociación en tiempo de descuento, en el Gobierno ya cuestionan "la voluntad real" de los comunes de llegar a un acuerdo y consideran una "excusa" la decisión de condicionarlo al Hard Rock. En la recta final de las negociaciones, los comunes y el Gobierno han abordado medidas en materia de vivienda, salud, derechos sociales y educación en caso de que alguna de las partes acabe moviéndose. En la última propuesta, el ejecutivo les ha planteado destinar 53 millones a habilitar 550 pisos para las mesas de emergencia, además de regular los alquileres de temporada -esta última era una petición del grupo lila- y subir de 3 a 4,5 euros la tasa turística en los cruceros de corta estancia. También les ha propuesto invertir medio millón en el proyecto de construcción del hospital de Tortosa -donde gobiernan los comunes-, bonificar el 70% del comedor escolar a 25.000 alumnos vulnerables, incrementar en 20,4 millones (hasta los 70,9) el presupuesto de las políticas contra segregación escolar y alcanzar una inversión del 6% del PIB en Educación en cuatro años. Además, el ejecutivo les ha tentado con 24,7 millones para el dentista público y 20 millones para la salud mental, dos carpetas en las que llegaron a acuerdos en los dos presupuestos anteriores.

Mientras, la opción de sumar Junts al pacte con el PSC prácticamente se descarta en Palau, aunque los contactos todavía se mantienen vivos después de que ayer los junteros presentaran una enmienda a la totalidad. Según el ejecutivo, el arrecife con Junts es su petición de eliminar el impuesto de sucesiones, una "línea roja" para Esquerra en la que ya han avisado de que no cederán.

En otras ocasiones el despejador se ha encontrado en otras instituciones: no hace tanto que Ernest Maragall, cuando todavía lideraba ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, ​​aceptó los presupuestos de Ada Colau remarcando que se trataba de una decisión de su partido acatada por el grupo municipal. Ahora, en la capital catalana no gobiernan los comunes y las negociaciones del actual alcalde, el socialista Jaume Collboni, se centran en qué socio debe incorporarse al ejecutivo municipal, un lugar al que aspira Colau , a pesar de que los comunes han desvinculado públicamente a las dos negociaciones.