La regularización de migrantes arranca el 16 de abril: ¿cómo funcionará?

MadridLuz verde a la regularización de migrantes. Tras el proceso de audiencia pública y los informes preceptivos, el gobierno español ha aprobado este martes el real decreto que servirá para regularizar la situación de más de medio millón de personas que ya están en el Estado pero no tienen reconocidos sus derechos. "Es un acto de coherencia y justicia social", ha proclamado la portavoz, Elma Saiz. "Es una medida histórica y tiene todas las garantías legales", ha añadido. ¿Cómo funcionará, sin embargo, el trámite?

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Según ha explicado Saiz, el miércoles día 15 de abril se publicará el real decreto en el BOE y el día 16 de abril ya se pondrá en marcha el proceso. Se podrá solicitar la regularización por la vía telemática y, a la vez, se podrá pedir cita previa para realizar el proceso de forma presencial. La ministra ha remarcado que será imprescindible solicitar esta cita previa para poder acudir físicamente a la oficina de la administración a partir del 20 de abril. Este trámite, que es preceptivo para entrar en el proceso, se podrá realizar hasta el 30 de junio.

Requisitos

Los requisitos para poder entrar en la regularización de migrantes pasan por estar en España antes del 1 de enero de 2026, haber residido ininterrumpidamente en el estado español al menos cinco meses desde el momento de la solicitud, no tener antecedentes penales y, a la vez, no suponer una "amenaza" para el orden y la seguridad pública. El empadronamiento es un documento acreditativo sobre la residencia actual en el Estado, pero no es obligatorio.

¿Cómo queda la cuestión de los antecedentes penales?

En la cuestión de los antecedentes penales, el ejecutivo ha tenido que endurecer las condiciones después del informe del Consejo de Estado, ya que el proyecto inicial obligaba a hacer una declaración responsable asegurando que no había antecedentes penales, pero no acababa siendo preceptivo un documento acreditativo. Ahora, según ha avanzado El País y ha confirmado el ARA, el gobierno español da un mes a los solicitantes para pedir un certificado en sus países de origen, y si no lo consiguen será el mismo ejecutivo estatal el que solicitará esta documentación. Esta cuestión la había introducido el PP en el Senado y Junts iba a avalarlo en el Congreso, pero el gobierno español lo vetó a última hora alegando que les supondría un desembolso extra de dinero público, un total de 16 millones de euros. Finalmente, se establece un proceso de tres meses para conseguir los documentos por la vía diplomática; y, si no llegan los papeles, la norma da quince días extra a las personas interesadas para conseguirlos por su cuenta. En caso de que no los consigan no podrán entrar en el proceso de regularización.

¿A cuánta gente afectará?

Está previsto que esta regularización de migrantes afecte a unas 500.000 personas, pero desde el gobierno español admiten que no saben exactamente a cuánta gente acabará alcanzando porque dependerá del proceso de tramitación. Tampoco han dado datos por comunidades autónomas. Lo que sí que ha querido dejar claro la ministra es que todos los gobiernos de todos los colores han hecho regularizaciones, a pesar de que esta sea la más masiva hasta ahora. En 1986, con el gobierno de Felipe González, se hizo una regularización que afectó a 38.294 personas; el mismo presidente puso en marcha otra en 1991 que afectó a 114.423 personas y en 1996, una de 21.294 migrantes. También el PP de José María Aznar ejecutó dos: una en el año 2000 con 264.153 personas y otra en 2001 con 239.174 personas. En el año 2005 José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) hizo la más amplia hasta el momento, con 576.506 personas.

Sánchez defiende la regularización y el PP la condena

El presidente español, Pedro Sánchez, ha defendido esta regularización como un "acto de normalización": "De reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana", ha dicho. En un texto difundido en X, el presidente español también defiende la medida como un "acto de justicia con nuestra propia historia", en referencia a los emigrantes españoles que marcharon a América y Europa "en busca de una vida mejor". Sánchez, sin embargo, también admite que regularizar unas 500.000 personas es también una "necesidad", aunque reconoce que todos los procesos migratorios plantean "desafíos". "España, como otros países europeos, envejece. Sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad frena, nuestra capacidad de innovar se debilita y nuestros servicios públicos sufren", ha dicho. El objetivo de la medida es, según Sánchez, "reconocer derechos, pero también exigir obligaciones".

Por su parte, el PP ha condenado la medida. En una intervención ante los grupos parlamentarios populares en el Congreso y en el Senado, Alberto Núñez Feijóo se ha posicionado "absolutamente en contra de la regularización masiva e irresponsable" y ha elevado a "un millón de inmigrantes" los posibles beneficiarios. El líder popular ha criticado que el gobierno español no tenga una estimación real de cuánta gente se acogerá realmente ni una "memoria económica" del impacto en la educación o la sanidad. Según Feijóo, supondrá una "sobrecarga insostenible" para el sistema y ha añadido que, además, la regularización es "inhumana", "injusta" e "insegura". A juicio del PP y a pesar del endurecimiento de última hora, aún "no hay un control suficiente" en el procedimiento –informa Andrea Zamorano.