El gobierno español impulsa la reforma de la ley de asilo y extranjería

MadridEl gobierno español ha aprobado este martes dos anteproyectos clave en materia migratoria: por un lado, una nueva ley sobre el derecho al asilo y, por otro, una reforma de la ley de derechos y libertades de extranjeros. Así lo ha anunciado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha comparecido tras el consejo de ministros posterior a las vacaciones de verano y que ha estado centrado en la crisis de Ceuta. Marlaska ha expuesto el impulso de estas dos reformas para adaptar la legislación española al nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que endurece las políticas migratorias de las fronteras europeas.

Sobre esta cuestión, Marlaska ha asegurado que los estados tienen margen para mantener una legislación "garantista". Según él, la nueva legislación sobre asilo está hecha desde la "perspectiva de los derechos humanos" y al mismo tiempo con el objetivo de asegurar el objetivo del Estado. A su parecer, se trata de cambios procedimentales para que los estados puedan actuar con más celeridad. Incorporan un reglamento de aplicación obligatoria en el que el solicitante de asilo deberá estar a disposición de las autoridades durante doce semanas hasta que se resuelva el expediente, para facilitar la expulsión en caso de ser denegado. A la hora de analizar las solicitudes, el nuevo texto también regula tres conceptos clave para decidir sobre la admisión: primer país de asilo, tercer país seguro y país de origen seguro. Además de situar el ministerio del Interior como autoridad decisoria y de eliminar de forma general el recurso administrativo previo.

Desde el ministerio remarcan que han aumentado mucho las solicitudes de asilo: han pasado de 3.000 en 2009 a 144.000 en 2025.

El triaje

Por otro lado, en referencia al cambio legal sobre derechos y libertades de los extranjeros, el ministerio de Interior destaca que la principal novedad es la incorporación del triaje de las personas extranjeras que cruzan las fronteras exteriores de la Unión Europea sin cumplir las condiciones de entrada. En este sentido, se establece la obligatoriedad de no autorizar la entrada en territorio español hasta que se complete el triaje, que consiste en un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, identificación de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación a un proceso adecuado. La norma española dice que esto se debe hacer en 72 horas, aunque la legislación europea habilita hasta siete días. Según Marlaska, el gobierno español quiere minimizar al mínimo el tiempo en instalaciones policiales. Paralelamente también establece que las personas sin derecho a quedarse deben ser devueltas en un máximo de doce semanas. También tendrán la obligación de abandonar España las personas demandantes de asilo a quienes se les deniegue la petición.

La Moncloa lo desvincula de Ceuta

Fuentes de la Moncloa desvinculan la aprobación de los proyectos de la crisis de Ceuta, ya que argumentan que se aprobaron en la reunión de subsecretarios de estado, paso previo antes del consejo de ministros, antes de la entrada masiva de migrantes del 30 de julio. "Teníamos que adaptar la legislación a la normativa europea", recuerdan.

Con los anteproyectos habiendo pasado la primera vuelta del consejo de ministros, ahora los textos se pondrán en conocimiento del resto de ministerios con competencias en migración para que hagan aportaciones, así como los informes del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Posteriormente, Interior volverá a llevar el nuevo texto al consejo de ministros y entonces pasará al Congreso, donde no tiene garantizados los apoyos de la mayoría plurinacional para sacarlo adelante.