El gobierno español endurece la ley de asilo y extranjería empujado por la UE
Adapta la legislación al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo en plena crisis en Ceuta
MadridEl gobierno español ha aprobado este martes dos anteproyectos clave en materia migratoria: por un lado, una nueva ley sobre el derecho de asilo y, por otro, una reforma de la ley de derechos y libertades de los extranjeros. Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha comparecido después del primer consejo de ministros posterior a las vacaciones de verano, que se ha centrado en la crisis de Ceuta. Marlaska ha expuesto el impulso de estas dos reformas para adaptar la legislación española al nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que endurece las políticas migratorias de las fronteras europeas.
Sobre esta cuestión, Marlaska ha asegurado que los estados tienen margen para mantener una legislación "garantista". Según él, la legislación nueva sobre el derecho de asilo está hecha desde la "perspectiva de los derechos humanos" y, al mismo tiempo, mantiene el objetivo de defender la seguridad del Estado. A su parecer, se trata de cambios procedimentales para que los estados puedan actuar con más celeridad, aunque el paquete legislativo europeo lo que garantiza sobre todo es que las personas no puedan circular por el territorio hasta que se les haya resuelto el expediente, un aspecto que ha recibido críticas de diversas ONG.
En el caso español, por ejemplo, incorporan un reglamento de aplicación obligatoria en el que el solicitante de asilo, en supuestos concretos, deberá estar a disposición de las autoridades, en dependencias policiales, por un plazo máximo de doce semanas hasta que se resuelva su expediente para facilitar la expulsión en caso de que se resuelva desfavorablemente. A la hora de analizar las solicitudes, el nuevo texto también regula tres conceptos clave para decidir sobre la admisión: el primer país de asilo (el primer lugar donde se pide), el tercer país seguro (un país que no sea el de origen, pero es seguro para deportar al inmigrante) y el país de origen seguro (el inmigrante debe justificar que su país de origen no es seguro para él), aunque desde el gobierno español no han concretado cómo utilizarán las nuevas herramientas. Según Interior, las peticiones de asilo han pasado de 3.000 en 2009 a 144.000 en 2025.
El triaje
Por otra parte, en lo que respecta al cambio legal sobre derechos y libertades de los extranjeros, el ministerio del Interior destaca que la principal novedad es la incorporación del triaje de las personas extranjeras que cruzan las fronteras exteriores de la Unión Europea sin cumplir las condiciones de entrada. En este sentido, se establece la obligatoriedad de no autorizar la entrada a territorio español hasta que se complete el proceso de triaje, que consiste en un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación a un proceso adecuado. La norma española dice que todo esto se debe hacer en 72 horas, aunque la legislación europea habilita hasta siete días. Paralelamente, también establece que las personas sin derecho a quedarse deben ser devueltas a los países de origen en un máximo de doce semanas. Según Marlaska, el gobierno español quiere acortar al máximo el tiempo que los solicitantes de asilo pueden pasar en instalaciones policiales, y es un ejemplo del margen legislativo que le queda al Estado a la hora de aplicar el endurecimiento de las políticas europeas de inmigración.
España fue el único estado miembro que se opuso al reglamento de retornos y a las partes más duras del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, a pesar de que será de aplicación obligatoria a todos los estados miembros, y que consiste en acelerar el retorno de inmigrantes en situación irregular y crear centros de retorno fuera de la UE. Por este motivo, ahora debe adaptar la legislación para que no haya contradicciones cuando entre en vigor.
A pesar de ello, si bien rechaza la expulsión de inmigrantes a terceros países, el gobierno español sí ha hecho una política de pacto con estados del norte de África, como Marruecos y Mauritania, para que frenen la inmigración irregular, algo que hay quien considera que ha dado poder a estos países para hacer una política de chantaje, que se puede vincular con la crisis actual de Ceuta y con el giro que dio España en el tema del Sáhara Occidental.
La Moncloa lo desvincula de Ceuta
Aunque esta reforma es posterior a la crisis de Ceuta, fuentes de Moncloa desvinculan su aprobación de la situación en la ciudad autónoma, ya que argumentan que se aprobó en la reunión de subsecretarios de estado, el paso previo al consejo de ministros, antes de la entrada masiva de inmigrantes del 30 de julio. "Teníamos que adaptar la legislación a la normativa europea", recuerdan. Ahora bien, el hecho es que han decidido llevarlo ahora al consejo de ministros, en medio del debate sobre las políticas migratorias.
Con los anteproyectos habiendo superado la primera vuelta del consejo de ministros, ahora los textos se pondrán en conocimiento del resto de ministerios con competencias en inmigración para que hagan aportaciones, y también se esperan los informes del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Después, Interior llevará el nuevo texto al consejo de ministros y pasará al Congreso, donde el ejecutivo no tiene garantizados los apoyos de la mayoría plurinacional. De hecho, Sumar y los partidos de izquierdas se han opuesto repetidamente al cambio de visión de la UE sobre inmigración en pleno auge de la extrema derecha.