El poder judicial expresa un "rechazo profundo" por la "deslealtad" de la vicepresidenta con el juez de Tsunami

BarcelonaTras mantener las acusaciones de terrorismo en Tsunami Democrático, las críticas del gobierno español al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón han desencadenado un incendio político en el Estado. El aprovechamiento de una rendija para seguir persiguiendo judicialmente independentistas como Carles Puigdemont y Marta Rovira, que se beneficiarían de la amnistía, ha hecho que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, le haya acusado de guerra jurídica o lawfare. Esto ha comportado la respuesta de la oposición y de la judicatura -el Consejo General del Poder Judicial y la Audiencia Nacional-, que han expresado el "rechazo profundo" por la "deslealtad".

Ribera ha denunciado la cruzada del magistrado en una entrevista en TVE este viernes, en la que ha insinuado que actúa con intencionalidad política: "Yo sería muy prudente respecto a la forma en que se está pronunciando este juez, que nos tiene acostumbrados a inclinarse siempre en la misma dirección, y esto tiene una implicación política importante, porque suele salir a colación en momentos políticos sensibles”. Precisamente, el independentismo ha denunciado la guerra judicial en los últimos años. la "inclinación de pronunciarse en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno", cuando se está debatiendo la ley de amnistía. Cuando le han preguntado si estas malas praxis denuncia serían lawfare, Ribera ha comentado que en los pronunciamientos de un juez "no sólo importa el ejercicio del poder judicial, sino también las formas y la motivación", que ha puesto en duda. "La hemeroteca muestra que siempre tiene mucho acierto en la sensibilidad de las fechas en las que salen sus afirmaciones", ha dicho.

Las palabras de la ministra socialista han generado malestar en el seno de la judicatura y de la Audiencia Nacional (AN). Una declaración institucional de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aprobada por unanimidad, ha arremetido contra la vicepresidenta por poner en duda que García-Castellón actúa para "cumplir la ley". Haciendo una defensa del funcionamiento de la justicia y la separación de poderes, este órgano caducado por la falta de entendimiento para renovarlo entre el PP y el PSOE desde 2018 ha manifestado un "rechazo rotundo". Sostiene que las declaraciones son "contrarias a la lealtad institucional" y "deterioran" la confianza de los ciudadanos. Coinciden las asociaciones de jueces conservadoras, que lamentaron que "no son admisibles".

Fuentes de la AN recogidas por Europa Press advierten que no instruir esta causa sería "prevaricar" y lamentan que el estamento político quiera aplicar el ' amnistía "de forma preventiva". "Los tiempos de la política no son los de la justicia", indican desde la Audiencia Nacional, donde hace días que existe preocupación por la deriva de esta cuestión. "Es impresentable, ya es suficiente", ha llegado a decir una de las fuentes, según la agencia. En un auto de la Audiencia Nacional, ha dejado claro que "son absolutamente rechazables las alegaciones de la defensa apelando a una pretendida motivación política".

Las declaraciones de Ribera también han indignado al PP. A través de un comunicado, el partido advirtió de que son "de una gravedad extrema". Los populares interpretaron que Ribera acusó al juez de "prevaricar" y por ello lamentaron que "el sanchismo haya asumido el discurso independentista de que la justicia no es imparcial" y que en España "hay lawfare". El PP ya ha anunciado que utilizará su mayoría en el Senado para reprobar a la ministra.

Los de Alberto Núñez Feijóo han remarcado el "desprestigio" del sistema democrático causado por los "ataques a los jueces", detengan, también han recordado que los socialistas no cuestionaban la imparcialidad de García-Castellón cuando instruía casos como Púnica, Lezo o Kitchen, que han afectado al PP.A su vez, su portavoz, Borja Sémper, ha alertado del riesgo que supone "el' ataque del gobierno a la división de poderes”, que “sigue su escalada”.

La Moncloa matiza

La número 2 del PP, Cuca Gamarra, ha instado a Sánchez y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a desautorizar a Ribera. Y el gobierno español ha tratado de apagar el incendio. Fuentes de la Moncloa aseguran que "siempre respetan las decisiones del poder judicial aunque, en algunas ocasiones, no las compartan". "En el caso de Tsunami, las decisiones del magistrado fueron recurridas por el fiscal del caso, por lo que la consideración jurídica de terrorismo de los hechos ocurridos están pendientes de recurso ante la Audiencia Nacional. Este debate jurídico se resolverá en los órganos judiciales y el gobierno respetará, por supuesto, la decisión final que se adopte", dijeron fuentes del ejecutivo. Y, a continuación, han pasado al ataque contra el PP y han recordado "el intervencionismo en el poder judicial" como el "secuestro" del Consejo General del Poder Judicial o "el intento de controlar la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta trasera”, tal y como manifestó en su día el exportavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.