El gobierno español no incluye la reforma de la sedición en su plan para el 2022

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El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

MadridLa reforma del delito de sedición y del de injurias a la Corona no está en la agenda del gobierno español para el 2022. Así lo ha confirmado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la presentación del plan normativo para todo el año aprobado este martes en el consejo de ministros y que incluye hasta 368 propuestas normativas. De hecho, a falta de conocer el detalle del plan, el gobierno español no tiene prevista ninguna iniciativa que esté específicamente destinada a afrontar la cuestión catalana. De hecho, se resiste todavía a fijar una fecha para la próxima mesa de diálogo con la Generalitat.

La reforma del Código Penal para eliminar o rebajar el delito de sedición es una propuesta que había puesto sobre la mesa Unidas Podemos con el objetivo de facilitar el regreso de los exiliados, pero ahora mismo el gobierno español no sitúa el conflicto catalán entre sus prioridades, al menos en el ámbito legislativo. "El año 2022 es muy importante para la recuperación económica", se ha limitado a decir Bolaños cuando se le ha preguntado por la cuestión. "Nuestra prioridad es dignificar cada día las condiciones de vida de nuestros ciudadanos", ha insistido en la presentación del plan normativo para el 2022 que se ha aprobado en el consejo de ministros. Tampoco se prevé ninguna reforma en el ámbito de la Corona.

El plan contiene 368 propuestas, de las cuales 92 son leyes (11 orgánicas y 81 ordinarias) y el resto, reales decretos. Entre los proyectos citados por Bolaños que se aprobarán próximamente destaca la ley de vivienda, que tiene el objetivo de abaratar los alquileres; una ley de equidad del sistema de salud para eliminar los copagos; una de servicios sociales para fijar una cartera mínima en todas las comunidades autónomas; una ley de ciencia para garantizar una carrera estable para los investigadores, o una contra el racismo y otras formas de intolerancia. También se llevará al Congreso una ley contra el tráfico de personas, que tiene como objetivo poner las bases para la abolición de la prostitución.

Polémica con Garzón

Sobre la polémica vinculada a las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en cuanto a las macrogranjas, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha admitido que "no contribuyen" a los esfuerzos del gobierno para ayudar al sector ganadero. Aún así, la ministra ha quitado hierro a la crisis entre los dos socios y ha remarcado que "las decisiones del gobierno se reflejan en el BOE" más que en las declaraciones de un ministro u otro.

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