División en el Govern
Política 27/09/2022

El Govern anunciará mañana un paquete anticrisis de unos 300 millones de euros

El debate de política general servirá también de termómetro de las relaciones entre ERC y Junts

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Aragonés, Puigneró y el resto de consejeros entrante juntos al hemiciclo en el anterior debate de política general.

BarcelonaEsta semana se cumplirá un año de la imagen del president Aragonès, el vicepresidente Puigneró y todos los consellers entrando juntos en el hemiciclo del Parlament en el primer debate de política general del actual Govern. El objetivo era intentar dar una imagen de una cierta unidad pocos días después del que había sido el primer gran encontronazo del entonces nuevo ejecutivo: ERC y Junts se habían peleado por la composición de la mesa de diálogo. Como si el tiempo se hubiera parado, este martes se celebrará un nuevo debate de política general y el gran foco de atención será exactamente el mismo: examinar la estabilidad del gabinete de Pere Aragonès. La principal diferencia de ahora respecto a hace un año es que ahora todo el mundo tiene la sensación de que es un examen final en las relaciones entre Esquerra y Junts. Si el Govern lo pasa, la legislatura tendrá una oportunidad de madurar. Si no, el ejecutivo estará más cerca de la ruptura y, por lo tanto, Catalunya quedará abocada a unas elecciones más temprano que tarde.

A pesar de que muchas miradas puedan estar puestas en la cohesión del Govern, que nadie espere una intervención del president focalizada en este asunto. Más bien al contrario. Los estrategas de Palau están convencidos de que si una cosa perjudica al president, es tener que hablar demasiado a menudo del estado de salud de la coalición. Así, el discurso de Aragonès tendrá al menos dos grandes ámbitos: uno sobre el conflicto político y el otro sobre cómo encara el momento económico y social actual, marcado por una inflación disparada. Para hacerle frente, según ha avanzado El Periódico y ha confirmado el ARA, Aragonès anunciará durante su discurso un paquete de medidas que movilizará cerca de 300 millones de euros. El plan de choque irá dirigido a las familias, las empresas, los hogares vulnerables, el sector primario o los jóvenes, y también buscará combatir el encarecimiento de la energía. Algunas medidas serán de aplicación directa y otras irán vinculadas a los presupuestos.

Sobre el conflicto político, Aragonès ya se ha encargado de avanzar que lanzará una "propuesta amplia" para conseguir la autodeterminación que no solo apelará a Junts y la CUP sino a "todos los demócratas". Pasado por el traductor, esto significa que intentará sumar apoyos más allá del perímetro independentista, como por ejemplo el de los comuns. Aragonès no ha dado ninguna otra pista, pero ahora mismo se hace difícil imaginar una propuesta que pueda seducir a los comuns y Junts a la vez, teniendo en cuenta que, en su último congreso, los de Laura Borràs dieron por liquidada la mesa de diálogo y reclamaron un "punto de inflexión" para "avanzar hacia la independencia" en el quinto aniversario del 1 de Octubre. Sobre el momento económico, el president quiere tratar de dar sobre todo un mensaje de apoyo a las familias que lo pasan mal y lanzar un conjunto de propuestas, a pesar de ser consciente de que la Generalitat no tiene ni mucho menos todas las herramientas para hacer frente a esta situación.

Aragonès también utilizará su primera intervención, sin límite de tiempo, para al menos dos cosas más: defender la obra de gobierno de su gabinete, que ya hace más de un año que está en marcha, y promocionar los presupuestos que está preparando para el 2023 –pilotados por el conseller Jaume Giró– y que prevén un aumento del gasto de 3.500 millones de euros, algo que tendrá que usar de reclamo para intentar seducir a algún partido de la oposición para que se los apruebe. El debate también se tendrá que leer en esta clave: las posibilidades de encontrar un socio económico para sacar adelante las cuentas en un otoño de crisis económica y social. Por ahora solo se visualizan dos posibilidades: los comuns, que es lo que querría Aragonès, y el PSC, que el presidente preferiría evitar. La CUP, que ya rechazó ser socio del ejecutivo el año pasado, ya ha salido de la ecuación: ellos mismos han proclamado que están en la oposición.

Un formato diferente

Este año el debate de política general tendrá un formato diferente que, a priori, no beneficia a Aragonès. Normalmente, en la primera sesión solo habla el president y el resto de grupos no hablan hasta el día siguiente. Esto le permite marcar la agenda –o al menos llevarse el titular–, como mínimo, el primer día del debate. Este año, sin embargo, en la primera sesión hablarán también el resto de líderes parlamentarios, hecho que les dará la posibilidad de preparar más de una emboscada al Govern y, probablemente, poner el dedo en la llaga de su división en un momento en el que uno de los socios, Junts, se plantea romper el ejecutivo. El motivo del cambio de estructura es que el miércoles la diputada de la CUP Eulàlia Reguant afronta el juicio por haberse negado a responder a la extrema derecha de Vox durante el juicio del Procés.

Si bien normalmente la atención se la llevan el jefe del ejecutivo y el líder de la oposición –en este caso Salvador Illa (PSC)–, una de las intervenciones clave del debate será la del presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet. Será el termómetro sobre el estado de relaciones con Esquerra y también un indicador de si los dos socios conseguirán (o no) consensuar propuestas de resolución conjuntas, más allá del ámbito sectorial, que marquen un rumbo compartido para el ejecutivo. Desde Junts insisten en que se tiene que reflejar un cambio de rasante en la legislatura –"Así no podemos seguir", aseguró el secretario general del partido, Jordi Turull, el 29 de agosto– que tiene que empezar por "cumplir", dicen, con lo que refleja el acuerdo de gobierno. Se refieren a poner las bases para hacer un frente común en Madrid, retomar las reuniones con partidos y entidades independentistas para intentar reactivar el Procés o que la mesa de diálogo esté "monotorizada" y se hable de autodeterminación y amnistía.

Fuentes de los partidos asumen que la negociación para pactar las propuestas de resolución se abocará a la última hora. El objetivo de los republicanos es separar el debate de política general de la negociación de fondo sobre el pacto de gobierno. Por eso, este lunes, su portavoz, Marta Vilalta, ha instado a los de Laura Borràs a "reforzar el gobierno" y no convertir la jornada en "el escenario de la división". Para Junts, el debate tenía que ser la prueba del algodón sobre el cambio de rumbo que piden a ERC, a pesar de que la semana pasada Borràs ya esquivó la palabra ultimátum. Esto ha hecho rebajar en cierto modo la tensión, hasta el punto de que este lunes el vicepresidente, Jordi Puigneró, ha sido optimista y ha afirmado que se ha trabajado discretamente para que el debate "vaya bien". En todo caso, que vaya bien estos días en el Parlament no querrá decir que Junts se quede en el Govern. En esta cuestión más de fondo, JxCat sigue beligerante: "Con este Govern no se avanza hacia la independencia, no se cumplen los compromisos firmados", avisaba Borràs en una entrevista en el ARA este domingo. "Si depende de ERC, el gobierno seguirá fuerte", ha respondido Vilalta. Las conversaciones continúan.

¿Encontronazo?

Si Esquerra y Junts no llegan a ningún consenso, JxCat tiene previsto impulsar sus propias resoluciones sobre las que los republicanos tendrán que tomar posición. Una posibilidad que puede convertir el pleno en un escenario de encontronazo con unas consecuencias inciertas: con los resultados que se extraigan el partido de Borràs someterá a sus bases la posibilidad de seguir o no en el ejecutivo. En función de cómo vayan las próximas horas y días, puede ser el último debate de política general del Govern tal como lo hemos conocido hasta ahora.

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