Política 01/09/2021

El Govern cierra sin sanción la "infracción grave" de Alfred Bosch en el caso de acoso sexual en Exteriores

El ejecutivo considera que con la dimisión del ex 'conseller' se saldó su responsabilidad

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Alfred Bosch dimite como consejero de Exteriores

Un año y medio después de que el ARA destapara el caso sobre el acoso sexual en Exteriores por parte de Carles Garcias, el jefe de gabinete del entonces conseller, Alfred Bosch, el Govern ha cerrado definitivamente el expediente. Según fuentes gubernamentales consultadas por este diario, el instructor ha concluido que Bosch cometió una "infracción grave" y "sancionable" al no activar el protocolo previsto por la Generalitat para la prevención del acoso sexual, pero no le impone ninguna sanción efectiva porque ya dimitió del cargo.

Durante el procedimiento Bosch admitió que tendría que haber planteado la activación del protocolo, pero alegó desconocimiento sobre los mecanismos previstos para hacerlo. En este sentido, el expediente –que es reservado– considera que comete una falta grave pero que el cese voluntario en el cargo ya es una consecuencia superior a cualquier de las sanciones previstas. El régimen sancionador que se aplica en el incumplimiento del código de conducta de los altos cargos en el caso de faltas graves prevé el siguiente: la suspensión del ejercicio del cargo entre tres y seis meses; una multa de entre 600 y 6.000 euros, la inhabilitación para ocupar un cargo público en el plazo máximo de un año y la pérdida o la reducción de hasta el cincuenta por ciento de la pensión indemnizatoria a la que se pueda tener derecho en el momento de cesar del cargo. El ejecutivo ha descartado la multa o el impedimento de cobrar la pensión. Bosch pasó a cobrar 2.163,39 euros mensuales desde el día siguiente de dejar de ser conseller, como indemnización prevista legalmente durante 18 meses.

El caso de Exteriores salió a la luz pública en marzo de 2020. Bosch había cesado del cargo a su mano derecha y jefe de gabinete, Carles Garcias, en el mes de enero. Garcias se dedicaba a hacer comentarios, mensajes e insinuaciones a varias trabajadoras de la conselleria y llegaba a ser muy insistente para verse a solas con ellas. Fue a partir de que algunas de las víctimas pusieran el caso en conocimiento de dirigentes de ERC cuando el partido forzó a Bosch a actuar. A pesar de esto, antes el conseller intentó recolocarlo en otro lugar mientras el partido republicano abría dentro de la formación una investigación interna de la que quedó exonerado, a pesar de que se reabrió por la presión de algunos militantes y todavía no se sabe el resultado.

El ex conseller siempre ha negado tener ningún conocimiento de los hechos antes de verlo publicado en el ARA, a pesar de que testigos apuntan que se le habían hecho llegar quejas. En una comparecencia en el Parlament en julio de 2020, Bosch aseguró que cesó a Garcias por "mal ambiente", pero que no tenía "indicios" de acoso sexual. De hecho, se le hizo una fiesta de despedida, en la que participó el entonces conseller, que incluso hizo un tuit de agradecimiento a Garcias. "Si hubiera tenido conocimiento de los hechos, ¿creen que habría ido ahí y hecho este tuit? Puedo ser una persona que no lo gestiona lo suficientemente bien, lo que no soy es un suicida. Es obvio que yo no conocía estos hechos tan graves", respondió a las preguntas de los diputados.

En declaraciones al ARA, Bosch explica que cuando declaró ante el instructor del expediente insistió en que no había tenido conocimiento de "ningún hecho delictivo". También expresa "satisfacción" por un "proceso largo y duro" y asegura que los "errores políticos y de gestión" los asumió "con la dimisión". Recuerda que los hechos de presunto acoso sexual no se atribuían a él, sino a Garcias, y lamenta que no se haya llevado al "terreno de la justicia" (ni la administración ni las víctimas lo han llevado, de momento, a los tribunales).

Tres informes

De este modo finaliza un procedimiento que se ha alargado más de un año y para el que se han pedido hasta tres informes. El primero fue el de Función Pública –que pilotaba JxCat– y propuso que se sancionara a Bosch y la secretaria general del departamento de Exteriores, Mercè Salvat, por no haber activado el protocolo de la Generalitat. Sin embargo, el informe –elaborado por el departamento que pilotaba en ese momento Jordi Puigneró– no prosperó en el seno del consejo ejecutivo por desavenencias con Esquerra. Por este motivo se decidió pedir otra opinión, no vinculante, al comité de ética pública de la Generalitat, donde tenían mayoría de cargos los republicanos. El informe final concluía que no se tenía que sancionar a Bosch porque no tenía el "deber" de activar el protocolo de la Generalitat.

Con estos dos informes contradictorios, con los que el Govern fue dejando pasar el tiempo desde que sucedieron los hechos, el entonces vicepresidente del Govern con funciones de presidente, Pere Aragonès, decidió pedir todavía una tercera opinión antes de decidir si expedientar a Bosch. Esta vez se tuvieron que pronunciar los servicios jurídicos de la Generalitat, que avalaron abrir un expediente sancionador al ex conseller por no haber activado el protocolo de la Generalitat contra el acoso sexual y exculparon a la secretaria general del departamento de aquel momento, Mercè Salvat. El Govern lo hizo efectivo el 23 de febrero y, seis meses después, cierra definitivamente esta carpeta.

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