LA JUDICIALIZACIÓN DEL PROCÉS
Política 30/06/2021

El Govern estudia avalar a los encausados en el Tribunal de Cuentas

Sería una vía para evitar el embargo de bienes por parte del ente

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Imagen de la reunión del consejo ejecutivo de ayer martes, presidido por Pere Aragonès.

BarcelonaYa son hasta tres las causas que el independentismo ha tenido que afrontar en el Tribunal de Cuentas, con las correspondientes fianzas millonarias: primero la consulta del 9 de noviembre y ahora la presunta responsabilidad contable por el 1 de Octubre y la actividad exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017. El pago por las dos consultas sobre la independencia se ha hecho mayoritariamente a través de la Caixa de Solidaritat -que ha recogido donaciones particulares del independentismo-, pero ahora no hay suficientes recursos para afrontar la liquidación provisional de más de cinco millones de euros que ayer impuso el Tribunal de Cuentas a una cuarentena de ex altos cargos por haber promovido el Procés en el extranjero. Ante esto, ya hace semanas que el Govern estudia la posibilidad de dar apoyo jurídico a todos los encausados, y una de las vías que se está mirando, según varias fuentes consultadas por el ARA, es la de avalarlos desde la Generalitat para evitar el embargo.

“En los próximos días estableceremos las medidas jurídicas que consideremos oportunas”, dijo ayer el president, Pere Aragonès, al ser preguntado sobre la cuestión después de la reunión con el presidente español, Pedro Sánchez, en la Moncloa. Unas medidas que tienen que ir acompañadas también, según Aragonès, de movimientos por parte de la Moncloa, a la que instan a poner sobre la mesa una solución. “Se tiene que acabar con toda la represión”, insistió ayer el president. También la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, se pronunció en el mismo sentido: pidió a la Moncloa “cambios” y una “solución” que frene la causa en el Tribunal de Cuentas y confirmó que la Generalitat también tomaría medidas. Afirmó que ya hace semanas que trabajan “para minimizar al máximo el impacto de la demanda”, sin dar más detalles. En todo caso, desde Madrid de momento no llegan señales claras: la portavoz del gobierno español, María Jesús Montero, descartó cualquier reforma del tribunal “hoy por hoy”.

¿Perjudicados?

Uno de los argumentos clave de la Generalitat -y que también esgrimió ayer en el procedimiento- es que no se considera administración perjudicada por la actividad exterior. Normalmente, en las causas del Tribunal de Cuentas, la entidad pública presuntamente perjudicada es la que pide el regreso del dinero -como pasó en el caso del Ayuntamiento de Madrid con la exalcaldesa del PP Ana Botella-, puesto que es la receptora de las fianzas que se imponen por haber sufrido una mala gestión. En el caso de Exteriores -por el que el tribunal pide 5,4 M€-, la Generalitat no considera que le tengan que devolver nada. Aragonès remarcó esto ayer en su comparecencia pública, recalcando que por este motivo el gobierno catalán ha mantenido una actitud de oposición en todo el proceso. Ahora estudian dar un paso más y minimizar los efectos que puedan tener las fianzas provisionales a través de un aval patrimonial que tendría que aprobar el Govern. En todo caso, las fuentes consultadas también admiten que todavía no hay nada decidido, porque el asunto es delicado. No se quiere poner en riesgo la Generalitat y, por lo tanto, solo se actuará si hay garantías jurídicas y la cobertura legal necesaria para hacerlo. En este sentido, se han estudiado posibles precedentes para construir la argumentación que justifique la fórmula.

El soberanismo cierra filas

Así como la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados unen al independentismo con los comuns, también lo hace la denuncia contra el Tribunal de Cuentas. “Es una anomalía en Europa: no hay separación de poderes ni garantías procesales”, afirmó la consellera de Exteriores, Victòria Alsina. Jéssica Albiach, cabeza de filas de los comuns, consideró la instrucción como un intento del PP de frustrar la vía del diálogo y se comprometió a llevar una propuesta al Congreso de Diputados para “despolitizar” el tribunal. Muy diferente fue la reacción unionista, que exigió al gobierno español que evite que el independentismo se “escaquee” de las fianzas. “El funcionario tiene que embargar a Junqueras”, dijo el líder de Cs, Carlos Carrizosa.

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