Una grieta en el Supremo llamada Ana Ferrer
BarcelonaPara entender quién es Ana Ferrer (Madrid, 1959) es de mucha ayuda visionar la serie Las abogadas de TVE, que cuenta la historia de Enrique Ruano, un estudiante antifranquista asesinado por la policía en 1969, y de tres abogadas laboralistas de la época que se enfrentan al régimen y que con el tiempo serían bien conocidas por la opinión pública : Cristina Almeida, Manuela Carmena y Paca Sahuquillo. Aunque ella es más joven y no llegó a militar en ningún partido, Ferrer se crió en ese ambiente y se casó con Javier Martínez Lázaro (1954-2017), que sí tenía un largo historial como militante antifranquista y fue miembro del PCE. El matrimonio, miembros ambos de Jueces por la Democracia, representó durante muchos años la magistratura progresista española y los esfuerzos por democratizar a un colectivo que había sido uno de los pilares de la dictadura.
Martínez Lázaro, magistrado de la Audiencia de Madrid, defendió públicamente a Baltasar Garzón cuando el Supremo le inhabilitó e impulsó reformas desde el CGPJ encaminadas a hacer más transparente el ejercicio de la justicia. Por ejemplo, abrió los juicios a los medios de comunicación. Por su parte, Ferrer, hija de un magistrado valenciano, empezó su carrera procesando a un secretario judicial de su juzgado de Linares que se embolsaba dinero desde hacía quince años. Fue entonces cuando, aunque fue de izquierdas, se la empieza a conocer como Ana Thatcher. Pero, sin duda, el caso más sonado que le tocó instruir en su carrera fue el que afectaba a Luis Roldán, ex director de la Guardia Civil y que fue condenado por apropiación de fondos. Presidió la Audiencia Provincial de Madrid y en 2014 fue designada magistrada del Supremo. Y así llegamos al 2019, cuando forma parte del tribunal que debe juzgar a los procesados por el Procés.
Presión ambiental
Recuerdo que en aquella época pregunté a una persona que la conocía si sería capaz de resistir la presión ambiental madrileña, donde no existía la posibilidad de absolución o de una condena menor. "Cuando se toca la unidad de España, progresistas y conservadores van de la mano", me respondió esta persona, juez también, con cara de preocupación. En la última sesión del juicio me fijé en su cara cuando Dolors Bassa hizo la última intervención. Bassa reivindicó su condición de sindicalista de UGT y sus ideales de izquierdas y feministas. También independentistas, claro. Los jueces están muy entrenados para no dejar entrever ninguna emoción durante los juicios y Ferrer no movió ni una ceja. Su mirada impertérrita me impresionó y tuve la sensación de que no habría grietas en el tribunal. La sentencia condenatoria estaba escrita.
El punto de encuentro de los siete magistrados, algunos de los cuales defendían la tesis de la rebelión como la Fiscalía y Vox, fue la sedición. Manuel Marchena tejió el relato de la sentencia, que hacía suya la tesis del magistrado Luciano Varela de que todo fue una fantasía (una "ensoñación"). No consta que Ferrer opusiera resistencia, al contrario, nunca ha cuestionado la sentencia, que fue aprobada por unanimidad. Esa unanimidad se ha roto ahora con la aplicación de la amnistía, donde Ferrer no sólo se ha desmarcado de sus compañeros de tribunal, sino que también les acusa de mantener una "ficción jurídica" por no querer aplicarla en el su voto particular discrepante. Cinco años después, la fractura entre izquierda y derecha que sacude a todo el Estado y que es paradójicamente la consecuencia política más visible del Procés, se ha trasladado a la alta magistratura y ha abierto una grieta en el Tribunal Supremo como antes ya se había abierto en el Constitucional. Eso sí, a diferencia del TC, aquí Ferrer está sola y en franca minoría: cinco a uno. Una votación que en cierto modo representa el fracaso del sueño de Las abogadas.