No hay semana en que en Cataluña no aparezcan nuevas fechas por marcar en rojo en el calendario. Aficionada como es la política catalana a intentar avanzar escenarios sin casi tiempo de digerir los últimos hechos, desde hace unos días se especula ya alrededor de dos fechas que pueden ser clave en el futuro de la legislatura: el 22 y el 23 de diciembre. La segunda es la fecha en que se tienen que votar definitivamente los presupuestos de la Generalitat para el año 2022. La primera, el día a partir del cual el president, Pere Aragonès, puede volver a convocar elecciones en Catalunya.
¿Hay riesgo real de que los catalanes vuelvan a las urnas? De entrada no, pero las heridas que ha dejado la tramitación de los presupuestos -con una nueva crisis en el Govern entre Esquerra y Junts- añaden incertidumbre a la negociación con los comunes, que ahora entra en la segunda fase para garantizar la aprobación definitiva de las cuentas. A pesar de que el conseller de Economía, Jaume Giró, ha vuelto a las reuniones con los de Jéssica Albiach y ve progresos en estas, Junts per Catalunya hace días que defiende la “separación de poderes” para insinuar que su grupo en el Parlament puede reclamar cambios en los presupuestos que ha impulsado su propio conseller. Unas modificaciones que irían dirigidas a marcar perfil y que, según cómo, podrían suponer una complicación en la negociación del ejecutivo catalán con los comuns.
Por parte de Esquerra no las tienen todas con el rol que pueden jugar con sus socios en las próximas semanas. De aquí que en los mapas de navegación de los republicanos se tenga en cuenta también que a finales de diciembre Aragonès recuperará una de sus principales potestades como presidente: la de convocar elecciones. Una herramienta que sus antecesores en el cargo han jugado a menudo como elemento de presión en los debates políticos más destacados de los últimos años y que ERC considera también ahora más como un mecanismo de alerta para Junts que como una posibilidad real, puesto que en caso de que las posiciones con los juntistes fueran irreconciliables antes de volver a las urnas se estudiaría incluso una quebradiza en el ejecutivo.
A Aragonès no le interesa acortar la legislatura, y menos ahora que considera que la cuestión de confianza pactada con la CUP para de aquí a un año y medio es papel mojado porque los anticapitalistas no le han aprobado las cuentas. Sin esta cita al horizonte y ahora que con las cuentas aprobadas Pedro Sánchez se ha garantizado estabilidad para la segunda mitad de la legislatura, los republicanos quieren estabilidad en un momento en el que se pondrá a prueba su apuesta por la negociación con el gobierno español. Una estrategia no exenta de dificultades, porque el Estado ya ha demostrado que no facilitará el diálogo. El ataque del Supremo a la escuela en catalán ha sido la prueba esta semana, pero los incidentes en la UAB con el unionismo haciendo campaña es también un aviso de lo que puede ser el siguiente objetivo: las universidades.
Isabel Díaz Ayuso tiene bloqueado al móvil a Teodoro García Egea, con quien mantiene un pulso intenso por el congreso de los populares madrileños. Quién sabe si en un mensaje en clave del secretario general del PP -que es murciano- para minar la moral de Ayuso, desde hace unos días a la Puerta del Sol -ante la sede del gobierno madrileño- hay una lona gigante de la Región de Murcia con el lema ‘Este año nosotros somos la capital’.
El detalle
En una negociación presupuestaria, cualquier ayuda es buena. Lo sabe el diputado de los comuns Joan Carles Gallego, que en las conversaciones con ERC por las cuentas lucía siempre un lagarto a la solapa. Un talismán que usa desde la época sindical siempre que tiene negociaciones difíciles y que quiere ser un símbolo de resistencia, puesto que el lagarto es un animal a quien si le cortan la cola le vuelve a salir.
