¿Qué se ha hecho del proyecto de renta básica universal?

BarcelonaHasta hace poco más de un año, la renta básica universal (RBU) era una de las propuestas que estaban en el centro del debate en cuanto a políticas sociales innovadoras. Su universalidad generaba división: los favorables la consideraban una política transformadora e interesante precisamente por ese factor, mientras que los detractores esgrimían que las prestaciones sociales deben discriminar positivamente según los ingresos. El gobierno de Pere Aragonès se hizo suya la universalidad e impulsó un proyecto piloto sobre la renta básica, encarado a un grupo reducido de personas para poder estudiar hasta qué punto puede mejorar la vida de las personas que la reciben. Aunque una de las condiciones de ERC para apoyar la investidura de Salvador Illa era justamente mantener esta prueba piloto, en estos momentos el proyecto está detenido, según explican varias fuentes al ARA.

En el pacto con los republicanos, el PSC se comprometía a "actualizar el plan piloto" para "adaptarlo al contexto social, económico y jurídico" y llevar a cabo la prueba durante la legislatura. Todo ello, aunque los socialistas sean contrarios a estudiar una posible RBU: en su programa electoral incluían la "supresión" del plan piloto y el "cierre" de la oficina encargada de diseñarlo.

En enero de este año, el Gobierno ponía una condición para iniciar el ensayo durante el segundo semestre de 2025: aprobar los presupuestos de la Generalitat, ya que el ejecutivo aseguraba que es necesaria una dotación económica específica para llevar a cabo la prueba. Las cuentas no han salido adelante y tampoco ERC ha puesto como condición este tema a la hora de aprobar ninguno de los tres suplementos de crédito. De esta forma, la oficina del plan piloto de la RBU, donde actualmente trabajan tres técnicos (a la espera de incorporar a otro) y un administrativo, se encuentra en punto muerto desde hace tiempo.

El departamento de Derechos Sociales asegura que la oficina ahora mismo lleva a cabo tareas para "reforzar" el enfoque metodológico y para garantizar que la prueba piloto diseñada la pasada legislatura ofrece "resultados claros y relevantes". También dice que quiere "asegurar" la compatibilidad de la RBU con otras prestaciones no universales como el ingreso mínimo vital, del Estado, del que la Generalitat está asumiendo su gestión, o la renta garantizada de ciudadanía, que se está reformando.

Sin embargo, fuentes redactoras de la prueba piloto planteada durante el gobierno de ERC remarcan que esta cuestión se estudió "ampliamente" con los equipos jurídicos de Derechos Sociales y de Presidencia. Sobre las dudas sobre la metodología, recuerdan que el plan se llevó a cabo con Ivalua, el instituto que evalúa las políticas públicas en Catalunya. De hecho, en su informe de revisión, este organismo asegura que el plan piloto tiene "potencial para aportar información" y que se podrá llevar a cabo una evaluación "rigurosa" del plan porque se detalla lo que espera encontrar, "minimizando" –dice el texto– "el riesgo de mala interpretación de los resultados".

Preguntado por este diario sobre el futuro de la prueba, el Govern dice que prevé incorporar la dotación económica para la prueba piloto "a los presupuestos del nuevo ciclo legislativo" –de los que el Gobierno no tiene garantizados los apoyos– y que "mantiene el compromiso con el proyecto". Sin embargo, fuentes consultadas aseguran que en el último año el Consejo Asesor no ha sido convocado en ninguna ocasión. También lo expresó así Judit Font, socióloga miembro del Consell, que reprochó en sede parlamentaria a la diputada del PSC Mónica Ríos que dijera que el plan piloto sigue "en marcha" pese a no haberse convocado al Consejo Asesor y no haber sido informada "de nada" desde el cambio de Gobierno, mientras Ríos argumentaba que se está trabajando en "mejorar".

Por este motivo, las mismas fuentes consideran que existe una "falta de voluntad política" para sacar adelante la prueba piloto. Recuerdan que por el momento se trata de un "experimento" con un número muy reducido de personas, no una política pública que deba implementarse en todo el país –con la envergadura que esto conlleva–, y lamentan que no haya "interés" en explorar las potencialidades de una RBU.

Rechazo al Parlamento y cambios desde el gobierno de Illa

En cualquier caso, la falta de presupuesto, y por tanto la espera, van más allá de esta legislatura. En marzo de 2023 los socialistas tumbaron en la cámara catalana, junto a Junts, PP, Ciutadans y Vox, la asignación presupuestaria que debía permitir empezar la prueba piloto elaborada durante meses por la oficina. La propuesta de ensayo, en la que participó un comité de expertos internacional y que contaba con el visto bueno de Ivalua, estaba lista para ponerse en marcha. Contemplaba que 5.000 personas recibirían 800 euros al mes durante dos años y se estudiaría cómo mejoraba su vida. Dado que el presupuesto no se aprobó, la teoría no pudo testarse en la práctica.

Al llegar a la Generalitat, los socialistas decidieron que la oficina dependiera del departamento de Derechos Sociales, en vez de estar adscrita a Presidencia como hasta entonces. Otro movimiento destacado fue la destitución en septiembre de 2024 del director de la oficina nombrado por ERC, el sociólogo y activista por la RBU Sergi Raventós. En su lugar, el PSC situó al economista Guillem Vidal. Pese a los cambios, la cuestión se encuentra en el mismo punto en el que se quedó cuando los socialistas impidieron iniciar la prueba con sus votos en el Parlament: falta un presupuesto específico que lo permita.