Política 08/04/2022

El incremento del gasto en defensa divide a los españoles

El 86% apuestan por fijar un tope al precio de los combustibles, según una encuesta del CIS

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, pasando revista en una imagen de archivo.

BarcelonaEspaña se ha alineado con sus socios europeos en la cruzada armamentística que tiene que incrementar el presupuesto destinado a defensa hasta el 2% del PIB. La guerra en Ucrania ha alimentado las tesis que argumentan la necesidad de destinar más recursos públicos y el presidente español, Pedro Sánchez, ya ha explicado que lo hará gradualmente. El Estado destina actualmente 10.155 millones de euros (el 1,2% de su PIB) al ministerio de Defensa, pero hay otras partidas relacionadas que no forman parte de este recuento. Sea como fuere, es un tema polémico que divide a los españoles. Ha quedado claro que los socios de investidura de Sánchez no están de acuerdo , pero la situación no es mucho más clara entre la ciudadanía. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este viernes una encuesta específica sobre la guerra en la cual las posiciones a favor y en contra del incremento del gasto militar empatan con un 47%.

Para ser más concretos, a la pregunta "¿Usted cree que España tendría que aumentar su gasto en defensa con el objetivo de estar preparada para futuras amenazas?", el 47,3% opinan que sí, y el no se divide entre los que consideran que no hay que subirla (34,4%) y los que optarían incluso por reducirla (12,2%). No es la única pregunta sobre esta cuestión: el 61% de los encuestados están de acuerdo con la idea de un ejército europeo financiado con dinero público (el 32,1% están en contra); el 84% están a favor de que el presidente ruso, Vladímir Putin, responda por crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional, y el 50% temen que la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania desemboque en un conflicto de dimensiones nucleares.

En cuanto a las consecuencias económicas del conflicto, buena parte de los ciudadanos españoles defienden que el Estado intervenga en la economía para paliar las dificultades, por ejemplo sobre el posible desabastecimiento de productos de primera necesidad (40%); para garantizar el suministro de carburantes (51%) y, sobre todo, para fijar un tope al precio de los combustibles (86%).

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