El independentismo se escuda en la protección de los funcionarios para no desobedecer en el caso Juvillà

BarcelonaEn caso de condena, el reglamento del Parlament solo prevé una situación para retirar el escaño a un diputado: que la sentencia sea firme. Hasta ahora esta había sido la línea de defensa capitaneada por la presidenta del Parlament, Laura Borràs, con el apoyo de las tres formaciones independentistas. Pero ante la evidencia de que esto no pasará en el caso de Pau Juvillà, como ya no pasó en el del expresidente del Govern Quim Torra, ERC, JxCat y la CUP han aprobado este miércoles un dictamen en el que consideran que, por lo menos, se tendría que poder esperar a que el Tribunal Supremo resuelva las cautelares que tanto el Parlament como Juvillà le han pedido para no ejecutar la resolución de la Junta Electoral Central (JEC). En el texto, con un largo preámbulo y solo cuatro puntos a votación, los tres partidos se escudan en la protección de los funcionarios para justificar que no se desobedecerá en el caso Juvillà. El dictamen, aprobado en la comisión del Estatuto del Diputado, ha recibido el voto favorable de los partidos independentistas y los comunes, mientras que el PSC, Cs, el PP y Vox se han opuesto. Ahora tendrá que ser ratificado por el pleno.

Como casi siempre, las negociaciones entre las tres formaciones independentistas no han sido plácidas y, una vez se han resignado a perder el escaño de Juvillà, comienzan a aflorar detalles relevantes de las conversaciones. Por ejemplo, el que ha adelantado Nació Digital y ha confirmado el ARA: la CUP asegura que se ofreció a presidir el Parlament para asumir directamente las consecuencias de una desobediencia a la JEC. La propuesta llegó el pasado fin de semana y, según explican los cupaires a la militancia en una nota a la cual ha podido acceder este diario, tanto JxCat como ERC la rechazaron. También habían planteado no hacer correr la lista por Lleifa, aunque la JEC ya ha pedido que se expida la credencial de Nogay Ndiaye, la número 2 de la candidatura.

El preámbulo –sin valor jurídico– es la parte más amplia del dictamen que se aprobará este miércoles. Y destaca fundamentalmente la parte que recoge que los funcionarios de la cámara podrían incurrir en un delito si no ejecutan las resoluciones de la JEC. "Las fuerzas políticas del Parlament consideran que el límite a la desobediencia política a la represión del Estado pasa por preservar a los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad penal y contable por la cual puedan ser perseguidos". Toda una declaración de intenciones teniendo en cuenta que tanto la secretaria general como la auditora de cuentas y el resto de funcionarios de la cámara implicados en el pago de la nómina de Juvillà o al permitir que siga votando no tienen ninguna intención de desobedecer la resolución de la JEC. Como ninguno de los funcionarios ha recibido una notificación personal de la JEC, el Parlament entiende que no cometerían desobediencia en caso de no retirar el escaño a Juvillà y esperar una comunicación del Supremo. Ahora bien, fuentes de todas las formaciones plantean numerosas dudas de que los funcionarios quieran arriesgarse.

Fuentes parlamentarias consultadas por el ARA explican que la reunión previa entre los tres partidos ha sido tensa –se ha aplazado el inicio de la comisión dos horas ante las dificultades para acordar un texto– porque la primera versión que se había planteado era tan explícita que daba a entender que Juvillà ya no es a estas alturas diputado del Parlament. El documento final deja a libre interpretación del lector este hecho, puesto que la parte resolutiva se limita a explicar que Juvillà no cumple ninguno de los supuestos para perder el escaño o para ser suspendido recogidos en el reglamento del Parlament. La clave de todo recae en si Juvillà seguirá cobrando y votando en el Parlament, y todas las fuentes coinciden en decir que esto no pasará.

También ha habido conflicto entre JxCat y la CUP en cuanto al papel de los funcionarios: a pesar de que el redactado final ya les señala para limitar la posible desobediencia del Parlament, fuentes de la cámara explican que en el primer borrador los funcionarios todavía salían más malparados como responsables directos de la pérdida del escaño por parte de Juvillà, porque se les había añadido en la parte resolutiva del dictamen, hecho que ha provocado el enojo, entre otros, de la CUP, que ha reclamado que este punto pasara al preámbulo. El resultado final, más allá de la suspensión de la actividad parlamentaria durante unas horas como forma de protesta –la propuesta inicial era hacerlo durante quince días–, de la votación de este miércoles y de la defensa pública del escaño del diputado cupaire por parte de Borràs y de los partidos independentistas, será que Pau Juvillà perderá su escaño.

Sin esperar a la sentencia firme

"Visto que se ha pedido por vía jurisdiccional la suspensión de la eficacia del acuerdo de la JEC, el mencionado acuerdo no podría tampoco ser ejecutado mientras la Sala Tercera del Tribunal Supremo tenga pendiente la resolución de la medida cautelar solicitada y que ya ha sido admitida a trámite", describe el último de los cuatro puntos de que consta el dictamen. Esta es, de hecho, la única novedad respecto a lo que ya se votó en la misma comisión en diciembre. En definitiva, ahora se asume que no hace falta una sentencia firme y se pide que, al menos, se espere a que el Supremo resuelva las cautelares presentadas contra la resolución de la JEC. Fue precisamente en este punto cuando Quim Torra perdió su escaño en enero del 2020. En cuanto a Juvillà, es probable que ni siquiera llegue y pierda el escaño antes, a pesar de todas las críticas que recibió el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, por parte de sus socios de JxCat.

Los partidos independentistas reclaman, por lo tanto, que Juvillà no pierda el escaño hasta que la sala tercera del Supremo se posicione. Ahora bien, no hay un compromiso explícito por parte del Parlament de esperar a que llegue este posicionamiento del alto tribunal y, de hecho, numerosas fuentes consultadas por el ARA apuntan que Juvillà perderá el escaño de forma inminente. La JEC dio de margen a la presidenta Borràs hasta este próximo viernes.

El resto de puntos del dictamen simplemente refuerzan la idea de que en el caso de Juvillà no se cumple ninguno de los supuestos que prevé el reglamento del Parlament para que un diputado pierda su escaño o sea suspendido por la cámara. De nuevo, lo que hará la comisión del estatuto del diputado será evidenciar lo que dice el reglamento –como ya hizo en diciembre– sin mojarse sobre el hecho de si Juvillà seguirá manteniendo o no el escaño a partir del viernes. El diputado cupaire, que ya ha anunciado que cede su lugar en la mesa a Carles Riera, ha hecho público este mismo miércoles que sufre un cáncer que, mantuviera o no el escaño, le hará imposible seguir con su actividad habitual.