Los indultos, marchando

MadridAunque los indultos de los dirigentes independentistas se presentan como uno de los puzles más difíciles de armar, todas las piezas se pueden colocar ya mismo. Los fiscales han dicho que no. Ahora es el turno de la Abogacía del Estado. ¿Qué va a decir? Despejará el camino hacia los indultos. Que la Abogacía del Estado haya conseguido la condena por el delito de sedición en el juicio del procés, ¿es obstáculo para que ahora abra la puerta técnicamente hablando a los indultos? No, dicen fuentes judiciales consultadas. Se trata de un informe de alcance técnico-jurídico sobre la institución, por así decir, del indulto y su jurisprudencia.

La pelota volverá, pues, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que, en su día, en 1998, recomendó al gobierno de José María Aznar el indulto de José Barrionuevo y Rafael Vera, entre otros, por el secuestro de Segundo Marey, víctima de secuestro por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Su informe no era vinculante porque no lo es nunca cuando se trata de un indulto parcial, es decir, de aquellos que ya han cumplido parte de la pena por la que se les ha condenado. Barrionuevo y Vera habían cumplido algo más de tres meses en la prisión de Guadalajara. Pero el gobierno de Aznar se escudó en él informe no vinculante y el 23 de diciembre de 1998, tras aprobar los indultos, argumentó que se había limitado a “respetar el criterio del Tribunal Supremo”.

Eso no va a ocurrir con los próximos indultos. El Supremo va a rendir un informe en el que se opondrá, en línea con las resoluciones que ya ha adoptado tanto sobre el tercer grado de los presos como con su rechazo a aplicarles el artículo 100.2 de flexibilidad y combinación de grados del reglamento penitenciario. Pero su capacidad como tribunal sentenciador en esos asuntos no se extiende a los indultos parciales. Solo juega el papel de opinador. Y su informe negativo será la levadura para la movilización de los partidos de la derecha contra el gobierno. Pero no condiciona la decisión gubernamental.

Una fuente judicial cualificada señala al ARA: “Creo que el gobierno tiene que ser valiente con los indultos. Apenas tenga el informe del Supremo debe indultar en el primer consejo de ministros con la fórmula ‘por toda la pena privativa que les quede por cumplir’ a todos”. El nombramiento de Miquel Iceta como ministro de Política Territorial es también la designación de uno de los políticos que lanzó la idea de los indultos.

El primer secretario del Partido de los Socialistas de Catalunya propuso los indultos el 13 de diciembre de 2017 en plena campaña de las elecciones del 21 de diciembre. "Sin duda pediría el indulto si son condenados porque en este país tendremos que cerrar heridas que tienen un origen político", señaló. Y ha seguido en esa orientación desde entonces. Los indultos, aunque son tramitados por el ministro de Justicia, y es él quien hace la propuesta formal al consejo de ministros, serán también un recurso del plan de ‘reconciliación’ de Iceta en el ministerio de Pοlítica Territorial.

“Iceta tiene que hacer algunos gestos. Los dirigentes independentistas no le perdonan que no haya visitado nunca la prisión de Lledoners”, señala una fuente consultada. Los indultos, por último y no por ello menos relevante, explican la negativa de Pablo Casado a aflorar el principio de acuerdo para renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alcanzado por el PSOE y el Partido Popular el pasado verano, sobre el cual el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, espera, según ha declarado, la llamada de los populares en la que le comuniquen el desbloqueo. Casado prefiere tener las manos libres para atacar contra los indultos y cubrirse ante la ultraderecha de Vox que sacará dividendos explotando un eventual pacto PSOE-PP de renovación del CGPJ.