¿La inmersión lingüística a salvo? Balance de un año con la ley que intenta blindarla

BarcelonaDesde esta semana el catalán puede hablarse con normalidad en el Congreso, y el camino para la oficialidad plena en la Unión Europea ya está iniciado. Pero en Cataluña los estudios sociolingüísticos señalan que su uso social está en retroceso y la embestida de los tribunales no ha parado, sobre todo contra la inmersión lingüística en las escuelas. Las continuas sentencias imponiendo el 25% de castellano en las aulas, con la estocada del Tribunal Supremo en el 2021 y la providencia del TSJC de 2022 obligando a la Generalitat a aplicar ese 25% a todo el sistema educativo, generó el contexto propicio para que los grandes consensos volvieran al Parlament hace poco más de un año. Por eso, en junio del año pasado, con un 80% de apoyo, se aprobó la ley sobre el catalán en la escuela, con un pacto entre el PSC, ERC, Junts y los comunes para que el catalán siguiera siendo la lengua vehicular del sistema educativo, con el castellano como "curricular", dejando atrás los porcentajes y poniendo el foco en la realidad sociolingüística y la autonomía de los centros. Todo ello, para intentar sacar la justicia de las escuelas y defender la inmersión. La ley está en manos del Tribunal Constitucional –ahora con mayoría progresista– y las sentencias para incrementar las horas de castellano en aulas concretas han continuado llegando –y se han seguido cumpliendo–, pero el peligro de un efecto dominó ha desaparecido. Al menos a corto plazo.

Los partidos impulsores coinciden en que la ley ha servido para ganar tiempo. Pero a partir de ahí entran un mar de matices y la justicia siembra discordia. En conversación con el ARA, la diputada de ERC Mònica Palacín recuerda que sólo 30 aulas del total de 70.000 que hay en el Principado están afectadas por las imposiciones judiciales: "Las sentencias que se están produciendo vienen de denuncias previas a la ley 8/2022 porque ha hecho que no existan denuncias individuales en centros y direcciones", remarca como un punto fundamental. Sin embargo, lamenta la "intromisión" del TSJC, que a mediados de julio dictó otra sentencia en la que afirmaba que sólo ve "viable" la inmersión si se deja escoger entre estudiar en catalán o en castellano. Precisamente, la diputada socialista Esther Niubó aclara que el PSC "no votó a favor de la ley para eludir sentencia alguna". Lo que valora es haber logrado "sacar las lenguas y la escuela de la confrontación política". Ante la futura sentencia del TC, confía en que avalará la ley porque "es incuestionable".

El sentimiento agridulce impregna a la diputada de Junts Mònica Sales, que explica que un año después se hace "difícil valorar la ley por el contexto de ataques a la lengua". Ahora bien, sostiene que no se podían quedar "de brazos cruzados" y que "hacer la ley era importante para dar herramientas". Además, dice que "había que hacer algo, sabiendo que no se solucionaría del todo porque la justicia hace lo que quiere": "Ha sido positiva, pero insuficiente", admite. En cambio, el diputado de los comunes David Cid comenta que sabían que "se intentaría seguir poniendo palos en las ruedas judicialmente, pero existía la amenaza de introducir un porcentaje generalizado de castellano". Así, valora "el consenso de todo el catalanismo político", con la "gran carga simbólica que representa". Por su parte, fuentes de la CUP, partido que se opuso a la ley, reiteran que la norma es "una adaptación al marco de los tribunales y es el propicio para que el catalán tenga menos presencia en las escuelas, sobre todo las del área metropolitana".

La polémica del castellano

Aún hay opiniones diferentes sobre lo que significa que el castellano sea lengua curricular. Niubó sostiene que el PSC defiende que mientras que el catalán es el "centro de gravedad" como vehicular, el castellano "es lengua de aprendizaje y puede impartirse en más asignaturas" gracias a un "modelo flexible". Por otra parte, tanto ERC como Junts aclaran que "el castellano tiene su espacio como lo tienen las lenguas extranjeras". Y los comunes, según Cid, reiteran que "el catalán es el eje central y que curricular quiere decir que como lengua oficial los niños también deben acabar con competencias en castellano". Para la CUP, curricular y vehicular es lo mismo, lo cual lo lamentan.

La clave está en los proyectos lingüísticos de cada centro. El 15 de septiembre terminó el plazo de exposición pública del decreto que debe regularlos y que detallará cómo "elaborar, aprobar, evaluar y revisar" los proyectos lingüísticos.Los partidos consideran que la "música" es buena, las diferencias son como muchos matices, aunque es el ejecutivo quien tiene que terminar de cerrarlo.La conselleria de Educación quiere blindar en todo caso que la responsabilidad de los proyectos recaiga en el Govern y no en los directores de los centros e incluir medidas como la mejora del catalán entre profesores o el impulso de las aulas de acogida para recién llegados.