¿Por qué al juez español no se le sanciona casi nunca?

BarcelonaEl Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto la vía para expedientar al juez Juan Carlos Peinado, para argumentar que los escoltas de la mujer del presidente, Begoña Gómez, podrían ayudarla a huir. A pesar del ruido mediático, el historial demuestra que sancionar a un magistrado es casi una quimera. Ejemplos recientes lo avalan: el CGPJ acabó archivando en 2024 el expediente a un juez que llamó "psicópata" al presidente del gobierno español Pedro Sánchez, y en febrero de 2026 la mayoría conservadora hizo la vista gorda con los magistrados Eloy Velasco y Manuel Ruiz de Lara, que llamaron "Barbigoña" a la esposa del presidente, amparándose en la libertad de expresión.

¿Qué recorrido tiene, pues, el caso de Peinado? Consultados por el ARA, tanto Fermín Morales como Rafael Rebollo, profesores de derecho penal de la Universitat Autònoma de Barcelona, las consecuencias serán prácticamente nulas, principalmente porque el magistrado se jubila este mes de septiembre. "La posibilidad de que esto prospere es discutible y la afectación que le supondrá será absolutamente nula", sentencia Rebollo. Morales coincide y pronostica que "llegará a la jubilación sin que se haya acabado de resolver el trámite", aunque subraya que la apertura del expediente –originado por haber afirmado en un auto que "seguro" los policías facilitarían la huida de Gómez– ya indica que una parte de los vocales han visto una "relevancia notoria".

¿Intocables con toga?

, en la frontera entre la judicatura y la ofensiva política queda difuminada. Martí argumenta que "el aroma que se desprende de esto es que tenemos unos jueces que se inclinan hacia el Esta extrema complejidad para exigir responsabilidades dibuja un panorama histórico en el que, según Martí, "se ha vivido una excesiva flexibilidad o tolerancia respecto a las acciones de los jueces". En España hay más de 5.000 jueces en activo que, como cualquier otro colectivo profesional, "pueden cometer abusos o hacer cosas que son irregulares". A pesar de ello, el sistema disciplinario español sufre un déficit estructural crónico: "No hemos tenido una buena práctica de disciplinar a los jueces, ni a través del CGPJ ni a través de la misma justicia", una carencia de fiscalización que, según el experto de la UPF, se debe reformar de raíz de manera urgente.

Este blindaje es el caldo de cultivo idóneo para la expansión del lawfare, donde la frontera entre la judicatura y la ofensiva política queda difuminada. Martí argumenta que "el aroma que se desprende de esto es que tenemos unos jueces que se inclinan hacia el lawfare", y afirma que la ofensiva de Peinado contra el entorno de la Moncloa evidencia "una motivación política del mismo juez que va más allá de lo que debería permitir un estado de derecho". El experto, sin embargo, subraya la importancia de destriar técnicamente el grano de la paja: mientras que las investigaciones de la Audiencia Nacional en el caso Zapatero o del Tribunal Supremo en el caso Ábalos se basan en "interlocutorias más profesionales, con argumentos", las causas abiertas contra Begoña Gómez o el fiscal general del Estado responden puramente a “una instrumentalización política de la justicia”.

El colofón de esta arquitectura es un sistema de control interno profundamente marcado por su propia naturaleza partidista. Como recuerda Rebollo, la comisión disciplinaria cuenta con vocales de perfil conservador que "votan inexorablemente, una vez tras otra, en contra de las quejas que se formulan". El análisis de Martí concluye con una sentencia que resume la desconfianza hacia la institución: "Nadie espera, lamentablemente, que la decisión que se produzca allí sea absolutamente pura de derecho, sobre la base del derecho, y que no tenga connotaciones políticas".