Un juez investiga a la exdirectora del CNI por el espionaje en Aragonès con Pegasus

BarcelonaPor primera vez, un cargo del Centro Nacional de Investigación (CNI) deberá dar explicaciones como investigado por el caso Pegasus, de espionaje político. Según ha avanzado Eldiario.es y ha confirmado el ARA, un juez de Barcelona ha admitido a trámite la querella del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por el espionaje en su teléfono móvil y ha citado como investigada a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban, cesada en mayo del pasado año después de que estallara el llamado Catalangate.

Esteban deberá comparecer en el juzgado como investigada el 13 de diciembre y el mismo día deberá hacerlo el jefe del Gobierno en calidad de perjudicado. El juzgado de instrucción número 29 de Barcelona sostiene que los hechos denunciados por Aragonès en su querella -presentada en junio del 2022 y que también iba dirigida contra la empresa israelí NSO, propietaria de Pegasus- "hacen presumir la posible existencia de infracciones penales, entre otras la intercepción ilegal de comunicaciones y el espionaje informático", dice el juez en su resolución.

La exdirectora del CNI admitió en el Congreso que Aragonès era uno de los 18 independentistas –de los 65 que denunciaba al grupo Citizen Lab, vinculado a la Universidad de Toronto y uno de los expertos en el programa informático Pegasus– que el gobierno español habría espiado con la supuesta autorización del Supremo. Pocos días después, el gobierno español cesó a Esteban, pero quiso desvincular su salida del Catalangate y la atribuyó a la infección que también habían sufrido los dispositivos del presidente Pedro Sánchez y algunos de sus ministros. Este segundo caso de espionaje, hecho público por la propia Moncloa cuando ya había trascendido el escándalo que afectaba al independentismo, acabó archivado en la Audiencia Nacional por falta de cooperación de Israel.

La querella de Aragonès, a su vez, recayó en un primer momento sobre el titular del juzgado 29, pero éste se inhibió ante la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía, al considerar que ese tribunal era el competente debido a que el presidente catalán es una alta institución del Estado. Esta decisión fue, finalmente, revocada el pasado junio por la Audiencia de Barcelona, y se devolvió el caso al juez original, que ahora aprieta el acelerador.

En su resolución, el juez recuerda que el grupo Citizen Lab ya publicó un informe en abril del 2021 en el que señalaba "que personas del movimiento independentista catalán y de Esquerra Republicana podrían haber sufrido una infección en el teléfono móvil" con el sistema Pegasus. En concreto, en cuanto a Aragonès, la infección se habría producido a través de SMS enviados el 4, 5 y 13 de enero de 2020 a su móvil. "El informe pericial presentado avala este hecho", subraya el juez en su escrito.

Peticiones en Luxemburgo, en el CNI, en el Tribunal de Cuentas y en el Supremo

Inicialmente, y a falta de saber cómo se desarrolla la investigación, el juez considera que el espionaje podría ser constitutivo de los delitos de intromisión no autorizada en equipos informáticos, intercepción ilegal de comunicaciones, espionaje informático, de un delito de producción y adquisición por el uso de software espía, así como de un delito contra los derechos fundamentales. Al margen de la imputación de Esteban, el magistrado ha ordenado toda una serie de pruebas, que incluyen desde peticiones a Luxemburgo hasta el Tribunal Supremo.

Uno de los obstáculos con los que chocó la investigación del caso Pegasus en la Audiencia Nacional es la falta de cooperación de Israel y de la empresa NSO Group Technologies Limited (con sede en ese estado) para facilitar información sobre el software espía. Para no encontrarse con lo mismo, el titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona recurre a una de las filiales del grupo, con sede en Luxemburgo, que, al formar parte de la red europea de justicia, a priori debería dar mayores facilidades a las peticiones del juzgado barcelonés. A través de una orden europea de investigación, el juez requiere a esta filial, OSY Technologies SARL, que informe si desde el grupo NSO se ha comercializado el programa Pegasus y si se ha vendido a algún organismo de España, que documente qué personas habrían participado en la operación –tanto por parte de la empresa como por parte de las posibles instituciones españolas implicadas– o que aporte los registros que conserve de los clientes y dispositivos españoles que utilizaban el software.

En el caso del CNI, el juez reclama –previa solicitud de desclasificación– que informe si dispone de licencia de uso del software Pegasus o si la tendría algún otro organismo, qué entidad mercantil adquirió la licencia, qué personas participaron en el espionaje mediante este software y que aporte todos los documentos que tenga sobre la compra, instalación o pago del programa, así como los informes que se hicieran sobre las comunicaciones interceptadas en Aragonès mediante este sistema.

Por otra parte, el juzgado barcelonés realizará una petición al magistrado del Tribunal Supremo que se encarga del control judicial del CNI para que certifique si ha autorizado "el uso de software de control remoto, monitorización, balizamiento o cualquier otra fórmula de intervención de las comunicaciones y de la intimidad" de Aragonès y, en su caso, que le envíe las resoluciones judiciales "por las que se autoriza la injerencia". Al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado el juez les solicita que certifiquen si el CNI ha comprado productos, licencias o algún tipo de servicio a NSO desde 2014 hasta la actualidad, si ha adquirido algún otro producto denominado Pegasus o cualquier otra tecnología que sirva para intervenir comunicaciones privadas.

El juzgado 29 de Barcelona no es el único que investiga el caso Pegasus. Inicialmente, un juzgado abrió una investigación por el espionaje al conseller Roger Torrent y el líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, y después otra jueza admitió a trámite la querella de los diputados de ERC Diana Riba y Josep Maria Jové. De hecho, la Audiencia de Barcelona ordenó a este juzgado citar a declarar a Esteban por el caso.