El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez y la envía a juicio

El juez Juan Carlos Peinado envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente español, Pedro Sánchez, y le retira el pasaporte. El magistrado ha resuelto este sábado la petición de medidas cautelares que habían solicitado las acusaciones populares. Además de la retirada del pasaporte, también la obliga a presentarse cada quince días en el juzgado. De esta manera, Gómez no podrá acompañar a Sánchez en los viajes internacionales. Son las dos medidas que había pedido Hazte Oír, la entidad ultra que agrupa las acusaciones populares, porque consideraba que había riesgo de fuga. No había pedido, sin embargo, prisión preventiva. Peinado también acepta las mismas medidas cautelares que habían pedido las acusaciones populares para la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez.

una nueva línea de investigación para los delitos de prevaricación y fraudeuna nueva línea de investigación por los delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea por un contrato que fue adjudicado a una empresa de Juan Carlos Barrabés. Para el empresario, que sufre una enfermedad, las acusaciones populares no le solicitaron ninguna medida cautelar.

El papel que Peinado otorga a los escoltas

¿Cómo justifica la retirada de pasaporte a Gómez? Peinado especula con la condena que puede recibir Gómez y pone la "hipótesis" de que sea de más de dos años de prisión. En este caso, recuerda que no la podría suspender —porque no es de menos de dos años— y tendría que entrar en un centro penitenciario. "Contemplando esta posibilidad, que para las acusadas [Gómez y Álvarez], se trate de eludir la acción de la justicia, cumpliéndose el riesgo de fuga, que se trate de evitar con la adopción de una medida cautelar", justifica.

Y también usa otro argumento. Aunque la esposa del presidente español siempre va acompañada de escoltas —el argumento que utilizó su defensa para rechazar las medidas cautelares que pedía Hazte Oír—, el juez considera que estos agentes pueden colaborar a una fuga de Gómez: "Estos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esta fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre en disposición de la justicia". El juez acaba rematando que la "condición" de presidente del gobierno español de Pedro Sánchez es algo "efímero, y por tanto transitorio", lo que hace que los escoltas que tiene ahora Begoña Gómez "desaparecerían": "Cosa que facilitaría aún más, esta hipotética fuga".

La justificación que utiliza el magistrado ha indignado al sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, que en un comunicado, ha exigido una "rectificación" al juez. "Resulta una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional y, en particular los agentes adscritos a la seguridad de la presidencia del gobierno, puedan colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la justicia, lo diga quien lo diga", critican.

Apertura de juicio oral

Peinado envía a juicio a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. También quiere juzgar a su asesora, Cristina Álvarez, por los mismos delitos; y al empresario Juan Carlos Barrabés, en su caso, por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado.

¿Cuál es la tesis del juez? Que Begoña Gómez habría utilizado el hecho de ser la mujer del presidente español para conseguir beneficios particulares. El juez considera que hizo un "cambio radical" en su trayectoria profesional desde el momento en que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Peinado lo ejemplifica diciendo que Sánchez llegó a la presidencia del gobierno español en julio de 2018 —aunque el juez escribe erróneamente "2028"— y que en agosto de ese mismo año es cuando Gómez cambia de trabajo y es nombrada directora del IE Africa Center, cuando establece "vínculos" con la Organización Mundial del Turismo y con una de las empresas de Barrabés.

En este sentido, pone el foco en las cartas de recomendación que firmó a favor del empresario a la hora de relacionarse con la administración. También se centra en la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en la que habría creado una aplicación informática que el juez pone bajo sospecha por haberla patentado a su nombre. Considera, en este sentido, que esta cátedra no se creó por una vía ordinaria, sino que vino precedida "al menos" por una reunión entre el rector de la UCM, Joaquín Goyache, en la Moncloa.

Peinado ve tráfico de influencias en los hechos que ha investigado y vuelve a hacer una mención al reinado de Fernando VII para justificarlo. Cree que por mucho que se analice o se busque en la jurisprudencia, "no se podrá encontrar un supuesto de similares características" y añade: "Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado". Y en este punto, cree que, en todo caso, se debería "remontar al reinado de Fernando VII". 

La Moncloa carga contra Peinado

La reacción de los socialistas ante la decisión de Peinado ha sido casi inmediata. Desde la Moncloa, fuentes consultadas por el ARA consideran que este movimiento constata la "persecución, obsesión y desproporción" del juez contra Begoña Gómez. De hecho, consideran que a la decisión le falta "todo el sentido jurídico y solo atiende a motivos políticos", informa Andrea Zamorano. En la misma línea, la secretaria de organización de los socialistas, Rebeca Torró, la ha calificado de "desmesurada y desproporcionada" en un mensaje en X.

Fuentes del partido también han insistido en la misma tesis, al remarcar que Begoña Gómez es "inocente": "Algunos han intentado construir una condena pública sin existir pruebas que la sostengan. Han jugado con la reputación y la vida de una persona por el simple hecho de ser la mujer del presidente del gobierno", lamentan. Desde el PSOE, además, consideran que esta causa también está "socavando la imagen de la justicia y la democracia". Con todo, avisan que continuarán haciendo "política con mayúsculas".