La justicia europea estudiará el martes las preguntas de Llarena para extraditar a Puigdemont

LuxemburgoJornada fundamental en Luxemburgo para la estrategia judicial de los líderes independentistas exiliados. Este martes, la sala grande del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acoge la vista sobre las preguntas que el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena presentó hace un año después de que la justicia belga rechazara extraditar al ex conseller de Cultura Lluís Puig. Llarena presentó hasta siete cuestiones prejudiciales que, a grandes rasgos, preguntan si Bélgica puede poner en entredicho que en España se respeten los derechos fundamentales de la persona reclamada y si Bélgica podía cuestionar las competencias del Supremo a la hora de emitir las euroórdenes. Estos son dos de los argumentos que el juez belga esgrimió para rechazar la extradición de Puig y que anticiparían los que podría dar también para Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.

Así pues, este martes, la justicia europea escuchará qué tienen que decir las partes involucradas. La Fiscalía española, la Abogacía del Estado y el partido ultraconservador Vox son partes de lo que el TJUE considera banco acusador, y todos los exiliados residentes en Bélgica, pero también Meritxell Serret, Marta Rovira y Anna Gabriel, constituyen el banquillo de los acusados. También Bélgica y la Comisión Europea pueden intervenir. El TJUE no emitirá por ahora ningún veredicto, sino que la sentencia se espera como muy pronto a principios de verano teniendo en cuenta los tiempos del tribunal y también que, previamente, se tiene que pronunciar el abogado general de la UE, que a través de las conclusiones acostumbra a marcar la dirección de la sentencia definitiva del TJUE.

Lo que tiene que analizar el TJUE son siete preguntas cuya respuesta puede marcar de manera bastante definitoria el futuro del exilio independentista catalán. Llarena no ha parado de topar con negativas judiciales a sus peticiones de extradición desde el 2017, unos obstáculos a los cuales hay que sumar la elección de los políticos de Junts (y también de Oriol Junqueras) a las europeas del 2019, lo cual les proporcionó una inmunidad parlamentaria que la justicia europea les ha devuelto hasta en dos ocasiones. De hecho, a pesar de que Bélgica denegó la extradición de Puig en 2020, no pudo ser hasta un año después de que Llarena pudo presentar estas cuestiones al tribunal con sede en Luxemburgo porque tuvo que esperar que se les retirara de nuevo la inmunidad parlamentaria para reactivar el proceso. A lo largo de este periplo, además, vale la pena recordar los episodios relacionados con la traducción de los textos enviados desde el Supremo o la detención de Puigdemont en Italia, que en cierto modo también está pendiente de la respuesta a estas cuestiones prejudiciales.

Las siete preguntas de Llarena

Lo que Llarena pregunta al TJUE en siete puntos que se pueden consultar aquí es si un estado puede rechazar una euroorden por motivos que no están previstos en la normativa marco europea. Considera una excepción y una vulneración a la confianza y cooperación entre socios europeos que se cuestione el respeto a los derechos fundamentales dentro de un estado europeo donde no se ha detectado ningún problema sistémico o estructural, como podría ser Polonia, en constante litigio con el mismo TJUE. El Supremo pregunta también si un estado puede entrar a cuestionar la competencia que una autoridad como el Supremo tiene a la hora de emitir una euroorden (en el caso de Puig se consideró que no lo era porque estaba aforado). Además, también pregunta si las conclusiones del Grupo de Trabajo de la ONU en los que la defensa de los exiliados y el juez belga se basan para cuestionar el respeto a los derechos fundamentales en España es un documento "objectivo, preciso y actualizado" para justificar una negativa de extradición. Por último, en previsión del próximo paso, Llarena pregunta directamente si en caso de que todas las respuestas anteriores fueran favorables a los exiliados, puede emitir una nueva euroorden contra las mismas personas y ante el mismo estado miembro.

El TJUE se puede pronunciar de manera clara o con todos los matices que puedan permitir estas siete preguntas, pero en caso de que considere que Bélgica no podía rechazar la extradición de Puig con estos argumentos no se extraditaría de manera automática a Puigdemont, Comín y Ponsatí, porque haría falta que el juez se pronunciara sobre los delitos de sedición, del cual Puig no estaba acusado. Podría negarse por ejemplo a extraditarlos por este delito pero sí por malversación. También el TJUE se tiene que pronunciar sobre la inmunidad de los eurodiputados, ahora retirada a la espera de una sentencia firme. Y la justicia sarda también está pendiente de estas respuestas para concluir el caso que se abrió con la detención del expresidente de la Generalitat.

Antes de decidir todo esto habrá que escuchar a todas las voces y alguna más. En cualquier caso que llega al TJUE, los diferentes estados socios de la UE se pueden involucrar si lo consideran pertinente, como en su momento lo hicieron Polonia y Rumanía. En las cuestiones prejudiciales, sin embargo, fuentes del TJUE aclaran que los gobiernos que quieran pueden presentar observaciones escritas en las que sus abogados expongan cuál tendría que ser la respuesta del TJUE a su parecer, pero no acuden físicamente a la vista. También la Comisión Europea, como guardiana de los tratados de la UE, acostumbra a participar en cuestiones que implican interpretaciones de las normas de la UE, en este caso del marco europeo de detención. Aun así, la asistencia del ejecutivo comunitario a la vista es confidencial y no se confirma hasta el último momento. La sesión arranca a las 9 de la mañana en Luxemburgo y está previsto que dure unas dos horas, pero no se descarta también la posibilidad que se alargue hasta la tarde.