Llarena pone la euroorden contra Puigdemont en el congelador a la espera del TJUE

BarcelonaPablo Llarena no emitirá nuevas euroórdenes contra Carles Puigdemont y Toni Comín de forma inminente. Después de la petición la Fiscalía este lunes, que se sumó a la de de la acusación popular de Vox, el magistrado instructor ha emitido una providencia donde resuelve que no tomará una decisión hasta que la justicia europea se pronuncie sobre los eventuales recursos de los eurodiputados de Junts contra la retirada de su inmunidad. Teniendo en cuenta que el expresidente y el exconsejero en el exilio tienen margen hasta el 15 de septiembre para recurrir la sentencia y solicitar que se les devuelva cautelarmente la protección, previsiblemente no habrá nuevas euroórdenes durante las negociaciones entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

Sin embargo, la explicación detrás del movimiento de Llarena no tiene que ver con el contexto político en el Estado, sino más bien con el principio de prudencia. El propio juez admite que cualquier euroorden que se emitiera en estos momentos quedaría inmediatamente paralizada si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) admitiera las eventuales medidas cautelares que pidieran a los exiliados con su recurso, que ya dijeron que presentarían. Y eso obligaría a interrumpir el proceso y haría baladí la reactivación de las euroórdenes, recuerda el magistrado.

Los argumentos del juez difieren de los que el ministerio público esgrimió para pedir las nuevas euroórdenes. Según la Fiscalía, aunque la retirada de la inmunidad de los eurodiputados de Junts pueda ser recurrida, "el recurso no tiene efecto suspensivo, por lo que, teniendo en cuenta la situación personal de ambos –huidos de la justicia y en rebelde" lia–, resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas respecto a los dos procesados", argumentaba en su escrito, que obviaba –eso sí– la posibilidad de que se pidieran medidas cautelares.

Llarena deja claro que si no se llegara a recurrir la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de retirar la inmunidad de Puigdemont, Comín y –también– Clara Ponsatí, o incluso si los recursos fueran rechazados, todavía habría margen para emitir nuevas euroórdenes y que Bélgica las resolviera, ya que la decisión debería tomarse en un plazo máximo de tres meses desde la petición de extradición. El argumento del juez instructor es que aún no se habría disuelto el Parlamento Europeo que les levantó la inmunidad a través del suplicatorio, algo que no ocurrirá hasta junio del 2024.

En la providencia, de hecho, va un paso más allá y considera que, incluso si se llegara a constituir una nueva Eurocámara, y dando por hecho que los tres procesados siguieran siendo eurodiputados –Puigdemont ya ha manifestado su voluntad de volver a ser candidato a las elecciones las europeas–, sería una "anomalía" que el Parlamento obligara a "reiniciar el proceso" del suplicatorio. Su punto de vista queda en las antípodas del del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, quien considera que ya en estos momentos no serían válidas las nuevas euroórdenes porque el suplicatorio que concedió el Parlamento Europeo ya ha perdido su efecto, porque además de malversación, también era por sedición, un delito que ya no existe.

Hasta ocho meses de cuello para Sánchez

Más allá de la discusión jurídica, la decisión de Llarena da aire al escenario político en el Estado. Con Junts como partido más decisivo para la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa, Puigdemont hizo notar que la petición de la Fiscalía de una nueva euroorden complicaba las conversaciones con el PSOE: "Un día eres decisivo para formar gobierno en el Estado, al día siguiente el Estado ordena tu arresto", dijo.

El reclamo del ministerio público sigue ahora intacto, pero Llarena garantiza que no moverá ficha durante un tiempo: a los dos meses que tienen los exiliados para presentar recurso al TJUE se suman los seis más que tendrá el tribunal europeo para resolver. Si se agotaran los plazos, pues, estaríamos hablando de ocho meses (hasta marzo del 2024) para trabajar sin interferencias del Supremo en un acuerdo de investidura. El tiempo dirá si es suficiente, teniendo en cuenta que, además, ERC y Junts se han instado a intentar construir un "frente común" en la negociación en Madrid.