El manifiesto de los ‘indignados’ no nota el paso del tiempo

BarcelonaAcabar con el bipartidismo y el poder de bancos y corporaciones empresariales, poner fin a los recortes o hacer cumplir la promesa constitucional de una vivienda digna. El 15-M consiguió situar estas cuestiones y otras muchas en el centro del debate público y las transformó en reivindicaciones en los manifiestos en Barcelona y Madrid. Los movimientos y los partidos surgidos de aquel estallido social (o los que se sintieron interpelados) las recogieron y las han defendido desde entonces, pero la mayoría de hitos están en sus inicios y, una década después, son todavía vigentes.

Ley electoral

El bipartidismo sobrevive al auge de la nueva política

Listas abiertas, circunscripción única o escaños proporcionales a los votos son algunas de las propuestas que se gestaron para acabar con la hegemonía del PP y PSOE. El sistema electoral español, sin embargo, solo ha sufrido reformas poco importantes, y no es hasta ahora que el Congreso estudiará cambios a la Loreg para mejorar la proporcionalidad del sistema, rebajar a los 16 años la edad para poder votar o fijar las listas cremallera. Sin ninguno de los cambios reclamados hace diez años -tampoco en Catalunya, única comunidad sin ley electoral propia-, partidos como Podemos, con muchos de sus dirigentes implicados en el 15-M, o Cs consiguieron sacudir la dinámica de las mayorías en el Estado, y los lilas han llegado al gobierno español. Las dos formaciones, sin embargo, han caído en crisis y Pablo Iglesias y Albert Rivera han acabado dejando las instituciones. La llamada nueva política ha tenido más recorrido en los municipios, asumiendo -eso sí- renuncias y contradicciones.

Democracia participativa

Referéndums vetados y aumento de la represión contra la disidencia

La aspiración de más participación ciudadana en las decisiones políticas no se ha visto satisfecha. Los referéndums generan recelos en el Estado, que ha reprimido o vetado los intentos de ejercer la autodeterminación de Catalunya, uno de los derechos que reivindicaba el manifiesto en Barcelona. Los principales partidos en el Estado se niegan a impulsar una consulta que abre la puerta a cambiar el modelo de estado y con la Corona asediada por los escándalos de Juan Carlos I y su fuga de España, se ha visto un cierre de filas alrededor de Felipe VI. La represión de la disidencia fue además con la ley mordaza (2015) del PP, vigente a pesar del cambio de gobierno, y la persecución de artistas y tuiteros.

Separación de poderes

La herencia del franquismo se mantiene en los poderes del Estado

Una de las demandas que continúan resonando es la de la efectiva separación de poderes. La judicialización del Procés ha demostrado la lejanía de este objetivo, con una policía patriótica, sentencias de carácter político y el PP y el PSOE compitiendo por controlar la Fiscalía y los tribunales. La renovación del Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado desde 2018, continúa bloqueada, y el órgano de gobierno de los jueces ha roto con su imparcialidad defendiendo la monarquía, como también han hecho -con apología del franquismo incluida- grupos de militares. Los llamamientos a recuperar la memoria histórica cristalizaron en 2020 con la aprobación del PSOE de un anteproyecto de ley que compromete a la Moncloa a hacerse cargo de las exhumaciones de las víctimas de la Guerra Civil. Un año antes (44 después de morir) llegó la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.

Corrupción

Condenas en los tribunales a ambos lados del arco parlamentario

El “no hay pan para tanto chorizo” que se gritaba hace 10 años todavía desconocía los papeles de Bárcenas, el caso de los ERE en Andalucía, la sentencia de la Gürtel contra la corrupción del PP (2018), ni la del caso Palau, que condenó el mismo año a CDC por financiarse ilegalmente a través de la institución. A lo largo de estos diez años también ha crecido el caso 3%, y el expresident de la Generalitat Jordi Pujol -para quien la Fiscalía pide ahora 9 años de prisión- ha confesado haber tenido dinero escondido en Andorra, punto clave en la causa que afecta a toda su familia.

Sistema bancario

Sin nacionalizaciones ni regreso del dinero del rescate

Dejando de lado objetivos de máximos como la supresión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE), tampoco tuvieron éxito las demandas de nacionalizar las entidades bancarias rescatadas por el Estado -el coste del cual se eleva a 65.725 millones- ni la creación de una banca pública, a pesar de la reiterada voluntad política de conseguir la ficha bancaria para el Institut Català de Finances. Tampoco se ha conseguido parar el proceso de conversión a bancos de las cajas (en Catalunya ya no queda ninguna) y la auditoría sobre la deuda pública y el impago de lo que se considerara ilegítimo que se planteó entonces, recogida en los programas de partidos como Podemos, no ha llegado nunca.

Recortes y ocupación

Diez años para recuperar la inversión social y nueva reforma laboral

La infrafinanciación denunciada por los sanitarios durante la pandemia bebe todavía de los recortes posteriores a la crisis de 2008. En Catalunya el gobierno de Artur Mas disminuyó en un 26% el presupuesto en sanidad, educación y servicios sociales. Las cuentas estatales y catalanas han sido más expansivas durante los últimos años -con alguna reforma fiscal de carácter progresivo-, y las de la Generalitat de 2020 recuperaron los niveles absolutos de gasto social de 2010. La crisis del covid-19, de momento, ha forzado un cambio de paradigma en que las instituciones apuestan por huir de los recortes. En el terreno laboral, la lucha para acabar con la reforma del PSOE (2010) topó en 2012 con la nueva reforma del PP, que abarataba todavía más los despidos. La promesa del gobierno español de derogarla todavía está por cumplir, como también la reforma de las pensiones, que, contra lo que clamaba el 15-M, buscará una jubilación más tardía. El salario mínimo, por cierto, es de 950 euros, lejos de los 1.200 que se exigían en 2011.

Vivienda y medio ambiente

La burbuja del alquiler mantiene los desahucios a la orden del día

El crecimiento de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la aparición otros movimientos en defensa de una vivienda digna es un éxito del 15-M. Dos años después el Congreso tramitaba la ILP para la dación en pago, pero el resultado final desvirtuaba los objetivos iniciales. El lema “Ni un desahucio más” ha convivido desde entonces con una media de casi 60.000 lanzamientos anuales en el Estado. Y a pesar de que la ley catalana obliga desde 2015 a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social antes de desahuciar a familias vulnerables, el año pasado hubo una media de 15 lanzamientos diarios en el país. El incremento de los alquileres, los recelos del PSOE a la hora de regular el mercado -el decreto catalán para hacerlo está recurrido en el Tribunal Constitucional- y la falta de viviendas de protección oficial han abocado a muchas familias a la ocupación. Más adelantos ha habido en el ámbito medioambiental, con la aprobación de la primera ley española contra el cambio climático y un compromiso más grande de los partidos con las políticas verdes.

Defensa y extranjería

El gasto militar se dispara y se mantienen los CIE

Los indignados reclamaban la reducción del gasto militar o el cierre de las fábricas de armas, planteamientos que no han tenido ningún recorrido y que han chocado con un Estado cada vez más implicado en la industria bélica. España ha ido aumentado el gasto militar (un 9,4% el año pasado) y el impulso de sus gobiernos ha consolidado al país como el séptimo exportador mundial de armas. Los movimientos del 15-M tampoco han conseguido acabar con la ley de extranjería ni el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, donde varias ONG denuncian abusos y agresiones policiales constantes.