Sánchez se aboca a un septiembre de todo o nada

MadridLa última semana de curso antes de las vacaciones de verano acabó marcada por la entrada de miles de personas migrantes desde Marruecos a Ceuta. Una tragedia migratoria que ha desencadenado en una emergencia humanitaria en la ciudad autónoma. Al principio, el gobierno español, que justo salía de la crisis por los graves incendios en el Estado, intentó esquivarla teniendo un perfil bajo públicamente –Pedro Sánchez solo se desplazó allí el pasado 31 de julio– y apelando rápidamente a una recuperación de la "normalidad". La semana del 10 de agosto, sin embargo, se vio empujado a incrementar su presencia en la ciudad autónoma con la visita de casi un ministro al día.

La presión de unos vecinos entre los que crece la tensión por cómo se está gestionando la crisis, sumada a la presión de la oposición y también de los socios para que Pedro Sánchez rinda cuentas un mes después de la crisis, ha abocado al jefe del ejecutivo español a dejar aparcado el perfil bajo: empieza el curso antes de lo previsto y con Ceuta en el punto de mira con una comparecencia este próximo jueves en el Congreso. Allí le esperará una derecha y ultraderecha que culpará a Sánchez de todo. A ellos la crisis también les ha servido para endurecer su discurso antiinmigración. Pero también le esperarán unos partidos a la izquierda del PSOE que le pedirán más mano dura contra Marruecos, a quien señalan por estar detrás de la crisis migratoria, y explicaciones por la situación de precariedad en la que aún viven muchos migrantes, algunos menores de edad. Mientras tanto, Junts ha encontrado una ventana abierta para recuperar la aspiración de que Cataluña tenga las competencias en migración.

Lo cierto es que esta crisis, así como la de los incendios, han dejado en casi papel mojado el balance de Pedro Sánchez desde la Moncloa o el tradicional despacho de verano con el monarca español desde Palma de Mallorca, de antes de verano. De hecho, tanto es así que las carpetas que debían marcar este inicio de curso eran otras completamente diferentes. Si quiere desbloquearlas, deberá afrontar de nuevo los equilibrios con los socios. Con ellas, Sánchez se aboca a un septiembre, aunque también a un final de legislatura, de todo o nada.

Vivienda y financiación

Vamos por partes. La última semana antes del periodo estival, la vivienda y la financiación autonómica centraron el debate público. Todo el mundo esperaba que el consejo de ministros aprobara un nuevo decreto con medidas para paliar la emergencia de la vivienda que atraviesa el Estado. También que el ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas de régimen común discutieran y votaran un nuevo modelo de financiación. Ambas se han pospuesto por ahora a septiembre. La lista, sin embargo, no acaba aquí: Sánchez también tendrá que afrontar la presentación de unos presupuestos generales del Estado para 2027, tal como se ha comprometido, así como el desbloqueo de otras materias: por ejemplo, la fiscalidad del diésel o el refuerzo del registro horario que Yolanda Díaz ha exigido.

El presidente español se fue de vacaciones avisando que "una legislatura dura cuatro años". Pero más allá de la crisis en Ceuta, cuando se trata de dar salida a los hitos legislativos, las posiciones de los partidos del bloque de la investidura hacen que cada día que pasa aumente más la sensación de bloqueo. Sobre todo con las posiciones de Junts y Podemos, con quienes tiene que hacer malabares para satisfacer sus exigencias, muy a menudo contrapuestas, lo que se ha convertido en un camino tortuoso para el ejecutivo central –el ejemplo más reciente es, de hecho, la delegación de las competencias en inmigración–.

Desde Junts mantienen que ellos no están negociando nada. En el caso del decreto de vivienda, por ejemplo, se han limitado a decir que la Moncloa no ha recogido sus demandas, o bien que recogía propuestas que ya habían rechazado, como es el caso de la prórroga extraordinaria de los alquileres. El gobierno español, sin embargo, insistía en que veía margen para avanzar y Sumar, el socio minoritario, incluso hablaba "de avances en el diálogo", en palabras de su portavoz, Ernest Urtasun. En paralelo, se ha indultado a Laura Borràs, aunque unos y otros han querido desvincularlo de una lectura política. Para Podemos, que criticaron con dureza que el gobierno haya dejado esta materia para septiembre, será una "línea roja" cualquier modificación de la ley del suelo, como, en cambio, Junts abraza.

Mientras tanto, la reforma de la financiación autonómica continúa sin llegar a la mesa del consejo de ministros. Si hace poco más de un año la exministra de Hacienda María Jesús Montero apuntaba que se podrían superponer los trámites del nuevo modelo de financiación, de la condonación de la deuda autonómica y de los presupuestos al Estado del 2026, por ahora solo la segunda cuestión ha conseguido hacerse paso en el Congreso. Era un "todo en" que no ha llegado.

A ERC no le ha gustado que se dejara aparcada la carpeta de la financiación, sensible para ellos. Menos aún después de aceptar por parte de Moncloa la petición del PP de tener más tiempo para estudiarla (hasta ahora lo ha rechazado). Aunque avisan que no están comprometidos con la "supervivencia de ningún gobierno", los republicanos no pierden de vista que el final de la legislatura "es incierto, con una derecha y una extrema derecha cada vez más fuertes, y eso refuerza aún más la necesidad de que haya una fuerza [en Madrid] que defienda Cataluña, los derechos sociales y la calidad democrática", indican fuentes del partido en el Congreso.

Los presupuestos para 2026 ya son agua pasada y en Moncloa miran a 2027. "Los presentaremos y aprobaremos", aseguró Sánchez. Los alicientes de los partidos a mover ficha se complican si se tiene en cuenta que en 2027 se abrirá una carrera electoral que comenzará en los ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas. Y a las puertas de unas elecciones, unos y otros reconocen que es misión imposible aprobar nada.

Los presupuestos del Estado son una de las pruebas de fuego más importantes, si no la que más, de cara a poder presumir de estabilidad, pero también de proyecto de gobierno, a pesar de que Sánchez ha restado importancia a tener prorrogados los de 2023. De hecho, si no prosperan –ante este escenario el PNB ha pedido elecciones por activa y por pasiva– pueden servir al PSOE de carta de presentación electoral.

De los tribunales al oasis

Más allá de la agenda legislativa, Sánchez se topará con sucesivas batallas judiciales en el PSOE –la más hiriente es la que salpica a José Luis Rodríguez Zapatero–, así como en su entorno personal –el caso Begoña Gómez–, que no dejarán de monopolizar la agenda.

Por eso, cualquier otro marco es un oasis para el gobierno español, sobre todo aquel que le permite poner entre las cuerdas al PP. Con los incendios, por ejemplo, y la llamada a un pacto de estado frente a la emergencia climática, Sánchez presionó al PP para que se comprometiera a un acuerdo y dejara de, a su parecer, dar alas a Vox, partido que hace bandera del negacionismo climático. En el caso de la crisis en Ceuta, han denunciado que los populares hayan comprado el marco antiinmigración de la ultraderecha, aunque los problemas de gestión se están girando en contra del ejecutivo. La visita del papa León XVI o la victoria de la selección española en el Mundial también han supuesto una inyección de moral.

Finalmente, el otro oasis ha sido la sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía. Europa la ha avalado y Sánchez no ha dudado en aprovecharlo como una oportunidad para equipararlo a un "aval" a la política del PSOE en el "reencuentro" entre Cataluña y el Estado. Pero mientras él ve el vaso medio lleno, otros lo ven medio vacío. El Tribunal Supremo aplica con cuentagotas la amnistía, lo que no solo frustra al ejecutivo español, sino también a Junts, que ve cómo el tiempo pasa y el regreso de Carles Puigdemont –y que el gobierno español leía como una "ventana de oportunidad" para enderezar la relación– se acerca cada vez más al final de la legislatura.