"No cabe duda de que estamos ante una causa general": Cerdán pide la libertad provisional
El abogado del ex número tres del PSOE combina la defensa estrictamente jurídica con una parte política
MadridSantos Cerdán, en prisión preventiva desde el lunes por la tarde, ha solicitado este jueves su liberación provisional. En el recurso de apelación que ha presentado su abogado, el ex diputado de la CUP en el Parlament Benet Salellas, se expone con nitidez una estrategia de defensa puesta en marcha desde el inicio que combina la parte estrictamente judicial con la política. "La causa mezcla aspectos relativos a su vida política. Por tanto, es lógico que en las explicaciones que hace el investigado busque también en el universo político los motivos de su estatus procesal", sostiene en el escrito, para reivindicar que la situación de Cerdán se debe —según denuncia— a haber sido "el arquitecto de gobiernos progresistas en España", declarar en su comparecencia en el Tribunal Supremo.
Evitar 'lawfare'
Cerdán debe poder hablar de política
Uno de los hechos incontrovertibles del caso es que el PP y Vox, personados como acusación popular, solicitaron el encarcelamiento de Cerdán, y Salellas pide "extremar cautelas" e "incrementar el filtrado crítico" para "evitar una chapucera utilización política de la administración de justicia". "grave ofensa" cuando Cerdán se presentó como una víctima de una causa política y considera que el ex número tres del PSOE debe poder hablar de política como investigado.
El abogado sostiene que no se han concretado las obras fraudulentas
"Nos encontramos claramente en el supuesto considerado por la jurisprudencia de investigación prospectiva", sostiene Salellas. "Se investiga a ciegas la conducta de un investigado para ver si...", se queja el letrado, que cita una publicación del magistrado conservador del Supremo Vicente Magro en una revista de formación de la Guardia Civil. "Las obras concretas o adjudicaciones en las que habría tenido una participación delictiva mi representado es algo que hoy en día sigue sin concretarse claramente", dice. Por tanto, concluye: "No hay duda de que estamos ante una causa general contra Santos Cerdán y que el objetivo es investigar para ver si finalmente aparece un sólido indicio de que lo relacione con alguna actividad delictiva".
Las obras investigadas
No hay comisiones vinculadas a Servinabar
En este sentido, el abogado recopila las adjudicaciones señaladas en la empresa Servinabar y las desvincula de Cerdán o de la misma investigación. Por ejemplo, sobre las obras del túnel de Belate en Navarra, destaca que el propio magistrado en una providencia dijo que "no son objeto de las actuaciones". En relación a la empresa Servinabar, la Guardia Civil apunta a dos obras: la de la Mina Muga, sobre la que "no consta que se haya llegado a dar autorización o adjudicación por parte de la administración", y la del Navarra Arena de Pamplona. Ambas son de entre 2015 y 2017, y Cerdán "no ostentaba ningún cargo público en la administración pública y el partido estaba en la oposición". "Difícilmente podía influir en estos procesos", destaca el escrito.
En segundo lugar, Salellas quiere poner de manifiesto que no existe ninguna adjudicación a una UTE de Acciona con Servinabar, sino que las concesiones a Acciona analizadas son siempre con otras compañías colaboradoras, como Levantina Ingeniera y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR). Precisamente los empresarios también investigados José Ruz (LIC) y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez (OPR) están citados a declarar este viernes. "No llega a comprenderse cómo el relato indiciario se construye a partir de la relación directa del Sr. Santos con Servinabar si esta empresa tampoco aparece relacionada con las adjudicaciones investigadas", critica Salellas.
La alteración de pruebas
Denuncia que son inexistentes
Uno de los motivos básicos para argumentar la prisión provisional por parte del magistrado Leopoldo Puente es el riesgo de que Cerdán pueda "alterar pruebas", ya no tanto destruirlas como "condicionar" o influir en testigos, según explican al ARA fuentes de la investigación. Salellas discrepa frontalmente con este razonamiento porque entiende que, en lugar de intentar preservar al juez unas pruebas específicas y definidas, lo que realmente le ocurre es que no las ha encontrado. "No es suficiente plantear un riesgo de destrucción de pruebas de forma totalmente abstracta y genérica", avisa citando a jurisprudencia europea.
"Se pretende proteger unas alegadas fuentes de prueba que no son más que la constatación de la inexistencia de fuentes de prueba contra Cerdán [...]. El órgano judicial construye sobre la nada y pretende proteger unas fuentes de prueba sin saber qué pruebas defiende", se queja duramente el letrado, que llega a hablar de "fruto" En este sentido, subraya que "no se ha encontrado enriquecimiento ni incremento patrimonial durante los últimos años", que "no consta comunicación alguna entre Cerdán y las constructoras ni tampoco la existencia de pagos, reclamaciones, cobros o transmisiones de activos entre Cerdán y las adjudicatarias".
La cantidad defraudada
Creatividad judicial
El abogado también hace referencia a la hipótesis de Puente que la cantidad defraudada podría alcanzar los cinco millones de euros si se realiza un cálculo del porcentaje de comisión extraído del volumen de las adjudicaciones. "Se habla del 1% por simple creatividad judicial, dicho con el máximo respeto, porque no hay nada en la causa que permita establecer ese porcentaje. De hecho, éste ni ninguno", remarca en el escrito.
Las dudas sobre los audios
Insiste en que Koldo podría ser un agente encubierto
Por el momento, las pruebas más sólidas según el juez son los audios entre Koldo García, el ex ministro José Luis Ábalos y Cerdán. Como ya hizo el lunes mientras se discutía la prisión provisional, Salellas insiste en la sombra de duda que extiende sobre el historial del ex asesor y plantea la hipótesis de que sea un agente encubierto de la Guardia Civil. "Unos audios realizados y preservados de forma fragmentaria durante años por un posible colaborador policial que termina como coinvestigado no son la mejor prueba garantista, objetiva e independiente para acordar una prisión provisional en un proceso penal democrático", dice.
La presunción de inocencia
Una interpretación 'contra reo' de los indicios
Ante este escenario, Salellas denuncia que el Supremo haya realizado una interpretación de los indicios que hay hasta ahora contra reo en lugar de pro reo, con lo que ha vulnerado la presunción de inocencia. "Es una perspectiva en todo momento netamente inquisitiva", se queja, porque asume de forma "totalmente acrítica el atestado de la UCO". "El auto no valora el material con perspectiva pro reo y cuando se adopta la perspectiva procesal contra reo no existe material que pueda ser considerado incriminatorio y ni mucho menos para acordar una medida tan restrictiva", concluye.
¿Intento de confesión?
Una "tortura indagatoria"
Por último, la defensa de Cerdán también denuncia el "agravio" respecto al resto de investigados, que no están en prisión preventiva, y recuerda que el empresario Víctor de Aldama fue liberado en el marco de una causa sobre fraude en el sector de los hidrocarburos a cambio de confesar sobre el caso Koldo. Salellas advierte que sería una "finalidad radicalmente ilegítima" decretar un encarcelamiento preventivo por lograr una confesión. De ser así, "colocaría la investigación practicada en un lugar muy cercano a la tortura indagatoria".
Ahora, este recurso de apelación tendrán que resolverlo los magistrados Pablo Llarena, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, tres de los jueces conservadores implicados en la causa del Proceso. El primero como instructor y los otros dos porque formaron parte del tribunal que condenó al 1-O.