Los nombres clave que han desencallado el modelo de financiación

BarcelonaTras más de una década con un modelo de financiación caducada, esta semana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado las bases de un nuevo sistema que cuenta con una aportación extra del Estado de más de 20.000 millones de euros, que da más recursos a las comunidades autónomas (4.700 millones de euros adicionales en Cataluña) y elimina el sistema de anticipos. Ahora bien, se trata sólo de un primer paso de un largo camino que se inaugura ahora y que podría alargarse hasta el 2027. No sólo porque se debe iniciar el trámite en el Congreso (antes debe pasar por el consejo de ministros), sino porque en el caso de Cataluña hay otras carpetas que deben avanzar en paralelo porque forman parte de la negociación PSOE-. Las negociaciones, pues, seguirán y lo harán con los mismos protagonistas que han sido clave a la hora de desatascar el modelo. ¿Quiénes son? El director general de Esquerra, Lluís Salvadó; el secretario de Economía Juli Fernández y la consejera Alícia Romero por parte de la Generalitat, que también ha contado con la coordinación del consejero de Presidencia, Albert Dalmau, y el secretario de Hacienda del gobierno español, Jesús Gascón. Todos ellos han contado con el apoyo técnico de Martí Carnicer (PSC) y Marta Espasa (ERC), además de la exconsellera Natàlia Mas (ERC).

"Hemos estado nueve meses negociando, pero nos quedan nueve más", admiten fuentes de la negociación, que reconocen que nada acaba con la presentación del modelo de financiación. Por el contrario, comienza todo. Si bien estos nombres han estado trabajando durante meses con un macroexcel que ha modificado del derecho y el revés, a nivel político, el contacto ha sido de máximo nivel, con el presidente, Salvador Illa; el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, y también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. De hecho, según las fuentes consultadas, el diálogo Isla-Junqueras fue frecuente y funcionó "bien", y también mejoró la relación entre la ministra y el líder republicano. "[A ERC] Han visto que era una aliada para las comunidades", apuntan fuentes del gobierno español, que lamentan las reticencias que de entrada tenía Esquerra hacia su figura.

"Ha habido un buen clima", se reafirma una fuente conocedora de las conversaciones, que admite que más que una negociación ha sido un "trabajo en equipo". Cada parte tenía unos objetivos y todos han trabajado para que el modelo final les respetara. Es decir, sabían adónde querían llegar y han ido conjugando de forma diferente los elementos del sistema de financiación para cumplir con ello. Para Esquerra, era clave ganar recursos para Catalunya y respetar la ordinalidad. Para el ministerio, era necesario que se respetara elstatu quo actual (que ninguna comunidad autónoma perdiera) y que feudos socialistas como Andalucía también salieran beneficiados del sistema. Asimismo, el gobierno del PSC ha ido de la mano con los republicanos –para aumentar recursos y para garantizar la ordinalidad– ya menudo ha actuado de rótula para que se acercaran posiciones entre independentistas y PSOE. Aquí ha tenido un papel clave el consejero de Presidencia, que se ha encargado de coordinar la negociación, no sólo de la financiación, sino también de otras cuestiones como Cercanías. "Lo que quiere el PSC son presupuestos", ironiza una fuente, ya que Esquerra pone como condición la financiación para negociarlos.

La ley de financiación, en marzo

La primera estación después de la presentación del modelo de financiación es el Consejo de Política Fiscal y Financiera que será el próximo miércoles. Allí Montero tendrá que presentar las bases del modelo con los consejeros de Economía autonómicos, la mayoría del PP, donde se espera que se sublevan contra el nuevo sistema, algo que ya han hecho este mismo viernes. Pero éste no es el punto importante. Lo que es relevante y empieza ahora es traducir la arquitectura del modelo pactado entre PSOE y Esquerra en un texto legal, que es lo que debe aprobarse en el Congreso.

En concreto, deben acordar tres propuestas: una reforma de la Lofca, la ley por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común (la última de 2009) y la ley de financiación de Cataluña (la última, la de 2010). Montero quiere tenerlo terminado en marzo, antes dejar el gobierno español para ser la candidata a las elecciones andaluzas que debe convocar el presidente, Juanma Moreno Bonilla (PP). Esto significa que será antes de la primavera que la ministra llevará todas las reformas legales al Consejo de Política Fiscal y Financiera (donde tiene mayoría el Estado y, por tanto, saldrán adelante pese al ruido de los populares), después al consejo de ministros y finalmente al Congreso. Alguna fuente remarca que si es en marzo, coincidiría con un posible retorno del expresidente Carles Puigdemont a Catalunya, lo que puede también influir en el posicionamiento de Junts.

Para los negociadores republicanos, el periodo que se abre ahora es clave, ya que consideran que pueden corregir el "error" que admiten que cometieron en el 2009, después de pactar los 3.800 millones de euros adicionales que le correspondían a Catalunya: "No estuvimos lo suficiente encima del trámite", reconocen a mitad del camino. Además, trabajarán con la Generalitat la financiación de las competencias no homogéneas, que debe convertirse en estructural y sumarse a los recursos que da el sistema general. El Gobierno recibe ahora unos 4.000 millones de euros para financiar estas competencias, aspirando a incrementar estos recursos ampliando su participación en los ingresos provenientes del IVA. Esto deberá ir abordando en reuniones bilaterales Generalitat-Estado y no está claro el listado que incluirá: al menos financiación para Mossos d'Esquadra, prisiones o la administración de justicia.

Las crisis de la negociación

La negociación se ha estructurado en diferentes carpetas: el modelo de financiación para todas las comunidades, la delegación de la recaudación del IRPF y la capacidad normativa que deben tener las comunidades. Se han trabajado en paralelo: en función del día abordaban un tema u otro. De hecho, aunque la primera carpeta que ha visto la luz ha sido el sistema de financiación de las comunidades autónomas, no era éste el calendario previsto de entrada. En junio, esta cuestión quedó encallada por el debate sobre la inversión en defensa: hasta que no supieran el dinero que debía comprometerse en gasto militar (al final el 2,1% del PIB), no podían avanzar en la negociación del modelo de financiación porque no podían concretar cuánto dinero adicional podía poner el Estado al sistema. Una situación que acabó de complicarse por completo con el estallido del caso Cerdán: "Hay un momento de crisis", admiten las fuentes.

Este mal momento de la negociación se endereza cuando las aguas judiciales empiezan a calmarse y Pedro Sánchez toma el compromiso de sacar adelante la legislatura pese a los escándalos de presunta corrupción. En este periodo el ministerio pone sobre la mesa, tras tira y aflojas, los 20.975 millones de euros adicionales que aporta el Estado.

De hecho, el modelo de financiación podía haberse cerrado antes, pero la convocatoria de elecciones en Extremadura frenó el calendario: dado que el sistema no favorece especialmente a esta comunidad, los negociadores prefirieron esperarse, acabar de cerrar flecos con más calma y no perjudicó a las expectativas electorales del PSOE, que igualmente dañaba las expectativas electorales del PSOE.

Por el contrario, lo que de entrada parecía que podía ir más rápido, que era la delegación de la recaudación del IRPF en la Generalitat y donde había puesto más el acento Esquerra, está atascado desde hace meses. "Es un escollo grande", dice el ministerio, pese a que los republicanos pretendan que se vote ya en el Congreso en febrero. Para los socialistas –y parte de ERC–, los republicanos pilotados por Marta Rovira se equivocaron con las expectativas: creen que hablar de concierto económico solidario –que es como vendieron el acuerdo– no ha ayudado ahora a explicar el acuerdo, ya que los negociadores creen que es el único acuerdo posible.