Nueva oportunidad para los avales del ICF en el Tribunal de Cuentas

MadridEl nuevo Tribunal de Cuentas retoma este lunes su actividad y formaliza la renovación con la celebración del primer pleno ordinario. En una institución acostumbrada al enclaustramento, las cámaras podrán entrar para grabar y fotografiar el encuentro de los doce consejeros escogidos hace unas semanas por el Congreso y el Senado. Los nuevos miembros asumirán sus nuevas carteras después de que ya se oficializara quién integra la comisión de gobierno: Enriqueta Chicano, como presidenta de la institución; María Dolores Genaro, presidenta de la sección de fiscalización, y Rebeca Laliga, presidenta de la de enjuiciamiento. Esta sección, que ejerce las funciones jurisdiccionales, tiene sobre la mesa una cuestión que tiene que resolver con una cierta celeridad: aceptar o no los avales del Institut Català de Finances (ICF) para la causa de Exteriores. La delegada instructora los rechazó, pero las defensas han presentado recurso.

Esperanza García consideró que el decreto de creación de un fondo complementario de riesgos por parte de la Generalitat no amparaba que el ICF afrontara los más de cinco millones de euros que pedía a una treintena de ex altos cargos del Govern, entre los cuales los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont. Argumentó que la norma impulsada por el ejecutivo de Pere Aragonès no preveía sufragar las fianzas en casos de responsabilidad contable con “luto o culpa grave”. Además, dictaminó que procedía el embargo inmediato de los bienes de los implicados, dado que ya se había superado el plazo para avalar.

Mas y el exconseller Francesc Homs presentaron sus casas, y Junts y ERC cubrieron las reclamaciones al margen de la Caixa de Solidaritat, que se sorprendió por la falta de coordinación en una cuestión del ámbito antirrepresivo que antes no había levantado botellas. El pasado viernes, con motivo de las declaraciones del exconseller Raül Romeva y el exsecretario general del Diplocat Albert Royo en el enjuiciado número 18 de Barcelona, la Caixa de Solidaritat emitió un comunicado en el cual reivindicaba su papel y pedía un esfuerzo extra a la ciudadanía.

La denegación de los avales del ICF por parte de la delegada instructora coincidió con el acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Tribunal de Cuentas. Desde entonces, todo está en pausa, según indican las defensas de los encausados, que añaden que el plan B para la fianza está presentado pero sin respuesta sobre la admisión. El objetivo es revertir la situación y que los nuevos consejeros de la sala de justicia acepten el plan A.

“Exceso en las facultades”

En el recurso presentado contra la oposición a los avales del ICF, la defensa del expresident Mas subraya que Esperanza García, la delegada instructora, incurrió en un “evidente exceso en el ejercicio de sus facultades”. No creen que hubiera tenido que hacer un “juicio constitucional” sobre si el decreto de la Generalitat amparaba el mecanismo de las fianzas. Además, alegaba indefensión por el hecho de que se anunciara un embargo inmediato aduciendo que habían pasado muchos meses entre la liquidación provisional –finales de junio– y la resolución sobre los avales del ICF –mediados de octubre–. Los letrados remarcaron que si se había tardado tanto es porque la delegada instructora pidió a la Abogacía del Estado que se mojara sobre los avales, en una consulta inédita que los servicios jurídicos del gobierno español prefirieron esquivar.

Antes de la renovación, el entonces fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, tuvo tiempo de presentar su escrito sobre el recurso, pero la decisión definitiva dependerá de Rebeca Laliga, Diego Íñiguez y Rosario García. La esperanza de las defensas, que en su recurso también recordaban que el decreto sobre el ICF es vigente y que lo avaló el Consejo de Garantías Estatutarias, está en la mayoría progresista de este trío que conforma la sección de enjuiciamiento. Íñiguez, exjefe de gabinete de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y García, magistrada de la sala de lo social del TSJ de Madrid, fueron propuestos por el PSOE, y Laliga por el PP.

Son los tres consejeros que, en segunda instancia, también se pronunciarían sobre el conjunto de la causa sobre el 1-O y de Exteriores. La encargada de juzgarla, tal como avanzó el ARA la semana pasada, es Elena Hernáez, ex alto cargo del primer gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Se prevé que en el pleno de este lunes sea nombrada titular del departamento segundo, que es en donde han caído los últimos años todas las causas sobre el Procés, también la del 9-N. Según su entorno, Hernáez recibe el encargo con “agobio”, pero con la confianza de que un asunto complejo como este se resuelve “con la aplicación de la ley”. En su comparecencia en el Senado, subrayó que no tenía “perfil político”.

Fuentes consultadas explican al ARA que los cuatro consejeros que se tendrán que pronunciar sobre esta causa no han hablado “a fondo”. De hecho, como todavía no es oficial su asignación a cada departamento, todavía no han tenido acceso a las actuaciones. Una vez sea nombrada, Hernáez repasará todos los autos anteriores para ponerse al día, dado que la información que tiene hasta ahora es la que ha podido leer en los medios de comunicación.

El nuevo fiscal jefe

Habrá todavía una quinta persona con incidencia en la causa sobre el 1-O y Exteriores, el fiscal jefe. Miguel Ángel Torres ha dejado vacante el lugar para ser nombrado consejero –no había pasado nunca antes– y ahora la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tiene que nombrar a uno nuevo. El pasado miércoles se abrió la convocatoria pública, y fuentes del tribunal sitúan a un mínimo de dos personas que presentarán candidatura. Una es el teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, y la otra es el también fiscal de la institución Carlos Castresana, exfiscal del Supremo y de Anticorrupción. Castresana, conocido por haber abierto la investigación por corrupción del expresidente del Atlético de Madrid y exalcalde de Marbella Jesús Gil, tendría una inclinación más progresista que podría darle más opciones de ser el escogido, afirman fuentes consultadas. El nuevo fiscal jefe tendrá que decidir si mantiene la acusación contra la treintena de ex altos cargos de la Generalitat o bien la retira.

Todavía quedan algunas semanas para que todo esto se vaya desencadenando. Lo más inmediato en el Tribunal de Cuentas ha sido la incorporación de la periodista de TV3 en Madrid Yolanda López como nueva jefa de comunicación, hecho que ha levantado algunos recelos entre los funcionarios más conservadores, según aseguran fuentes del organismo. Este lunes se repartirán los departamentos y, más allá de enjuiciamiento, en fiscalización la distribución queda así: Javier Morillas en el área de administración económica del Estado; Joan Mauri en el área política-administrativa del Estado; Isabel Fernández en el área de la administración sociolaboral y de la Seguridad Social; José Manuel Otero en empresas estatales, entidades públicas y fundaciones; Luis Antonio Ortiz de Mendívil en el área de comunidades autónomas, y Miguel Ángel Torres en la de entidades locales.