García-Castellón contraataca por esquivar el último retoque de la ley de amnistía
El juez del caso Tsunami especula si los manifestantes de Urquinaona querían matar a policías que resultaron heridos
MadridEl PSOE y los partidos independentistas se mueven y Manuel García-Castellón replica. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Tsunami Democrático ya no se esconde de sus maniobras para intentar esquivar la aplicación de la ley de amnistía, tal y como ha demostrado con un nuevo auto de este miércoles —conocido este jueves— en el que confirma la personación de dos policías heridos durante las protestas postsentencia. El magistrado recuerda que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acudió al hospital a visitarlos, después de resultar lesionados durante los disturbios del 18 de octubre de 2019 en Barcelona. "No se puede minimizar esta acción ni el resultado grave que ocasionó, incompatible con el derecho a la vida y la integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y del que podrían ser partícipes los investigados".
La parte relevante es la mención en el artículo 2 del CEDH, justamente uno de los que se incluyeron en las enmiendas a la ley de amnistía aprobadas el martes en el Congreso. El acuerdo entre PSOE, ERC y Junts consistió en excluir de la amnistía aquellos casos de terrorismo que, "de forma manifiesta y con intención clara, hayan causado violaciones de derechos humanos y, en particular, las previstas en los artículos 2 y 3 del CEDH". El artículo 2 habla del derecho a la vida. Así pues, ahora García-Castellón plantea la posibilidad de que hubiera intención de matar a los agentes lesionados y ve necesario esclarecer si los organizadores de Tsunami Democrático pueden ser responsables.
"Como consecuencia de la brutalidad del impacto se produjo la fractura del casco protector de uno de los agentes, que se desplomó en el suelo, inconsciente, y sufrió las lesiones [...] que le han inhabilitado para el ejercicio de su profesión. efectuado ninguna diligencia de instrucción, no haber podido escuchar al perjudicado —ha acordado citar a declarar a los dos policías dentro de unos días—, ni haberse realizado informes forenses, no puede inferirse si por el tipo de objeto que se lanzó, el lugar en el que se recibió el impacto, la posición del agresor o cualquier circunstancia periférica concurrente, podría percibirse un ánimo de lesionar u homicida", dice el magistrado.
Estos fragmentos son de una resolución que rechaza un recurso de una de las investigadas, Marta Molina, que se oponía a la personación de estos policías porque argumentaba que las protestas de Urquinaona en Barcelona fueron convocadas por los CDR, y no por Tsunami Democrático. Ese día, el 18 de octubre de 2019, la plataforma convocó una huelga de país con un alto seguimiento y, tal y como había sucedido los días anteriores, los CDR promovieron que la jornada terminara en la Via Laietana, que acogió la noche de altercados más intensos de aquel ciclo de protestas. En el auto de imputación de Carles Puigdemont y Marta Rovira, ya mencionaba aquellos hechos, si bien no hacía mención al artículo 2 del CEDH. Sí se refería a la directiva europea 2017/541 de lucha contra el terrorismo, que también aparece en la proposición de ley de amnistía.
"Otro despropósito. Ya no viene de uno", ha reaccionado la portavoz adjunta de 'ERC en el Congreso, Teresa Jordà, tras conocer el último escrito del juez. Desde Junts, hicieron énfasis en un escrito de este miércoles de García-Castellón en el que confirma a la defensa de Puigdemont que le investiga desde el 6 de noviembre.tal y como ya era conocido porque es el día que emitió el auto de imputación— y añade también que no había remitido ninguna comunicación a la Eurocámara para hacerlo. "Justamente, cuando se empezaba a negociar la ley de amnistía", afirmó el portavoz juntero, Josep Rius, quien afirmó que "esto no es una agenda judicial, sino política". "Habría que inhabilitarlo", consideró.
¿Más cambios en la ley?
Habrá que ver si las fuerzas independentistas convencen ahora al PSOE de volver a modificar la ley de amnistía de aquí al 30 de enero, el día en que está prevista la votación definitiva en el Congreso. El planteamiento de Junts y ERC es directamente eliminar el delito de terrorismo del apartado de exclusiones, si bien los socialistas han dejado claro en los últimos días que no estaban dispuestos a ello. En Ferraz creen que el empeño de García-Castellón de descarrilar la amnistía es tal que más cambios en el redactado no serían útiles. Pero el magistrado no está solo en la Audiencia Nacional. Enrique López, exconsejero en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado en una conferencia organizada por Confilegal que con el redactado actual todos los casos de terrorismo siguen excluidos de la ley.
Los nuevos movimientos de García-Castellón coinciden con la defensa abierta por parte del PSOE que no ha habido terrorismo en el proceso. Un posicionamiento que le ha generado un enfrentamiento directo con el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page. También han chocado el Senado y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien en su primer día en el cargo tras tomar posesión ha enviado una carta al presidente de la cámara alta, Pedro Rollán, comunicándole que el ministerio público no realizará el informe sobre la amnistía que le ha solicitado porque, asegura, no tiene competencias. La tensión entre los poderes del Estado por la amnistía es total.
