Un miembro de la junta de Òmnium se exilia en Suiza por la causa de Tsunami Democrático

BarcelonaA mes y medio de la aprobación definitiva de la amnistía, la causa contra Tsunami Democrático suma un nuevo exiliado: es el miembro de la junta directiva de Òmnium Oleguer Serra, que se ha instalado en Suiza ante el riesgo que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón le envíe a prisión. "Llevo casi seis meses en el exilio perseguido por mis ideas y porque soy un independentista catalán", ha explicado Serra en una declaración con el resto de la junta de la entidad en Perpiñán y exdirigentes como Jordi Cuixart. Lo ha hecho junto a su presidente, Xavier Antich, quien ha denunciado la "persecución política" tras el caso Tsunami y ha anunciado que la entidad pone en marcha una campaña para convertir el exilio en una "estrategia de trabajo internacional".

De hecho, el juez dio este martes 24 horas a los investigados para que informen de dónde viven, justo un día después de que el Supremo citara a declarar por videoconferencia a los dos imputados aforados a la causa: el expresidente, eurodiputado y candidato Carles Puigdemont y el diputado de Izquierda Ruben Wagensberg, ambos en el exilio. Wagensberg también se marchó a Suiza, como Marta Rovira –también investigada en la causa–, y pidió la baja médica por problemas de ansiedad a causa de su situación judicial. Todo ello en una investigación que la Audiencia Nacional abrió hace cuatro años y que se aceleró a finales de 2023, cuando empezaron las negociaciones sobre la amnistía. Tanto la decisión de Serra de exiliarse como esta campaña han sido consensuadas con el resto de investigados, según ha explicado Antich. Su abogado, Olivier Peter, considera que el riesgo de una "detención arbitraria" para los imputados está vigente y ha acusado a la justicia española de utilizar medios ilícitos como el espionaje en una causa general contra el independentismo.

Hay una docena de personas investigadas en la causa de Tsunami Democrático. ¿Qué es lo que se les atribuye? La Audiencia Nacional los considera el cerebro de la organización tras las protestas contra la sentencia del Proceso en el 2019, y en la que García-Castellón ve indicios de un delito de terrorismo. El juez sostiene que se trataba de una organización "estructurada y jerarquizada" cuya finalidad era "subvertir el orden constitucional y desestabilizar económica y políticamente el Estado". "El análisis de los hechos expuestos no permite excluir, en absoluto, que Tsunami pudiera tener la consideración de grupo terrorista", mantuvo el juez. Hoy, Serra arremetió contra esta imputación "insólita, inverosímil y ridícula" contra una acción de desobediencia civil pacífica y "ejemplar". "La Audiencia Nacional utiliza el Código Penal para criminalizar el independentismo", ha añadido el presidente de Òmnium.

En el caso concreto de Oleguer Serra, socio de Òmnium desde hace 25 años, la Guardia Civil le atribuye un papel en la coordinación de la estrategia de comunicación de las protestas de Tsunami, desde el corte de la AP-7 hasta el intento de bloqueo de Barajas. En paralelo a las negociaciones sobre la amnistía, el instructor ha maniobrado para intentar hacerles responsables de la muerte de un turista francés en un ataque al corazón durante las protestas en el Aeropuerto de Barcelona, ​​lo que podría poner en riesgo que se les aplicara el olvido judicial (aunque la versión aprobada en el Congreso exige que el acto fuera considerado doloso para que opere la exclusión: es decir, con un resultado de muerte buscado e intencionado). El instructor también ha insistido reiteradamente en que los disturbios durante las protestas entran dentro de la definición de terrorismo que hace la directiva europea, el instrumento normativo de referencia que utiliza la ley de amnistía para establecer qué terrorismo no puede ser amnistiado.

¿Qué harán los demás investigados?

Entre los investigados del caso Tsunami se encuentran el periodista Jesús Rodríguez y el activista Josep Campmajó: precisamente, los grupos de apoyo de ambos han convocado ruedas de prensa este jueves para informar de las novedades en su situación. También siguen investigados el empresario Oriol Soler, que lleva vida normal en Catalunya, y el exconseller de Esquerra y empresario Xavier Vendrell, que va y viene desde Colombia, donde trabaja como asesor del presidente Gustavo Petro. Pese a vivir parte del año en el extranjero, Vendrell ha comparecido siempre que la justicia le ha citado. Josep Lluís Alay, mano derecha de Puigdemont, tiene previsto seguir viviendo en Catalunya y se recupera del aneurisma que sufrió a principios de febrero.

Si se cumplen los pronósticos de Esquerra, Junts y el PSOE, la causa de Tsunami Democrático debería quedar archivada cuando la ley de amnistía entre en vigor. Este caso fue uno de los que hizo que se alargaran las negociaciones sobre la ley y que Junts votara en contra en la primera votación en el pleno del Congreso –Juntos también tenía dudas sobre el caso Volhov y los CDR, a punto de ir a juicio–. Hoy Serra ha querido solidarizarse con el resto de encausados. "No he venido al exilio a defenderme de nada. Hay que acusar al Estado", ha reivindicado. Los abogados de Òmnium consideran que su caso está "plenamente incluido" en la amnistía, aunque recelan de la aplicación que puedan hacer los tribunales.

Tras el anuncio, se han solidarizado con Serra dirigentes de todo el independentismo. Uno de los que lo ha hecho ha sido Puigdemont, quien ha defendido que "manifestarse no es terrorismo", como tampoco lo es reivindicar el derecho de autodeterminación, ha dicho.

Por parte de ERC, trasladó su apoyo a Serra el dirigente Josep Maria Jové, que también tiene pendiente una causa por el 1-O que debería quedar archivada con la amnistía.