Orden y seguridad: la receta del PSC para marcar perfil frente a Aragonés (y la derecha)

BarcelonaEn la negociación presupuestaria de 2023, el PSC puso el foco en las grandes infraestructuras –como la B-40 y el aeropuerto– y el proyecto del Hard Rock en Tarragona. Un año después, y mientras se afana para que el Gobierno cumpla el compromiso de desatascar al macrocasino, sobre la mesa sitúa tres carpetas diferentes: educación, vivienda y seguridad. Esta última está en el centro de la acción política de los socialistas desde hace tiempo, y es una prueba de que el propio Salvador Illa solicitara celebrar un pleno extraordinario sobre seguridad en el Parlament en noviembre, una iniciativa que hasta entonces sólo había pedido Vox (sin éxito). Fuentes socialistas consultadas por el ARA defienden que están dando peso parlamentario a un tema que preocupa al mundo local, como ya identificaron en las municipales. Seguridad y limpieza fueron los dos principales ejes de su campaña. El orden y la seguridad aparecen ahora como la receta del PSC para hacer agujero electoral a un año de las catalanas.

Para los socialistas, la negociación de presupuestos ofrece una oportunidad de marcar perfil distanciándose de los discursos de PP y Vox, que han hecho de la lucha contra la inseguridad una de sus banderas, pero sin caer en el "buenismo". Entienden que hay que ofrecer una visión alternativa desde la izquierda, que le enmarque como una política que mejore la convivencia y la entienda como un derecho social más. Las fuentes consultadas señalan que Núria Parlon, "una de las personas más a la izquierda del partido", es precisamente quien se ocupa de esa cartera. Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, prometió "mano dura" con las ocupaciones, de las que se encarga una unidad antiokupa de la policía local (medida que, por cierto, ha copiado Xavier Garcia Albiol en Badalona).

"ERC está secuestrada o enamorada de la CUP"

El PSC argumenta que ha escogido poner el foco en la seguridad en esta negociación de presupuestos "porque es uno de los grandes problemas que tiene Catalunya y los datos lo demuestran", según afirman fuentes del grupo parlamentario, que reiteran que su apoyo a las cuentas no está garantizado. Tras intensificar las conversaciones con el Gobierno, trabajan ahora en un decálogo sobre seguridad con demandas de presupuesto, de modificaciones legislativas y de compromisos políticos El objetivo es hacer virar una gestión y un modelo que consideran equivocado, como ejemplo, señalan la retirada del Govern como acusación particular contra manifestantes en defensa de agentes de Mossos, una deuda de investidura de Pere Aragonès con la CUP "El Gobierno de ERC aún está secuestrado, o enamorado, de la CUP en materia de seguridad", lamentan, lo que a su juicio tiene consecuencias: el "malestar" en el cuerpo de Mossos y en el mundo local se mezcla con un "clima de laxitud" social, que se traduce en un aumento de la delincuencia y el incivismo.

Pero si en el partido hay algo claro es la necesidad de desvincular cualquier debate sobre seguridad del de la inmigración. Los socialistas lamentan que Junts haya reclamado las competencias para facilitar la expulsión de inmigrantes irregulares reincidentes, y ven un intento de arañar "cuatro votos" teniendo en cuenta que la extrema derecha de Aliança Catalana los desbancó de Ripoll. En esto hay plena coincidencia en las dos familias del grupo parlamentario: tanto PSC como Unidos por Avanzar están de acuerdo en que es necesario abordar la multirreincidencia a partir de una reforma legal en el Congreso y con más medios para la justicia. En esta causa está también el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien así lo ha trasladado recientemente al ministro de Justicia, Félix Bolaños.