A falta de que lo certifique la directora del CNI ante la comisión de secretos oficiales del Congreso, todo apunta que Pablo Lucas Murillo de la Cueva (Salamanca, 1954) autorizó pinchar los teléfonos de personas vinculadas al independentismo. Quienes conocen a este magistrado de la sala tercera del Tribunal Supremo aseguran que es una persona “moderada y sobria” sin tendencia a “levantar la voz”, pero el Catalangate le ha dado protagonismo. Las fuentes consultadas descartan una actuación inadecuada en relación a este episodio, dado que coinciden en enaltecer su categoría como juez. “Es un magnífico profesional y un jurista competente”, anota en conversación con el ARA el catedrático de derecho constitucional por la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo.
Por ley, Lucas no puede revelar sus actuaciones como juez que autoriza las peticiones del CNI para intervenir comunicaciones y violaciones de domicilio. Lo que sí que dejó escrito en 2019 en un artículo para la revista Gladius et Scientia del Centro de Estudios de Seguridad es que estas “facultades y métodos de acción extraordinarios” que implican vulnerar derechos fundamentales “solo se tienen que producir cuando no sean suficientes los medios encomenderos de los cuales se vale el Estado”. “Los preceptos legales que identifican sus objetivos [del CNI], delimitan sus ámbitos de acción y definen sus funciones, tienen que ser interpretados de manera restrictiva”, añadía.
Entre 1996 y 2001 fue jefe de gabinete del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado, que había sido magistrado del Constitucional a propuesta del PP. Lucas, sin embargo, no está adscrito a ninguna asociación de jueces, si bien en las elecciones para ser escogido vocal de la sala de gobierno del Supremo siempre se ha presentado en la lista alternativa a la que impulsa la conservadora APM. Fuentes del Supremo verían “forzado” situarlo en el bloque progresista y Pérez Royo cree que el espectro político que le correspondería es el de la UCD si todavía existiera.
A diferencia suya, su padre –que fue uno de los fundadores del Partido Socialista Popular (PSP) con Enrique Tierno Galván–, Lucas “no tiene perfil político”, resuelve el exdiputado del PNV en el Congreso Emilio Olabarria, que coincidió con él en el CGPJ. Miembro del tribunal de oposición que dio plaza de profesora de derecho a Carmen Calvo en la Universidad de Córdoba, Lucas autorizó también la exhumación de Francisco Franco que preparó la ex vicepresidenta española. Su hermano, Enrique, es vocal del CGPJ a propuesta del PNV.
![El presidente Puigdemont abrazándose ayer con su esposa, Marcela Topor, bajo la mirada del presidente saliente, Artur Mas.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)
