Víctimas ‘colaterales’: el espionaje más allá de la primera línea política

BarcelonaEntre las más de sesenta personas que Citizen Lab ha acreditado que fueron espiadas en el marco del Catalangate hay cuatro presidentes de la Generalitat y decenas de cargos de partidos y entidades independentistas. Pero el alcance del escándalo va más allá de la primera línea política. Entre los dispositivos infectados constan los de varios familiares, abogados, empresarios, informáticos y otras personas en la órbita de las caras visibles del movimiento. Son víctimas colaterales que evidencian el carácter masivo del espionaje.

1.

Txell Bonet: “Cuando se ataca a personas como yo es que se está persiguiendo a todo un movimiento”

A la periodista Txell Bonet le infectaron el teléfono en junio de 2019, pocos días antes de que su pareja, Jordi Cuixart, pronunciara su alegato final en el juicio del Procés. “Era una manera de acceder a Jordi y a todo su entorno, que me explicaba como estaba preparando su defensa. Todo pasaba por mí”, señala. Y, a pesar de que hacía tiempo que sospechaba que era víctima de escuchas, esto no le resta “indignación y tristeza”. Por un lado, explica, por el ataque al “derecho a la defensa” del ahora expresidente de Òmnium, pero también por la vulneración de su intimidad y actividad profesional: “No tengo nada que esconder, pero esto es una violación”. Muy crítica con el uso contra el independentismo de aplicaciones pensadas para casos de crimen organizado o terrorismo, apuesta por denunciar una causa general en “todas las instancias”: “Cuando se ataca a personas como yo o a los abogados es que se está persiguiendo a todo un movimiento”.

2.

Joan Matamala: “Yo no tengo ninguna capacidad de influencia o decisión política”

Presidente de la Fundación Llibreria Les Voltes, Joan Matamala siempre se había sentido “vigilado”. Activista en la clandestinidad durante el franquismo, al inicio del Procés se implicó en el impulso de la ANC y es militante de Junts, pero remarca que no tiene “ninguna capacidad de influencia ni decisión política”. Hermano de Jami Matamala, colaborador de Carles Puigdemont, dice que los espías “han fallado el disparo” si buscaban información sobre el expresidente: “Hace casi tres años que no lo veo ni hablo con él”. Detrás de las 16 infecciones con Pegasus en su móvil (agosto 2019-julio 2020) y el ataque con Candiru en el ordenador ve un interés en la tecnología de voto digital que desarrolla la Fundación Nord, la cual dirige. “Cualquiera que quiera hacer una consulta podría disponer de una herramienta inatacable”, explica. Dispuesto a judicializar el caso para poner “contra las cuerdas” a un Estado que “no es ni tiene intención de ser democrático”, procura que no le afecte el espionaje: “Si nos dan miedo, nos han vencido”.

3.

Marcela Topor: “Es evidente que me espiaron para espiar a Carles y su entorno”

Hacía tiempo que recibía mensajes sospechosos, pero los dos ataques detectados en su móvil con Pegasus se consumaron en octubre de 2019 y en enero de 2020. En aquellas fechas la periodista Marcela Topor estaba con su familia en Bélgica, donde está exiliado su marido, el expresidente Puigdemont. El objetivo, en este sentido, lo ve evidente: “Me espiaron para espiar a Carles y su entorno”, afirma, y admite sentirse “indignada e indefensa” como víctima de una situación injusta: su persecución y vulneración de derechos fundamentales por el hecho de ser “la pareja de un político independentista”. A través de su teléfono pudieron escuchar y grabar sus conversaciones sobre temas personales, pero también políticos y de cuestiones jurídicas o de las perspectivas que había en cada momento, reconoce. “No solo violaron nuestra intimidad, sino la de mucha más gente”, remarca, y añade que el espionaje ha alterado su “libertad” y “normalidad”. En el espionaje masivo del Catalangate ve un “comportamiento criminal” por parte del Estado que tiene que ser castigado. “Si esto falla, ¿quién puede estar seguro de que no lo están espiando o no están fabricando pruebas e informes falsos para atacar su reputación o incriminarlo de algún delito?”, se pregunta.

4.

Andreu Van den Eynde: “Investigar a abogados es injustificable”

“Este Estado funciona como la dictadura”. Es el primer pensamiento que se le pasó por la cabeza a Andreu Van den Eynde cuando le confirmaron que en mayo de 2020 su móvil había sido infectado. Como abogado de los presos políticos de ERC se hubiera podido esperar ser víctima de escuchas, pero no de un malware con la capacidad de Pegasus. Como letrado, y también como profesor de ciberdelincuencia, siempre había tomado precauciones con el uso de la tecnología, pero el ataque lo recibió en pleno confinamiento total: “Nos convertía en un objetivo perfecto. Todo lo hacíamos por teléfono”. Entonces ya se había dictado la sentencia del Procés, de forma que le pudieron interceptar conversaciones sobre futuros recursos o sobre temas penitenciarios. “Querían espiar a mis clientes y seguramente también el exilio”, dice en relación con la defensa de Marta Rovira. Denuncia que el hecho de investigar a abogados es un “punto de inflexión” que hace todavía más “injustificable ” e “ilegal” la operación de espionaje. “Esto no lo podrán justificar en la vida. Nadie se los creerá”, remarca, a la vez que reconoce que no lleva bien el hecho de ser “víctima”. “Yo no voy a asambleas ni diseño estrategias políticas [...]. Y esto desatina mucho mi dinámica profesional y personal”.

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