Pague, pague, malditos
MadridMientras crecen las incógnitas y la preocupación sobre las propuestas de la nueva administración estadounidense, en el Parlamento español ha surgido una extraña carrera por ver quién tiene más conciencia social. Todo ello abre una etapa de incertidumbres y desorden que no parece tener muy buen pronóstico. Las iniciativas de Donald Trump me han hecho pensar estos días en una famosa secuencia deEl gran dictador, de Charles Chaplin, donde el actor, provisto de un uniforme y un bigotito hitleriano, juega con una gran bola del mundo, moviéndola caprichosamente de aquí para allá. Es difícil prever hasta dónde puede llegar la guerra comercial de los aranceles, pero sospecho que Europa será más capaz de defender sus intereses económicos que de ser coherente con el camino que había emprendido en materia de política exterior, apoyando a Ucrania y otros países que, como los bálticos, consideran comprometida su seguridad por el desafío del expansionismo ruso, de la mano de Puman. Ahora bien, temo mucho que al final habrá que ser realistas. Entiendo que el gobierno español quiera mantener el discurso de solidaridad con el régimen del presidente Zelenski, sobre todo después de lo que le costó arrancar, cuando aún dudaba si enviar material bélico –letal, se llamaba, como si pudiera ser de otro tipo– para apoyar a los ucranianos y para defender la integridad territorial de su país.
Todavía recuerdo el aplauso generalizado del Congreso de los Diputados cuando el presidente de Ucrania, en conexión telemática desde Kiiv, pidió ayuda a España mencionando el bombardeo de Gernika por parte de la aviación alemana, en abril de 1937, en plena Guerra Civil. Fue emocionante, en un país que hizo del regreso del famoso cuadro de Picasso dedicado a esa masacre un símbolo de su recuperación democrática. Ahora será difícil aceptar un acuerdo de paz que implique a la división territorial de Ucrania y asumir la debilidad europea a la hora de proporcionar seguridad a los países que, como Polonia, o los mencionados bálticos o los escandinavos, se sienten amenazados si esta vez Putin alcanza sus objetivos, aunque sea parcialmente. Estos días también he recordado la gran estatua al soldado ruso que se erigió en la localidad noruega de Kirkenes, en recuerdo de la expulsión de los nazis. Pasé por ese lugar después de un congreso de pueblos indígenas que se celebró en Tromso, en los años noventa. La estatua no estaba muy lejos de la frontera con Rusia. Esa imagen era el símbolo de la liberación durante la Segunda Guerra Mundial. Qué contraste con la realidad actual. Ojalá Josep Borrell hubiera podido mantenerse un tiempo más como alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Tendríamos una voz firme en defensa de Europa como principal actor en cualquier proceso de paz para Ucrania.
Se suele decir que las crisis también son oportunidades, pero si tienen que venir provocadas por dirigentes del perfil de Donald Trump, mejor si pudiéramos ahorrarlas. A efectos de política interior, en todo caso, es curioso cómo ha reaccionado el gobierno de Pedro Sánchez, intentando defender más que nunca las líneas de actuación de un modelo socialdemócrata clásico. Todos los discursos del líder socialista durante el mes de enero, y lo que llevamos de febrero, han sido para reivindicar una voluntad reformista buscando objetivos de igualdad y justicia social. Y esto en paralelo a advertencias continuas sobre los riesgos que corren los sistemas democráticos si los gobiernos van quedando en manos de una "tecnocasta" como la que rodea a Trump. Si ya nos habían avisado muy en serio de los peligros que supone el auge de la extrema derecha en Europa, el añadido de la evolución de la democracia americana hacia un modelo de "acción directa" y manipulación de las redes, resulta aún más inquietante. Por eso Sánchez ha querido recordar las condiciones generales de la ley democrática socialmente comprometida. Pero se ha encontrado una competencia previsible y otra inesperada.
La polémica por la tributación del salario mínimo
Todo el conflicto sobre el aumento del salario mínimo y la controversia paralela sobre el pago de impuestos correspondiente por parte de los beneficiarios es una especie de segundo capítulo de la serie que comenzó con el decreto ómnibus que llevaba en la barriga el incremento de las pensiones. En ese primer episodio el PP se equivocó al no apoyar la propuesta del PSOE, cuyo Feijóo aparentemente se acercaba a Junts para hacer una pinza de castigo al gobierno. Los populares fallaron el penalti y tuvieron que ir a recoger el balón votando un decreto más reducido pactado por socialistas y junteros. No me extraña que José Félix Tezanos, presidente del Centro de Estudios Sociológicos (CIS), haya sacado zumo de la situación por vía de una encuesta que da al PSOE una ventaja de más de cinco puntos sobre el PP en intención de voto. No sé si acierta en los pronósticos, pero Tezanos disfruta enormemente en la cocina de los datos y las investigaciones sociológicas. La encuesta se realizó en días en los que la polémica sobre la reducción de la jornada laboral ocupaba las primeras páginas, y todo ayuda. El resultado es un sentimiento de culpa de los populares que les ha llevado a apresurarse por recuperar posiciones en la clasificación de partidos con discurso y sensibilidad social. La oportunidad ha llegado de la mano del aumento del salario mínimo y la subsiguiente controversia sobre la declaración del IRPF por parte de los beneficiarios de la mejora.
Lo más espectacular ha sido la escenificación de la polémica que nos proporcionaron la vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y la ministra portavoz del gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa del consejo de ministros. En este asunto, yo estoy con Unai Sordo, el secretario general de CCOO, quien dijo que el conflicto podía haberse evitado perfectamente. Dudo de que Sumar consiga réditos electorales con peleas de este tipo en la coalición de gobierno. Y si ver al PP con Junts ya era chocante, contemplar ahora a los populares alineados con Sumar también es curioso. Entiendo a la vicepresidenta Maria Jesús Montero, titular de Hacienda, cuando dice que no quiere dejar asentado el principio de que el salario mínimo no paga IRPF, pero tiene mala pieza en el telar. No la salvará ni el grito de Trump para imponer aranceles, aquel que parafraseando el título de una conocida película de Sydney Pollack, dice "pague, pague, malditos".
