"Si el Parlament aprueba la reforma de esta ley, el TSJC no lo podrá ignorar"

BarcelonaEl director del Instituto de Estudios del Autogobierno (IEA), Joan Ridao, está convencido de que la reforma de la ley de Política Lingüística puede ser un dique de contención para parar la sentencia que obliga a la Generalitat a hacer un 25% de castellano en la escuela. "Si el Parlament aprueba esta ley, el Tribunal Superior de Justicia no lo podrá ignorar", afirma al ARA. De entrada, porque, a pesar de que no salgan porcentajes, la nueva ley estaría regulando el peso de las lenguas en la escuela, que Ridao recuerda que es lo que "hace años que los jueces reprochan a la administración que no esté haciendo". "Vamos a regular lo que hasta ahora han dicho que nunca se ha dejado suficientemente claro en la ley", dice.

Además, considera que al ser una ley y no un decreto tiene una protección especial porque solo se podría impugnar "a través de un recurso o cuestión de inconstitucionalidad ante el Constitucional". "No es verdad que esta ley acabará en manos del TJSC, es una ley que solo puede ir al TC", afirma. Entonces habría que ver si habría mayoría suficiente en las Cortes españolas para llevarlo al Constitucional, lo que no parece nada probable si el PSC y los comunes votan a favor de esta reforma, tal como se había anunciado.

Otro argumento que añade Ridao para aprobar los cambios en la ley de Política Lingüística es dar un tipo de escudo jurídico al conseller de Educación en caso de que lo denuncien por desobediencia. "Si alguna entidad considera que la Generalitat no está cumpliendo la sentencia e incoa un procedimiento penal contra el conseller, este se puede afrontar con más garantías después de haber aprobado esta ley", apunta Ridao.

Para el director del IEA, no aprobar la reforma supone "validar que los tribunales configuren la doctrina" sobre los usos lingüísticos en las escuelas. "La nueva normativa tendría que impedir que los tribunales continúen adoptando decisiones que determinen el sentido de las políticas públicas, educativas y lingüísticas que corresponde adoptar a la Generalitat", afirma.

Críticas al TSJC

Ridao es muy crítico con las decisiones del TSJC sobre este caso: considera que "no le corresponde" fijar que el peso del castellano en la escuela tiene que ser de un 25% y que nunca se había visto una petición de ejecución forzosa resuelta con tanta celeridad. Y sobre este auto también añade que es muy discutible el papel que se le atribuye a la alta inspección –vigilar el cumplimiento de una sentencia no forma parte de las funciones de este cuerpo de funcionarios–, así como el hecho de hablar de asignaturas troncales cuando ya no existen en la nueva ley de educación.

De hecho, el director del IEA considera que la ley Celaá es un argumento más para incluir en el recurso que está preparando el departamento de Educación para evitar la aplicación de la sentencia: "La Lomloe configura un marco normativo diferenciado y diverso respecto de aquel que era vigente durante la resolución del contencioso. La nueva regulación presenta un redactado más abierto y se centra en objetivos como que al finalizar la educación básica los alumnos logren el dominio pleno en lengua castellana, pero dejando en manos de las administraciones educativas la determinación de los instrumentos para lograr este objetivo", dice Ridao en un documento sobre los motivos para aprobar la reforma de la ley del catalán.