Privilegios en el Parlament: la cámara paga 1,7 millones de euros anuales a funcionarios que ya no trabajan en él

BarcelonaDos ex secretarios generales del Parlament de Catalunya y diecinueve funcionarios más de la cámara cobran prácticamente el 100% del sueldo a pesar de que ya no ocupan su puesto de trabajo. Se trata de un régimen especial que se denomina “licencia por edad” y que existe  solo para los trabajadores del Parlament de Catalunya desde el año 2008. Un privilegio inaudito que no tiene comparación en el mercado privado común ni en la administración de la Generalitat, y que hasta ahora se podía solicitar cuando los trabajadores cumplían los 60 años y llevaban más de quince en la administración parlamentaria para disfrutar hasta la jubilación. Según ha podido saber el ARA a raíz de una petición de transparencia hecha el mes de abril del año pasado y entregada recientemente, hasta 21 funcionarios del Parlament están acogidos a esta figura, el sueldo de los cuales suma 1,7 millones de euros anuales (véase el gráfico).

La mitad de las personas en licencia por edad son funcionarios de los rangos más altos de la cámara (A1), que se llevan la parte más grande del pastel. Las cifras individuales son dispares porque dependen de la categoría del funcionario, pero de media las retribuciones más bajas van desde casi los 4.000 euros al mes por catorce pagas –ujieres, auxiliares o telefonistas– hasta los 10.000 euros mensuales en el caso de los ex secretarios generales o ex jefes de departamento. O lo que es lo mismo: entre 56.000 y 140.000 euros el año sin trabajar durante un máximo de cinco años. Algunas de estas retribuciones pueden superar la de los consejeros del Govern  –115.517 euros el año– y altos cargos –92.063– e incluso la del president de la Generalitat, Pere Aragonès –130.250–, y se sitúan muy cerca del de la presidenta de la cámara, Laura Borràs –155.570–. Sería el caso de los dos exletrados que están acogidos en licencia por edad y que ocuparon el máximo cargo a la administración parlamentaria: Imma Folchi, que fue secretaria general del Parlamento entre 1999 y 2015, y Pere Sol, que ocupó el mismo cargo del 2015 al 2016. Este diario se ha intentado poner en contacto con ellos, sin éxito, a través del departamento de comunicación del Parlamento .

La licencia por edad es un régimen especial en el que el trabajador mantiene su condición de funcionario a pesar de que no vaya a trabajar: no solo se le continúa pagando el sueldo sino que se le sube para no perder poder adquisitivo, continúa acumulando trienios y se le mantienen las cuotas a la Seguridad Social porque no lo afecte a la hora de jubilarse. Es beneficioso para la persona que se acoge pero tiene efectos contraproducentes para la administración. Más allá del gasto público que comporta, la plaza no se puede cubrir hasta que el funcionario en licencia por edad se jubila, de forma que si faltan recursos humanos se tiene que ampliar la plantilla y, por lo tanto, el gasto. La licencia por edad está regulada a los estatutos internos de la cámara, que fijan las condiciones de los trabajadores. Este reglamento acostumbra a pasar desapercibido y a lo largo de los años se han ido mejorando las condiciones a través de un pacto entre los trabajadores del Parlamento representados en el consejo de personal –el equivalente al comité de empresa– y los políticos de turno que ocupaban los lugares a la mesa de la cámara.

250.000 euros para el jefe de los letrados

El caso de la licencia por edad es lo más chocante, pero hay otros beneficios: la prima de jubilación, que consiste al percibir un año entero de sueldo cuando el trabajador se jubila –a pesar de que los que están en licencia por edad no la reciben completa–, o los trienios, es decir, la retribución que reciben los funcionarios por antigüedad. A diferencia de lo que paga la Generalitat a sus funcionarios –una cantidad fija que este 2022 serán 47,67 euros al mes por los empleados de más rango–, al Parlamento por cada tres años trabajados a la administración se aplica un aumento del 5% el sueldo. Si se llevan muchos años de funcionario se trata de una parte muy importante del salario, que no se publicita argumentando que son datos de carácter personal. En el caso de la secretaría general del Parlamento , sin embargo, se ha hecho una excepción por primera vez a petición de este diario al considerar que es un cargo de confianza de la mesa y de dirección pública. Así lo ha dictaminado el órgano de garantía de transparencia del Parlamento –a pesar de que en un primer momento se rechazó dar la información–, del mismo modo que considera que se pueden hacer públicos también los trienios que cobra el letrado mayor del Parlament (también elegido por la mesa).

Así, la cámara catalana ha facilitado lo que cobraba el secretario general en abril de 2021, Xavier Muro, ahora letrado raso: percibía 18.190 euros al mes, de los cuales 7.166 eran trienios. Es decir, de los 254.671 euros anuales, casi la mitad eran por antigüedad: 100.325 euros. Una retribución que casi duplica la del presidente del Govern. El sueldo de la actual secretaria general de la cámara, Esther Andreu, nombrada en junio , podría rondar la misma cifra, puesto que también entró hace más de treinta años como letrada, pero no se puede concretar porque la cámara solo ha facilitado datos de abril argumentando que es cuando se pidieron. Por este mismo motivo no se ha facilitado el sueldo del letrado mayor, que en abril estaba vacante: son 8.997 euros mensuales (125.959 anuales) por el cargo sumados a los trienios acumulados de la persona que lo ocupe.

A consecuencia de esta política de protección de datos del Parlament, tampoco se puede saber el sueldo exacto de las personas que están en licencia por edad y se tiene que hacer un cálculo aproximado. El Parlament ha entregado las retribuciones básicas y los complementos que perciben los funcionarios acogidos a este régimen, pero ha facilitado los trienios que cobran agrupando todos los empleados públicos del mismo nivel. Para calcular el sueldo real de los dos ex secretarios generales de la cámara, Folchi y Sol, el ARA ha estimado que por el tiempo que llevan en la administración podrían estar recibiendo unos 5.000 euros al mes por trienios –según fuentes parlamentarias– además de 5.729 euros mensuales para ser exletrados a pesar de que ahora no ocupen el puesto de trabajo. Folchi entró en 1981 como letrada –fue la primera mujer–, pero estuvo un tiempo en el Govern y en la empresa privada, mientras que Pere Sol fue letrado desde la década de los noventa, según varias fuentes. Para calcular los trienios hay que tener en cuenta que Muro, todavía activo como letrado, cobra 7.166 euros mensuales en concepto de antigüedad: sus trienios corresponden a haber entrado en Parlament de letrado el 1992 y haber estado los años previos en otras administraciones.

Cambios recientes

El origen de la licencia por edad se encuentra en 2008, cuando Ernest Benach (ERC) presidía el Parlament, acompañado de los vicepresidentes Ramon Camp (CiU) e Higini Clotas (PSC). Fuentes parlamentarias explican que en aquel momento se argumentó que serviría para dar incentivos a una administración con pocas posibilidades de ascender laboralmente y también para “rejuvenecer” el personal, a pesar de que las plazas en licencia por edad no se pueden ocupar formalmente porque todavía están en “servicios activos”. Las mismas fuentes también esgrimen que la introducción de esta figura se tiene que poner en contexto: era un periodo precrisis y no había la misma sensibilidad a la hora de gastar el dinero público.

Ahora bien, esta figura ha superado todos los tests de estrés hasta 2021, a pesar de las dificultades económicas de los últimos años y el hecho de que haya habido presidentes de varios colores políticos –Núria de Gispert, Carme Forcadell y Roger Torrent–. Solo el 2017, cuando Sol era secretario general, se redujo mínimamente una parte del porcentaje que se cobraba de los complementos específicos. La actual mesa del Parlament, presidida por Laura Borràs, después de que el ARA hiciera la petición en abril , ha introducido reformas que se aprobaron en la última mesa del 2021. Se modificó la licencia por edad para contribuir a la “contención económica” de la cámara y para que “no entorpezca la gestión de los recursos humanos” –el capítulo de gasto de personal funcionario fue de 12,9 millones el 2021–. Desde el 1 de enero del 2022 la licencia por edad se ha convertido en una especie de reducción progresiva de jornada por un plazo de cinco años, ligando el sueldo a la asistencia. En todo caso, hay una prórroga que hace que no afecte ni a las 21 personas que ya están en este régimen ni a las que lo pidieron el año pasado. Los trabajadores que lo soliciten entre el 2022 y el 2023 también pueden optar a una licencia a tiempo completo sin ocupar el puesto de trabajo, pero cobrando menos que ahora.