¿Qué partidos esconden sus contratos?

BarcelonaEn el escándalo de los carteles contra los Maragall y la estructura B, Esquerra se negó a publicar los contratos con sus proveedores, entre ellos Relevance, la empresa afín que pagaba a los militantes del partido para que hicieran acciones de contracampaña. Ahora bien, ¿qué hacen el resto de las formaciones políticas? ¿Hacen públicas las relaciones con sus proveedores? Según todos los expertos consultados, ésta es información que la ley de transparencia catalana obliga a publicar en las organizaciones políticas, ya que coinciden en que son datos necesarios para la fiscalización y la "prevención de la corrupción". Pues bien, ERC no es la única formación que no cumple lo que dice la norma; Juntos tampoco comunica a sus proveedores, ni al PP y Vox en Catalunya. Y Aliança Catalana tampoco, aunque asegura que solo tiene dos contratos de alquiler de sus sedes y tampoco detalla a sus proveedores. De hecho, no han facilitado estos datos a pesar de que el ARA se los ha solicitado a través de una solicitud a la Sindicatura de Cuentas.

¿Cómo lo justifican? Desde Esquerra declinan entregar ninguno de sus contratos basándose en el criterio interpretativo 5/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno –órgano que depende del gobierno español–, que dice que "los partidos sólo deben hacer públicos los contratos y convenios cuando se suscriban con una administración pública", una interpretación que se basa en la ley española y no la catalana, que ampliaba las obligaciones de transparencia. Junts responde con la misma negativa sin explicar cuáles son sus razones y se limita a decir que publican lo que "están legalmente obligados a publicar". El PP no ha dado ninguna respuesta a este diario y Vox se justifica aseverando que no tiene un NIF propio en Catalunya, pese a que opera y, por tanto, también está sometido a la legislación catalana.

El grado de transparencia es diferente en el caso del PSC, que sí tiene un apartado en su página web en la que dan a conocer a sus proveedores con información desde 2021 hasta 2023, mientras que los comunes y la CUP también han entregado los datos a este diario. La ley catalana obliga a los partidos a publicar la misma información que las administraciones (artículo 3.4), como los contratos suscritos, con la indicación del objeto, el importe de la licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para contratar y la identidad del adjudicatario y su duración, entre otras cosas. También deben hacer públicas las instrucciones de contratación en su página web.

En el caso de los socialistas, la última contratación que tienen en la web es la de los servicios de comunicación con Telefónica por un valor de 620.000 euros, u otra licitación de urgencia que hicieron por el suministro y la retirada de sillas por la Fiesta de la Rosa con Tandem Projects SL, con un coste de 96.000 euros. También consta el encargo de una encuesta sobre opinión pública catalana del año 2022 por 65.000 euros en el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) o la contratación de Takticom SL para la comunicación estratégica por 10.000 euros. En total, hay colgados nueve contratos. Los comunes no tienen la información actualizada en su página web –sólo existen datos hasta el 2021–, pero sí que han entregado la actualización a este diario.

Los de Jéssica Albiach, por ejemplo, tienen una contratación con Eco Taxi en 2023 con un coste de 17.222 euros, otra con la empresa de consultoría digital Ixiam Global Solutions SLU, de 22.100 euros, y servicios de entre 18.000 y 19.000 euros para la realización de vídeos. En total han destinado 95.161 euros a proveedores en el 2023. La CUP, a diferencia de estos partidos, no tiene contratos fijos porque trabaja con cantidades menores –casi no tienen facturas de más de 5.000 euros, apuntan fuentes cuperas–, pero también han facilitado sus proveedores, a los que piden presupuesto por cada encargo: Quesoni y Práctico Audiovisuales les montan escuelas de verano, actos, diadas y asambleas nacionales, mientras que para hacer cartelería y merchandising se dirigen a Foli Verd, Global Solutions.

¿Por qué es importante esta información

Pep Mir, especialista en transparencia, asegura que todos los partidos están obligados a comunicar sus contratos con empresas, así como los sueldos que cobran los directivos equivalentes a altos cargos, la relación de puestos de trabajo o los convenios, al igual que las administraciones . Ahora bien, también apunta que, si no cumplen con estas obligaciones, tampoco puede sancionarles ninguna autoridad. "Hay resistencias incomprensibles a la hora de enseñar determinadas cosas: el nombre del contratista debería tenerse colgado; no es un dato personal, es una obligación legal", se reafirma.

A su vez, la abogada y consultora sobre gobernanza Gemma Calvet coincide en que las formaciones deberían cumplir con todas las obligaciones de transparencia, predicar con el "ejemplo", y lamenta que, en su lugar, generalmente interpretan la transparencia como un "obstáculo" y no como un símbolo de "buena gobernanza". Mostrar con qué proveedores trabajan los partidos, remarca, también es una forma de prevenir los "conflictos de interés" y la "corrupción", ya que son elementos para fiscalizar después la contratación que realizan las mismas formaciones con las administraciones. "El rendimiento de cuentas debe ser completo –reivindica–, tanto con la militancia como con la ciudadanía".

La diferencia con la ley española

Álvaro González-Juliana, profesor de derecho administrativo de la Universidad de Extremadura, subraya la diferencia entre la ley de transparencia española y la catalana, ya que la de aquí en Catalunya –a la que están sometidos los partidos con representación en el Parlament– obliga a las formaciones políticas a ser transparentes en los mismos términos que la administración, también en la contratación con proveedores. Ahora bien, la ley estatal reduce esa obligación a los contratos con las administraciones. Esta diferencia es a la que se agarran buena parte de los partidos para no publicar toda la información, pese a que fueron ellos los que impulsaron la norma catalana.