El peaje que pagan los cargos públicos para financiar a los partidos

BarcelonaLa financiación de los partidos políticos es siempre un tema espinoso. El sostenimiento de estas organizaciones, claves en democracia, ha sido uno de los principales focos de corrupción por la opacidad que rodea el sistema. Con el tiempo, se ha ido restringiendo por ley la obtención de recursos privados y ahora son básicamente los públicos los que nutren las finanzas de los partidos. Ahora bien, hay otro camino que en los últimos años se ha institucionalizado y que puede llegar a representar entre el 10% y el 20% de la financiación total: las aportaciones que hacen los cargos públicos en función de su sueldo -público- a las arcas de un partido. Aportaciones, denominadas coloquialmente “impuesto revolucionario” -porque en la práctica, y a pesar de algunas excepciones, son obligatorios-, hechas por aquellos a los que los partidos proponen para ocupar puestos de responsabilidad.

Estas contribuciones no tienen una regulación legal explícita -se encajan en las donaciones privadas previstas en la ley-, pero sí están definidas internamente por las cartas financieras de los partidos. De forma general, las pagan todos los cargos designados políticamente o de confianza, ya sean o no militantes, tan políticos como profesionales: es decir, lo paga un conseller, pero también su asesor e incluso el jefe de prensa. El ARA ha preguntado a todos los grupos con representación en el Parlament cuánto hacen aportar a sus cargos y cuánto representan estas aportaciones en su financiación.

Cada formación política tiene sus propias reglas. Empecemos por Esquerra, que ostenta ahora la presidencia de la Generalitat y que tiene sobrada experiencia gestionando este peaje. En 2006, además, fue protagonista de la polémica que surgió cuando se hizo público un documento interno en el que se amenazaba con el despido a todos los cargos del Govern -militantes o independientes- que no aportaran una parte del sueldo al partido. Actualmente ERC explica que todos sus cargos públicos, electos o designados, “hacen aportaciones o donaciones económicas a la cuenta que designe la secretaría nacional de finanzas”. Los porcentajes que se aplican son diferentes en los diferentes tramos de sueldo: un 2,5% hasta los 3.000 euros, y llega hasta el 10,5% del sueldo a partir de los 35.000. Por ejemplo, del sueldo del president, Pere Aragonès, que es de 130.250 euros, un mínimo de 11.401,24 euros van a parar a las arcas de ERC. Las aportaciones por este concepto a la financiación global del partido fueron en 2020 de 1,14 millones de euros, un 10,8% del total de ingresos de la formación, que alcanzaron los 10,5 millones. Algunos de estos cargos consultados por el ARA explican que hay varias formas -todas obligatorias- de contribuir y que una de ellas es, por ejemplo, ingresar el dinero en la Fundació Josep Irla, vinculada a ERC: unos 300 euros mensuales para un cargo que se sitúe alrededor de los 2.000 euros netos al mes.

Carles Foguet, director general de Comunicación de la Generalitat -sin carné de ERC-, defendía recientemente esta vía en el podcast Quina nit: “A priori puede parecer una mala idea, pero la alternativa es peor: financiarse de maneras opacas, ilegales, con donaciones extrañas de gente que pueda tener intereses. Este retorno es transparente”. La carta financiera, decía, es el gasto “más grande” que tiene. Cobra 88.243 euros anuales, y un director general paga aproximadamente 7.000 euros de peaje. Ahora bien, en el supuesto de que alguien provenga del mundo privado, tiene opción de elegir otra fórmula de cálculo: pagar el 30% de la diferencia del sueldo actual respecto a lo que cobraba antes, siempre que haya salido ganando con el cambio.

En el caso de Junts también pagan la cuota los cargos militantes, independientes y profesionales. Hasta los 2.000 euros brutos mensuales se aplica un 2% de retención, y a partir de esta cifra un 4% lineal. Por lo tanto, los consellers de Junts destinan al partido 4.620 euros de 115.517 -su sueldo anual-. Y un secretario general, que cobra 92.063,88 al año en una conselleria de Junts, aporta 3.682. Hay una excepción a la que se pueden acoger: si en política cobran menos que en su trabajo anterior, Junts y ERC prevén que puedan quedar exentos de la aportación. Victòria Alsina y Jaume Giró, independientes propuestos por Junts, se encontrarían en este supuesto, pero no se acogen a ello y también hacen su aportación, según explican desde el partido. Del presupuesto del 2021 -el partido se creó a mediados de 2020-, Junts prevé que las aportaciones de cargos sumen 394.000 euros este año, que, sumados a las aportaciones de los militantes (714.000 euros), las donaciones privadas (3.000) y las subvenciones públicas (1,8 millones), supondrían 2,9 millones de ingresos.

El PSC también tiene un porcentaje establecido para sus cargos en función del sueldo. Hasta 1.500 euros se aplica el 2%, y llega progresivamente al 7,5% a partir de los 8.000. En 2020 las aportaciones de los cargos representaron 1.092.412,97 euros (de 1,8 de financiación privada) y los ingresos totales fueron de 9.164.928,14. Cs, por estatutos, obliga a los cargos a aportar un 8% del salario -a escala estatal esta vía representó 960.000 euros en 2020, un 7,4% de los 13 millones totales- y el PP un 5%, una cifra que representa un 10% de su financiación. Vox dice que no tiene este sistema, pero no ha ofrecido al ARA ningún dato sobre los ingresos.

Esta práctica no es exclusiva de Catalunya. En España los principales partidos también la usan, a pesar de que algunos excluyen a los cargos independientes. En el PP incluso tiene un nombre popular -muneco -, en el PSOE se descuenta de la nómina y en Unidas Podemos puede representar entre el 5% del sueldo para los cargos con menos retribución y dedicación parcial y el 50% para los que cobran más. También lo hacen partidos autonómicos, como Més per Mallorca, que saca un 15% a cargos políticos y profesionales.

Limitaciones de sueldo

Los comuns y la CUP limitan directamente el sueldo de sus electos. Los comuns tienen reguladas como sueldo máximo catorce pagas netas de 3.150 euros al mes, mientras que la CUP pone el límite mensual en un baremo entre los 2.100 y los 2.300 euros. En 2020, En Comú Podem contó con 2.092.719 euros de ingresos, de los cuales una cuarta parte, 502.214, provenían de las aportaciones de cargos públicos y afiliados. Similar es el caso de la CUP, que de los 1,5 millones de ingresos en 2020 en la estructura nacional, obtuvo 275.000 a través de estas aportaciones.

Hay voces afectadas que defienden abiertamente este modelo de financiación y, en cambio, otras que, a pesar de aceptarlo, lo critican en privado. “Es una extorsión de manual”, reflexiona un trabajador de la actual Generalitat. “Es perverso”, critica Carles Ramió, catedrático de ciencia política de la UPF y director de la Escola d'Administració Pública (EAP) entre el 2007 y el 2011, cuando dependía orgánicamente de la conselleria de Gobernación, controlada por ERC. “Cuando me nombraron, les dije que ni me lo plantearan”, recuerda. Así fue, y él, independiente, se ahorró contribuir a las arcas del partido. No es habitual hoy en día.

Ramió considera que hacer pagar a los altos cargos significa una “desprofesionalización” de la política y provoca una relación “clientelar” entre el alto cargo y la formación que lo nombra. Además, opina que dificulta captar a gente de “prestigio” para la administración. Los partidos, sin embargo, tienen pocos incentivos para renunciar a ello, teniendo en cuenta que, además del vínculo político, hay una dependencia económica. Cuanto más cargos nombre, más ingresos recibirá. “Con las cuotas de los afiliados, los partidos solo consiguen el 10% de los ingresos”, subraya Toni Rodón, politólogo y profesor de la UPF, que también apunta que un partido del Govern estará “mejor preparado” para afrontar, por ejemplo, una campaña electoral gracias a las aportaciones de sus cargos. Rodón también coincide en que hay incentivos para que las personas designadas escuchen más lo que le dice la maquinaria del partido que lo que se dice en el Govern. “Esto está muy vinculado a las opciones de salida profesional que tengan”, remarca, pero acepta que en parte los nombramientos ya se hacen pensando en gente del propio partido y no en perfiles profesionales independientes.

500 cargos en el Govern

El Govern de ERC y JxCat se ha comprometido a profesionalizar los cargos directivos de la administración -sin especificar a partir de qué rango- para proveer los puestos de dirección pública “mediante procesos de selección” meritocráticos. ¿Cuándo? No hay calendario. Es una cuestión pendiente desde hace una década que podría jugar en contra de la financiación de los partidos por la vía del peaje a los altos cargos públicos de confianza: actualmente hay unos 500, solo en el Govern.