Todo lo que está pendiente entre el Estado y la Generalitat (y que Illa hereda)

BarcelonaEl presidente de la Generalitat, Salvador Illa, llegó el viernes a la Moncloa con mano tendida en una ronda de contactos con los presidentes autonómicos en los que Pedro Sánchez se ha encontrado más adversarios que aliados. El objetivo del Govern era más bien explorar vías de colaboración con el Estado que poner encima de la mesa las carpetas pendientes fruto de los pactos heredados desde el ejecutivo liderado por Pere Aragonès o de los acuerdos entre socialistas e independentistas .

La mesa del diálogo, una de las protagonistas de la legislatura anterior, fue el foro en el que se cerraron algunos. La última reunión de este espacio fue en diciembre del 2023, cuando Aragonès y Sánchez se vieron en el Palau de la Generalitat. Estaba previsto que hubiera una nueva mesa en abril, pero la caída de la legislatura catalana la enterró definitivamente. En todo caso, algunos de los acuerdos que surgieron se han cumplido. –por ejemplo el traspaso del ingreso mínimo vital– mientras otros les hereda el gobierno de Illa como asignaturas pendientes.

Financiación singular y FLA

La negociación de un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña ocupa el primer puesto en el ranking de temas abiertos y que marcarán la legislatura catalana. Los socialistas se han comprometido a negociar con el ejecutivo español un nuevo sistema que permita que la Agència Tributària de Catalunya recaude el 100% de los impuestos y contribuya a los gastos del Estado ya la solidaridad interterritorial a través de fondos separados. Pero antes de poner ninguna propuesta sobre la mesa, el Gobierno de Illa ha puesto en marcha un grupo de expertos para que planteen posibles vías para conseguirlo, con el objetivo de que la administración catalana ya pueda recaudar el IRPF que se paga en Catalunya en el 2026. El pacto entre PSC y ERC por la financiación singular planeará sobre el congreso del PSOE el próximo fin de semana, a pesar de que los socialistas catalanes ya han dejado claro que su posición no será objeto de debate, por muchas enmiendas que presenten los críticos. En paralelo, el ejecutivo español tiene aún pendiente dar luz verde a la condonación parcial de la deuda del FLA en Catalunya por valor de 15.000 millones, pactada en la investidura de Sánchez.

Ley de plurilingüismo

Es uno de los acuerdos a los que llegaron Aragonès y Sánchez en la última reunión institucional en el Palau de la Generalitat, antes de que los presupuestos catalanes del 2023 descarrilaran por la oposición de los comunes al Hard Rock y que el dirigente republicano convocara elecciones. La ley, que debía presentarse antes de las vacaciones de verano del 2024, quiere garantizar el derecho de la ciudadanía de Catalunya a dirigirse y recibir respuesta en catalán con la Administración General del Estado. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reiteraba hace un mes el compromiso del gobierno español con esta normativa y con el pacto para impulsar el uso del catalán en Europa, que Illa ha tratado de acelerar en su viaje a Bruselas esta semana. Lo que sí que está en marcha es la nueva ley del derecho a defensa, que entra en vigor el 4 de diciembre, y que obligará a los juzgados de todo el Estado a facilitar traductores de catalán, ya que dice que así debe ser "si el uso de una lengua, especialmente la materna o una de las lenguas oficiales en las comunidades autónomas, contribuye a garantizar el ejercicio del derecho de defensa".

Traspaso de Cercanías e infraestructuras

Desde que ERC y el PSOE pactaron el traspaso de Cercanías con la investidura de Sánchez, se han ido dando pasos para poner en marcha la nueva empresa mixta que deberá asumir el servicio. El primer traspaso debería llegar en enero de 2025 con la R1. En la última reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, todavía bajo el mandato de Aragonès y en vísperas del acuerdo para investir a Illa, se acordó la transferencia a la Generalitat de 1.000 millones para las Cercanías en los próximos tres años, de los que 283 deberían haberse abonado antes del 31 de octubre como paso previo al traspaso en concepto de compensación por el déficit de explotación de Renfe. El ejecutivo español admite que va tarde. En paralelo, el Consejo de Ministros aprobó el martes la concesión directa de subvenciones a la Generalitat para reforzar Cercanías por valor de 201 millones. También tiene deberes pendientes con el Corredor Mediterráneo y los accesos al Port de Barcelona.

Fábrica de microchips y desaladoras

En el último encuentro con Aragonès, Sánchez firmó con el Govern un acuerdo por el que Industria se comprometía a garantizar la financiación con 365 millones de euros con cargo a fondos europeos de una fábrica de microchips para Catalunya. Este viernes, con la reunión Salvador Illa-Pedro Sánchez se desatascó el acuerdo por el centro Innofab, una infraestructura científico-tecnológica clave y la primera planta destinada a fabricar y probar nuevos prototipos de microchips, que tendrán sello catalán y vocación de terminarse exportando a China o Estados Unidos. Por otra parte, y para luchar contra la sequía, el consejo de ministros puso este verano manos a la obra a las inversiones de 513 millones de euros para ampliar la desaladora del Foix y la ampliación de la plata de la Tordera . Sin embargo, son a crédito: la Generalitat tendrá que devolver el dinero y las obras deberían arrancar en el 2025.

Competencias de inmigración

Es, en este caso, una deuda del gobierno español con Junts que deberá asumir el Govern de Illa. Juntos arrancó de Sánchez un pacto para que la Generalitat asuma las competencias en inmigración. acabe el año y permitirá que el Govern tenga la "gestión integral" de la inmigración. instrumentos para hacerlo desde Catalunya", defendió el secretario general de Junts, Jordi Turull, este jueves. La Generalitat ya tiene competencias en acogida y trabajo de personas inmigradas, pero los junteros reclamaban que el Gobierno pueda decidir sobre los flujos migratorios

De la última reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales también salió un acuerdo para que el Estado transfiera a la Generalitat 2 millones para asumir la gestión de las becas, una reclamación que llevaba tres décadas. arrastraba, y 7,9 millones por los retrasos en ese concepto. El ministro de Política Territorial admite que todavía se está trabajando para realizar este traspaso.