¿Qué hace ahora la Generalitat en materia de inmigración?

BarcelonaJuntos y el PSOE han pactado la delegación "integral" en la Generalitat de las competencias en materia migratoria y, a la espera de conocer la letra pequeña del pacto, los dirigentes junteros reivindican que permitirá a Catalunya regular los "flujos migratorios". Esta facultad no está en estos momentos en manos del Gobierno, que, sin embargo, sí ejerce competencias migratorias con la acogida de recién llegados, su integración e incluso en el proceso de autorización de trabajo, según fuentes de la conselleria de Igualdad consultadas por el ARA. Pero ¿en qué se concretan estas responsabilidades? Éstos son algunos ejemplos.

1. Integración

Cursos de catalán y acogida

La Generalitat se encarga de tramitar los informes de integración de las personas inmigrantes, un trámite imprescindible para que el Estado les conceda un permiso de residencia y/o trabajo. Para obtener el informe, que puede ser favorable o desfavorable, los candidatos deben pasar unos cursos de catalán, conocimiento del mercado laboral y la sociedad catalana. Además, el departamento de Igualdad y Feminismos aporta unos 11 millones cada año a los servicios de primera acogida de los entes locales, esenciales en la cadena de acogida.

2. Asesoramiento

Titulaciones, padrón y mentorías

Igualdad tiene un canal de asesoramiento y una oficina para ayudar a tramitar la homologación de titulaciones y facilitar el ejercicio profesional a las personas recién llegadas, un trámite que es cargante y que, según lamenta la Generalitat, tiene muchas "limitaciones". También acompaña a los ayuntamientos para hacer efectivo su derecho de empadronamiento, puerta de entrada al acceso a la salud, la educación o los servicios sociales. Cada año se destinan 4,4 millones de euros a iniciativas que favorecen la integración, como mentorías a los recién llegados o proyectos de atención humanitaria.

3. Permiso de trabajo

Autorizaciones iniciales

El departamento de Empresa y Trabajo gestiona las autorizaciones iniciales de trabajo dentro de los trámites por los que una persona recién llegada solicita poder trabajar en Cataluña. Con carácter general, la decisión final corresponde al Estado. ¿Es posible una delegación de competencias para que la Generalitat gestione las autorizaciones y su renovación de principio a fin? Fuentes consultadas apuntan que sí, pero advierten de dos cosas: la primera, que sería necesario que el traspaso fuese acompañado de recursos (al igual que ha pasado con el ingreso mínimo vital); la segunda, que, de ocurrir, la Generalitat seguiría ligada al marco normativo estatal. "Para tener plenas competencias, haría falta también la modificación legislativa en esta materia", apuntan.

4. Derecho a participar en las decisiones del Estado

El Estatut lo prevé, pero no se cumple

El Estatut prevé la participación de Catalunya en las decisiones del Estado que le afecten en temas de inmigración "que tengan una trascendencia especial", según recoge el artículo 138.3. Sin embargo, la previsión no pasa del papel. No se han articulado mecanismos de coordinación para que el Estado decida los flujos migratorios conjuntamente con Cataluña. Tampoco tiene efectos prácticos la previsión del mismo artículo que determina la participación del Govern "en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros". La fórmula de los contingentes –la cuota de extranjeros que las comunidades autónomas preveían poder contratar y que después aprobaba el Estado– desapareció con la crisis económica, apuntan fuentes expertas consultadas por el ARA.

5. Residencia y refugio, asignaturas pendientes

La financiación también es mejorable

¿Qué margen existe, pues, para incrementar las competencias de la Generalidad sobre migración? Las fuentes consultadas señalan que una futura delegación podría proyectarse sobre la autorización de la residencia, reagrupación familiar o competencias sectoriales que inciden en inmigración. Otras fuentes alertan de que debería blindarse las competencias en materia de acogida de los refugiados. Y, por último, está la cuestión de la financiación. "¿Qué se ha hecho del fondo de acogida dirigido a ayuntamientos y gobiernos que está contemplado en los presupuestos generales del Estado y que lleva años a 0? Son recursos imprescindibles", se quejan fuentes de Igualdad y Feminismos .