¿Qué es la población ajustada? Un arrecife para el acuerdo

MadridLa población ajustada ha sido, históricamente, uno de los elementos más polémicos en la negociación para un nuevo modelo de financiación autonómica de régimen común, que es el que riega de recursos a las comunidades autónomas. Y lo sigue siendo en la discusión que el ministerio de Hacienda, ERC y el PSC tienen abierta para cerrar una propuesta de modelo que contente a todas las partes y dé respuesta al acuerdo entre republicanos y socialistas de un sistema singular para Catalunya, así como al acuerdo de la última Comisión Bilateral Generalitat-Estado.

Palmo a palmo. La clave de vuelta de la importancia de la población ajustada es el hecho de que determina la forma en que se reparten los recursos del bote común, al menos en el modelo en vigor, es decir, el del 2009 y pendiente de actualizarse desde hace más de una décadaa. Actualmente, para calcular las necesidades de financiación de las comunidades autónomas para que puedan satisfacer los servicios básicos en igualdad de condiciones (hablamos de sanidad, educación y servicios sociales, competencias transferidas) se utiliza una ponderación entre la población real y diferentes variables. De ahí nace el concepto de población ajustada.

Estas variables son los costes en sanidad, educación (educación no universitaria y educación universitaria), servicios sociales y otros servicios, y se suman unas variables demográficas (por ejemplo, la edad de la población), con mucho peso, pero también geográficas (la superficie, la insularidad, la dispersión entre municipio). La ponderación de cada uno de los criterios es decisiva para saber cuántos recursos debe recibir cada autonomía y prestar los servicios públicos en las mismas condiciones.

Lo que ha pasado estos años es que mientras la realidad de los territorios ha cambiado, es decir, la población envejecida, pero también la población extranjera o en edad escolar, o incluso las zonas despobladas, el peso de las variables del sistema que determinan el reparto de los recursos se ha mantenido. De esta forma, queda desdibujado si, por ejemplo, el gasto en servicios sociales (el coste que suponen) se ha disparado más en algunos territorios donde la población está más envejecida o el territorio está menos densamente poblado. Desde la academia, diferentes expertos no sólo han apuntado a esta distorsión, sino también a que el cálculo está fijado por estimaciones y variables de poca resolución técnica.

A ojos de ERC –aunque Junts también se ha hecho suya esta reivindicación–, diluir el peso de la población ajustada es clave para que Catalunya salga más beneficiada. Por el contrario, los criterios que defendería el ministerio de Hacienda, y que suponen seguir teniendo en cuenta este concepto, empeoran la situación del Principado, así como de las comunidades autónomas más pobladas (Andalucía o Madrid). Los republicanos defienden que es necesario poner a la población real en el centro, también elementos como el coste de vida, de modo que todo se calcule en función de los habitantes, pero no de los habitantes "ajustados". Pero las comunidades autónomas más pequeñas, como La Rioja o Asturias, suelen reivindicar, entre otras cosas, cuestiones como los costes fijos que soportan y que, por tener menos población, pesan más. Por eso Hacienda busca un equilibrio.