Estos días se inicia, tanto con trabajos previos como con la preparación del pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el debate sobre la condonación de la deuda de las comunidades autónomas y del nuevo sistema de financiación autonómica. Del primero hemos tenido noticia el lunes; del segundo ya se verá. Algunos comentarios al respecto.
La condonación de la deuda, pactada en el acuerdo PSOE-ERC por Catalunya en términos de dinero, parece que se reorienta por todas las comunidades autónomas en forma de finiquito porcentual. Es obvio que hacerlo en porcentaje premia a las comunidades autónomas más endeudadas, lo que levantará mucha polémica. Baleares se sitúa en un tramo intermedio: tienen argumentos tanto para estar a favor, porque continúan con una deuda respecto al PIB que dobla los escenarios de consolidación, y ya les puede ir bien, como para estar en contra, por el hecho de que en los últimos tiempos no han acumulado tantos déficits como otras comunidades autónomas como el País Valencià y Catalunya. actual, ya la buena marcha de la recaudación por Transmisiones Patrimoniales–. Por cierto, déjenme decir, de nuevo, algo que he reiterado: todo lo que el gobierno del PP perdona en impuestos directos (desgravaciones, no recargos y vaciado del impuesto de patrimonio y del de sucesiones) lo recupera por los impuestos indirectos (IVA y especiales como tributos participados, y transmisiones patrimoniales como impuesto propio); y así sustituye a impuestos directos, que deberían ser progresivos, por otros, los indirectos, que sabemos que son regresivos y que, en proporción, los pagan mayoritariamente los grupos de población más pobres.
La batalla de argumentos que provocará la condonación, con la exigencia de que se apliquen recursos a amortizaciones de deuda para un retorno potencial de las comunidades a los mercados de capitales, será más bien humo político. Todos sabemos que, la absorba o no, esa deuda siempre ha sido del Estado y está descontada. Que se exhiba un ratio deuda propia / PIB de las comunidades autónomas tampoco confundirá a nadie. Un hijo menor de edad (sin ingresos propios significativos, puesto que vive de la semanada del padre) no tiene otra credibilidad que la solvencia de quien depende. Sin capacidad de financiación propia, que de ahí la reforma de la financiación que pide Catalunya, aliviar la carga del riesgo no engañará al mercado de capitales (a diferencia de las dos comunidades vascas con concierto o convenio). Además, con el bajo nivel de tipos de interés que soporta hoy la deuda condonable, el margen por nuevo gasto será relativamente escaso, pues los costes financieros que se dejarán de restar en las transferencias autonómicas no serán significativos. Siempre he pensado que el coste financiero que el Estado asumía de esa deuda autonómica, incluso cuando los tipos altos sí lo hacían significativo, no era más que una cuña para presionar a la baja la reivindicación de más recursos que no evitaba el aumento de los déficits. Por otra parte, en estos momentos, utilizar recursos para amortizar deuda viva no parece la estrategia más sensata, en un momento de intereses a corto plazo (como, por otra parte, lo es casi todo en política) suficientemente bajos.
En cuanto a las propuestas de reforma de la financiación ordinaria en el régimen común, el documento que circula insiste en la vía agotada de distribuir recursos según estimación de necesidades de gasto por población ajustada equivalente: un pequeño monstruo de Frankenstein hecho de estimaciones, aproximaciones, pesos y variables ad hoc que no tienen resolución técnica aceptable. Más de lo mismo en una vía que se sabe que no lleva a ninguna parte, y para la que la insularidad (costes fijos, cuantía, medida, ponderación), la renta relativa menor (Valencia) o los efectos de la acogida de población recién llegada (Cataluña) ¡ya veremos cómo quedan, entre otras innovaciones!
Todo ello, aliñado con la guerra contra la singularidad catalana por parte de los partidos de la oposición, entre los que se encuentran los actuales gobiernos balear y valenciano. Sin embargo, una visión comprensiva, y alineada con la de gobiernos anteriores (balear y valenciano –¡ay!, ¡la falta de consenso que muestran algunos parlamentos en las cosas de la comida!–), sería apoyar la vía que Catalunya quiere abrir de mayor autonomía tributaria, más autogobierno y mayor asunción de responsabilidades. El acuerdo PSOE-ERC se firma como forma de remediar el descontento de la gran mayoría parlamentaria y ciudadana catalana respecto a la financiación actual. El objetivo de las Islas o de la Comunidad Valenciana, más allá de situarse en la media de financiación, no está suficientemente definido. La vía catalana se presenta siquiera como una solución política de reencaje que los analistas deberíamos respetar (la política no nos corresponde juzgarla más que como ciudadanos), velando por que sea factible con la mayor racionalidad económica, abierta a otras comunidades autónomas que quieran seguirla, y no excluyendo nunca a nadie. Así, para todas aquellas comunidades autónomas que no tengan la singularidad vasca o madrileña, quizá el privilegio al fin y al cabo será que Catalunya impulse una nueva vía de financiación no excluyente, asumiendo los costes del cambio para que otros, un día, se puedan añadir.
