Rafael Méndez: "Los políticos no se enfrentan a los altos funcionarios del Estado porque tendrían problemas"

Rafael Méndez (Múrcia, 1975) es un periodista que se ha fijado en lo que pasaba desapercibido: las esferas de los altos funcionarios del Estado. Después de publicar diversos artículos de investigación sobre el funcionamiento de este grupo en la cúspide del poder español, ha hecho un libro, Els amos de l’Estat (Destino, 2026), para explicar todo lo que rodea a este grupo de élite. Méndez ha trabajado en El País, El Confidencial, Salvados y colabora con Eldiario.es.El título del libro ya es sugerente: los amos del Estado. Los amos deberíamos ser todos... ¿e ­no es así?

— Los dueños somos todos, pero hay un estado dentro del Estado: los altos funcionarios mandan mucho, son la estructura; los políticos van y vienen y no se enfrentan a ellos porque tendrían problemas. Mejor cooperar con ellos y tener buena relación. Por eso se ha ido arrastrando un sistema en el que se ha permitido a los letrados de las Cortes, del Consejo de Estado o a los abogados del estado tener la compatibilidad con trabajos privados. O que puedan marcharse con excedencias a una empresa y al día siguiente pleitear contra la administración sobre un mismo tema que habían estado llevando. Es un sistema heredado de la Transición.

¿Podría hacer un prototipo de estos funcionarios de alto nivel?

— Son gente muy lista y muy preparada. Normalmente, son de tradición conservadora, con apellidos compuestos y que acaban siendo familia. Pasan unas oposiciones muy duras. Es difícil enchufar a gente, y eso está bien porque cuando un ministro llega no pueda cambiar el alto funcionariado. Así hay un contrapoder, pero este poder que tienen también se ha de poder fiscalizar. Pensemos que las élites son serias, pero se ha de estar encima aunque hayan sacado una oposición, ya que eso no quiere decir que no sigan siendo humanos o que no les gusten los dineros.

Ponga un ejemplo de casos en que se han dado situaciones de falta de control sobre este cuerpo.

— Una de las cuestiones clave que no se ha abordado es el sistema de compatibilidades. Por ejemplo, los letrados de las Cortes, por tradición, acostumbran a pedir tener su despacho privado y la mesa del Congreso se lo concede como un mero trámite. Tienen restricciones como que esto no puede afectar su horario o no pueden ir contra la misma administración, pero esto no les impide trabajar para administraciones locales o comunidades autónomas. En realidad, nadie lo controla. Hay gente dentro del cuerpo de funcionarios que no lo ve bien, pero impera el corporativismo y no lo denuncian en público.

¿Con qué casos se ha encontrado? 

— A mí lo que me parece más bestia es el de Joaquín José Abajo Quintana, que era secretario del consejo de administración de Afinsa, donde debía velar porque todo lo que hiciera la empresa fuera legal, y al mismo tiempo abogado del estado en activo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de manera que una de las cosas que debía hacer era defender la Agencia Tributaria. Afinsa resultó ser una macroestafa y en el juicio incluso salieron papeles de la empresa que llevaban la insignia de la Abogacía del Estado [durante el juicio Quintana argumentó que se le habían mezclado erróneamente los papeles]. Esto de trabajar para Afinsa y al mismo tiempo para el Estado no era ilegal porque él tenía la compatibilidad [pero acabó condenado a prisión como cooperador necesario].

En el libro también cita otra figura, la de los consejeros permanentes en el Consejo de Estado.

— Sí, esta es muy interesante, porque acaban siendo cargos vitalicios. Hay un dicho que dice que "nunca enferman y rara vez mueren", porque tienen una longevidad enorme. Colocan allí a veteranos de los dos grandes partidos, de la judicatura... Se puede defender la existencia de esta figura, pero a mí me parece que no ha habido suficiente debate público sobre ello. El sueldo está muy bien, no te paran por la calle, el trabajo no es muy estresante... Incluso durante el gobierno Zapatero había dos consejeros que eran muy mayores, que tenían dificultades para ejercer su cargo, y tuvieron que crear una pensión, que introdujeron en un artículo de los presupuestos, para que se jubilaran. Eran los últimos cargos que sobrevivían de la época de Franco, y eso fue en plenas retalladas.

¿Qué reformas son necesarias?

— Para empezar, hay que hablar de este tema y, después, una de las reformas posibles podría ser limitar las excedencias en el tiempo de los funcionarios. Actualmente casi un 40% están en excedencia. Hay abogados del estado que están pleiteando a veces en nombre de fondos soberanos de los países del Golfo o de empresas alemanas soberanas... Ninguna empresa toleraría que alguien en excedencia se dedicara a ir en contra suya. Y en cuanto a las compatibilidades, yo sería partidario de controlarlas mucho o incluso eliminarlas. A veces se hacen los ojos gachos porque no quieren que se marchen del cuerpo [en la empresa privada ganan más dinero].

¿Por qué a las empresas les interesa tanto tener estas figuras?

— Los abogados del Estado son muy apreciados por las empresas porque tienen un conocimiento teórico muy grande a través de la oposición, pero al mismo tiempo conocen de verdad la administración. Por ejemplo, a las eléctricas les interesa porque buena parte de la regulación acaba en los tribunales, hay muchos millones en juego y los abogados del Estado saben cómo se ha hecho la ley porque trabajan junto con los políticos. A parte, también tienen los contactos, saben quién del ministerio ha hecho qué y a quién llamar [...].

En el libro es crítico con el periodismo. Cree que estamos demasiado pendientes de la agenda que nos ponen sobre la mesa.

— Sí, creo que con esto hay consenso. Por ejemplo, cuando Pedro Sánchez sale un lunes de octubre y dice que está en contra del cambio de hora, la prensa habla no sé cuántos días de esto, pero el año que viene volverá a cambiar la hora. No le veo sentido, a dedicarle tantos esfuerzos.

También habla de su salida de El País, que entiendo que fue una decisión muy difícil.

— Publiqué con un compañero un informe de la Abogacía del Estado que permitía a Soraya Sáenz de Santamaría tratar temas de Telefónica cuando trabajaba allí su marido. Ella era abogada del estado, su marido también y la abogada que hizo el informe era compañera de promoción del marido. Lo publicamos, pero en aquel momento Prisa estaba muy débil económicamente y todo ello acabó derivando en un conflicto con el entonces director Antonio Caño. Decidí que no podía quedarme en un lugar donde el director pensaba que era un mal profesional. Había el ERE abierto y fui a buscar trabajo fuera, pero conservo muchos amigos en El País y me parece un gran diario. Después estuve en El Confidencial y allí publiqué con mucha libertad.