El PP "se atrinchera" en el Senado y despliega la ofensiva contra la amnistía

Los populares fuerzan una nueva sesión de la comisión de comunidades autónomas, que aprobará un informe contrario a la ley

Madrid"El PP se ha atrincherado en el Senado y actúa como si la institución fuera suya". Así describen fuentes del PSOE la actuación de los populares en la cámara alta, donde tienen una mayoría absoluta que les permite hacer lo que quieran pero resulta estéril debido a que en el Congreso la mayoría plurinacional suma más escaños que la derecha y la ultraderecha . Hasta ahora, poner obstáculos a la ley de amnistía ha sido su principal objetivo desde esta institución, por mucho que no puedan detenerla, y, a medida que han ido pasando los meses, el PP ha ido ideando nuevas estrategias en esta ofensiva contra la norma. Este lunes tendrá lugar un nuevo episodio de gesticulación contra la medida de gracia.

El PP ha forzado la convocatoria de una sesión de la comisión de comunidades autónomas para aprobar un informe, redactado en solitario por el partido de Alberto Núñez Feijóo, que sostiene que la amnistía es inconstitucional y "alienta actos insurreccionales". Una iniciativa simbólica, que no tendrá efectos prácticos contra la norma. La excusa para solicitarla es que, a juicio del PP, la amnistía pone en riesgo el estado de las autonomías. "Es la mayor vulneración producida en cuatro décadas del principio de solidaridad", dice el texto. Una argumentación que será rebatida por el PSOE, ERC y Junts, que han presentado votos particulares contra el informe que aprobarán los populares.

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Los tres partidos denuncian que, una vez más, el PP ha retorcido el reglamento del Senado. El artículo 56 prevé que la comisión de comunidades autónomas se pronuncie sobre el contenido autonómico de cualquier iniciativa tramitada en la Cámara Alta. Ahora bien, los tres grupos impulsores de la amnistía niegan que en este caso exista ningún impacto en las competencias de las autonomías que justifique activar este mecanismo. El voto particular de ERC denuncia que el PP ha convocado la sesión "no con el fin real de analizar el contenido autonómico de la ley -que no tiene ningún impacto en las competencias autonómicas- sino como utilización partidista de la institución". "Es un informe fake", denunció el pasado jueves la portavoz republicana en el Senado, Sara Bailac, tras participar en la reunión de la ponencia que dio luz verde al documento de los populares.

En la misma línea, el voto particular de Junts denuncia la " voluntad obstructiva" del PP y "la ingeniería jurídica mediante la cual el grupo popular en el Senado pretende interferir, de forma inconstitucional, en la tramitación" de la amnistía. El PSOE, por su parte, critica que los populares no hagan un "uso ponderado" de la competencia de la comisión, que ha activado la potestad de hacer informes en casos contados y con normas que afectaban claramente al núcleo de las competencias de todas las comunidades, como fue el caso de la LOMCE, la polémica reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert en el 2013.

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Ahora bien, la aprobación del informe del PP, prevista al final del debate, pasará a un segundo plano y quien se llevará el protagonismo en la sesión de este el lunes serán los presidentes autonómicos, convocados para debatirlo. Los platos fuertes son el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha justificado su presencia como vía para "trolear al PP", y la jefa del ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso. El PP enviará a siete presidentes autonómicos y siete consejeros. No irá ningún miembro del gobierno español. La última vez que el PP les convocó para hablar de la amnistía en este foro, a finales de octubre del pasado año, declinaron participar.

Más frentes abiertos

Activar la comisión de comunidades autónomas sin que sea imperativo no es la única maniobra que está desplegando el PP. En la comisión que tramita la amnistía –creada ad hoc mezclando miembros de la constitucional y la de justicia, otro hecho excepcional–, los populares tratan de agotar el plazo de dos meses, que vence el 16 de mayo, para devolverla al Congreso. Una forma de alargar su paso es la convocatoria de expertos, que comparecerán a iniciativa del PP entre el 16 y el 30 de abril. Allí comparecerán aunque ya se habrá agotado el plazo para presentar enmiendas al texto, que termina este martes, 9 de abril. En cambio, en la comisión de justicia que tramitaba la ley en el Congreso, los populares pidieron llamar a expertos "con carácter previo a la elaboración de las enmiendas al articulado". El PP también tiene en sus manos decidir si el Senado aprueba el veto a la amnistía, que después revocará el Congreso, justo antes o después del 12-M.

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En paralelo, el pleno del Senado aprobará este miércoles plantear un conflicto institucional en el Congreso. El PP provocará así el choque entre instituciones y exigirá a la Cámara Baja la retirada de la proposición de ley de amnistía bajo la amenaza de acudir al Tribunal Constitucional. Se trata de un mecanismo sugerido en un informe sobre la norma que el PP encargó a los letrados del Senado, que afirma que no es constitucional y que, para poder aprobarla, debería reformarse la carta magna. "Se están traspasando líneas rojas muy delicadas", advirtió el pasado martes el portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas.

Fuentes socialistas denuncian que en las reuniones de la mesa el PP no escucha las objeciones de los miembros del PSOE. Una queja extensiva a otros foros del Senado, expresada también por fuentes de otros grupos de la mayoría plurinacional. El PSOE pone también en el punto de mira el nombramiento de la letrada mayor del Senado, Sara Sieira, responsable del informe contra la amnistía. "La llevaron con una finalidad muy clara", apuntan las mismas fuentes. Sieira era letrada en la comisión de Igualdad del Congreso y había publicado artículos relacionados con el Proceso. Su llegada ha coincidido con un alud de cambios entre los miembros de este cuerpo de funcionarios en la Cámara Alta.