El Senado declara la guerra al Congreso: le exige que retire la ley de amnistía
Los populares plantean un conflicto institucional tal y como reclamaba Vox y habían apuntado a los letrados de la cámara alta
MadridLa amnistía ya está en manos del Senado, y el PP, que lo controla por mayoría absoluta, ha puesto en marcha una treta para obstruir la ley. La mesa de la cámara alta no ha tenido más remedio que aceptar tramitarla en una reunión este martes, pero por mucho que no puedan detener la amnistía, los populares siguen activando fórmulas para hacer ruido en contra en su paso por el Senado, que durará un máximo de dos meses. La vía elegida este martes para poner bastones en las ruedas en la norma, que ya había reclamado Vox y habían apuntado a los letrados de la cámara alta en un informe, es dar un paso que no tiene precedentes e implica que el Senado declare simbólicamente la guerra en el Congreso: plantear un conflicto institucional exigiendo formalmente a la cámara baja que retire la ley de amnistía. Es decir, forzar el choque entre ambas cámaras.
Lo ha anunciado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una intervención en el pleno de esta tarde. "El PP propondrá que esta cámara, en defensa de sus atribuciones constitucionales, inste al Congreso a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución", ha argumentado García. El anuncio ha llegado después de que Vox ya hubiera pedido a la mesa de la cámara alta que activara este procedimiento, petición con la que ponía presión a los populares. "Puro artificio para que Vox no se enfade mucho con ellos", opinó el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien afirmó que se trata de un movimiento que no lleva a ninguna parte.
Activar este procedimiento no tiene efecto suspensivo y la tramitación de la ley de amnistía podrá continuar igualmente su curso. De hecho, el Congreso no tiene ni siquiera la obligación de responder a la petición que le haga el pleno del Senado, previsiblemente a principios de abril. Si en un mes la cámara baja no rectifica, el Senado puede decidir plantear el conflicto en el Tribunal Constitucional (TC). El informe de los letrados abre la puerta a pedir la suspensión cautelar del procedimiento legislativo si la cuestión finalmente llega a manos del Constitucional. Un escenario que no está claro que se acabe concretando, pero que podría provocar que hubiera un pronunciamiento del TC sobre la amnistía previo a lo que acabe haciendo sobre el recurso de inconstitucionalidad que el PP también quiere presentar una vez que la ley esté en vigor.
¿Qué es el conflicto institucional?
Un "conflicto entre órganos de naturaleza constitucional" es un procedimiento previsto en la ley que regula el Tribunal Constitucional y que se pone en marcha cuando un órgano constitucional considera que otro "adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las leyes orgánicas confieren al primero ". García ha hecho suyos los argumentos de un informe de los letrados del Senado encargado por el PP, que justifica el movimiento al considerar que la tramitación de la ley de amnistía es una "reforma encubierta de la Constitución". En opinión de los letrados, la norma no es constitucional y, para poder aprobarla, habría que reformar la carta magna.
No reformar la Constitución sino utilizar un procedimiento legislativo ordinario, "menoscaba la atribución constitucional del Senado de tramitación de las reformas constitucionales", dice el informe por el hecho de que la tramitación de una proposición de ley orgánica como la de amnistía da la última palabra al Congreso en lugar de poner en pie de igualdad al Congreso y al Senado, como ocurriría con una reforma constitucional.
Polémica admisión a trámite
La mayoría del PP en la mesa del Senado ha admitido a trámite, con polémica, la ley de amnistía. Por un lado, porque Vox se lo ha recriminado, ya que pedía que la bloqueara. Los populares han querido protegerse de las críticas del partido de ultraderecha con otro informe de los letrados del Senado que concluye que la mesa "no se puede negar" a tramitarla por mucho que sea inconstitucional. El informe advierte que inadmitirla podría considerarse un delito de prevaricación.
Por otra, porque el PSOE ha rechazado votar la admisión de la norma. Los socialistas denuncian que el PP ha articulado un procedimiento "anormal", que nunca se ha seguido con otra proposición de ley que haya llegado del Congreso, y no han querido suscribir un acuerdo de admisión a trámite que incluía referencias al informe de los letrados del Senado que pone en entredicho la constitucionalidad de la norma y censura la tramitación seguida en el Congreso. El PP justificó esta forma de actuar porque la amnistía es una ley "atípica" y reprochó al PSOE que haya "votado en contra" de su propia iniciativa.
Dos meses tramitándose
En la admisión a trámite, los populares rechazaron la vía de urgencia, por lo que aplicaron la reforma del reglamento que impulsaron hace cuatro meses para retrasar la entrada en vigor de la ley. Ahora bien, el PP no podrá retenerla más allá del 16 de mayo, cuatro días después de las elecciones catalanas. El Senado previsiblemente vetará la ley y el Congreso podrá levantar el veto en un pleno la semana siguiente. Durante estos dos meses será una comisión mixta entre la constitucional y la de justicia quien analice el texto y valore introducir enmiendas parciales. El PP prevé citar a expertos para que se pronuncien contra la amnistía. En paralelo, en lo que sería también un movimiento excepcional, el PP prevé activar la comisión de comunidades autónomas y podría citar de nuevo a los presidentes autonómicos para que se pronuncien sobre la norma.
