El PP votará en el Congreso la "prioridad nacional" pactada con Vox

MadridEl PP ha presentado una enmienda a una moción de Vox para que por primera vez se debata en el Congreso establecer una "prioridad nacional" a la hora de recibir ayudas y subvenciones. Un elemento que los dos partidos acordaron en el pacto suscrito para gobernar en Extremadura —aunque la candidata a la reelección, María Guardiola, no lo ha citado en el debate de investidura de este martes— y que el gobierno español ya se ha encargado de censurar. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la sesión de control al Senado, ha asegurado que el pacto entre la derecha y la extrema derecha es "discriminatorio, inhumano y xenófobo". En la investidura extremeña

¿Qué es lo que lleva exactamente la moción que se debe debatir este miércoles en la cámara baja?

En concreto, instan al gobierno español a "promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional", de manera que los recursos se asignen de forma "prioritaria" a aquellos que "mantienen un arraigo real, duradero y verificable" en el territorio estatal. Esto debe incluir, según el PP, un "mínimo período de arraigo", el empadronamiento o un mínimo de cotización para recibir ayudas. También quieren excluir de cualquier ayuda estructural a una persona en situación irregular, menos cuando se trate de "supuestos de urgencia vital".

En el mismo sentido, la moción también reclama que el sistema de acceso a la vivienda pública se base en los mismos criterios. Hacen una propuesta sobre el "mínimo" de tiempo que creen que debe pasar para poder tener acceso: en el caso de alquiler asequible, un mínimo de cinco años; y para comprar un mínimo de diez años. Además, consideran que también se debe tener en cuenta la existencia de familiares de primer grado en el territorio concreto o si son jóvenes de menos de 36 años, familia numerosa o con personas dependientes a cargo. Y añaden la exclusión del sistema público de aquellos que han sido condenados por ocupaciones en los últimos cinco años.

En caso de que se aprobara el texto no tendría efectos prácticos, ya que es una moción que insta simplemente al gobierno a aplicarlo. Será clave, en este sentido, el voto de Junts, que también defiende unas políticas más restrictivas en términos migratorios, pero hasta ahora siempre ha votado en contra de las iniciativas de Vox.

Interpretación diferente

En todo momento la propuesta del PP habla de adaptar esta política a la "legalidad vigente", ya que PP y Vox han interpretado de forma diferente lo que ellos mismos pactaron en Extremadura. Mientras que los populares aseguran que la "prioridad nacional" debe aplicarse respetando la ley que hay actualmente y hablan del "arraigo" y no de la nacionalidad como requisito, desde Vox se refieren a ella de forma genérica, lo que abre la puerta a una discriminación por razón de origen.

Poner fin a la regularización extraordinariaNo es la única cuestión en la que han divergido sobre la interpretación del pacto de Extremadura. El acuerdo para investir a María Guardiola incorpora una "supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal". Para Vox, esto puede incluir a Cáritas, ya que acoge a personas migrantes y refugiadas, mientras que el PP dice que esta entidad religiosa "puede estar tranquila". De hecho, también hay barones populares que se han desmarcado del contenido del entendimiento: la misma presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se manifestó en contra de la "prioridad nacional": "No puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los cuales tiene derechos y al margen de un sistema al cual ha contribuido", verbalizó. Por su parte, Juanma Moreno Bonilla, candidato del PP a revalidar la presidencia de Andalucía, ha pedido el voto útil para las elecciones del 17 de mayo para evitar precisamente depender de Vox con un pacto de estas características.

Poner fin a la regularización extraordinaria

En otro punto de la moción, también se intenta detener la regularización extraordinaria de migrantes que ya está en marcha. De nuevo, aunque saliera adelante, el ejecutivo español guardaría la propuesta en un cajón, a pesar de que significaría una derrota simbólica para la Moncloa.

En la misma línea de polémica, este martes, la portavoz del gobierno español, Elma Saiz, ha reprochado a los ayuntamientos gobernados por PP y Vox que estén poniendo "obstáculos" en el proceso de regularización, a pesar de que el procedimiento está regulado por el gobierno español, y también ha criticado la documentación que se debe presentar. Uno de los documentos que está generando más colas en la administración es el informe de vulnerabilidad. En este sentido, ha advertido que el gobierno español vigilará el cumplimiento de la Constitución en cuanto a los derechos de los migrantes, tanto en lo que respecta al proceso de regularización, como ante el pacto de PP y Vox en Extremadura que prioriza el arraigo a la hora de pedir ayudas.