El PP votará en el Congreso la "prioridad nacional" pactada con Vox

MadridEl PP ha presentado una enmienda a una moción de Vox para que por primera vez se debata en el Congreso de los Diputados establecer una "prioridad nacional" a la hora de recibir ayudas y subvenciones. Un elemento que los dos partidos pactaron en el pacto suscrito para gobernar en Extremadura y que el gobierno español ya se ha encargado de censurar. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la sesión de control al Senado, ha asegurado que el pacto entre la derecha y la extrema derecha es "discriminatorio, inhumano y xenófobo". ¿Qué es lo que lleva exactamente la moción que se debe debatir este miércoles en la cámara baja?

En concreto, instan al gobierno español a "promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional", de manera que los recursos se asignen de forma "prioritaria" a aquellos que "mantienen un arraigo real, duradero y verificable" en el territorio estatal. Esto debe incluir, según el PP, un "mínimo periodo de arraigo", el empadronamiento o un mínimo de cotización para recibir ayudas. También quieren excluir de cualquier ayuda estructural a una persona con situación irregular, menos cuando se trate de "supuestos de urgencia vital".

En el mismo sentido, la moción también reclama que el sistema de acceso a la vivienda pública se base en los mismos criterios. Hacen una propuesta sobre el "mínimo" de tiempo que creen que debe pasar para poder tener acceso: en el caso de alquiler asequible, un mínimo de cinco años; y para comprar un mínimo de diez años. Además, consideran que también se debe tener en cuenta la existencia de familiares de primer grado en el territorio concreto o si son jóvenes de menos de 36 años, familia numerosa o con personas dependientes a cargo. Y añaden la exclusión del sistema público de aquellos que han sido condenados por ocupaciones en los últimos cinco años. Si se aprobara el texto, en todo caso, no tendría efectos prácticos, ya que es una moción que insta solo al gobierno y entonces es el ejecutivo quien debería tomar medidas, a pesar de que la mayoría de resoluciones de este tipo acaban en papel mojado. Son, eso sí, simbólicas si el gobierno las pierde, ya que implica que está yendo en dirección contraria a lo que le marca en el Congreso. Será clave, en este sentido, el voto de Junts, que también defiende unas políticas más restrictivas en términos migratorios pero hasta ahora siempre ha votado en contra de las iniciativas de Vox.

La discrepancia entre PP y Vox

En todo momento, la propuesta del PP habla de adaptar esta política a la "legalidad vigente", ya que PP y Vox han interpretado de forma diferente lo que ellos mismos pactaron. Mientras que los populares aseguran que la "prioridad nacional" debe aplicarse respetando la ley que hay actualmente y hablan del "arraigo" como requisito, y no la nacionalidad, desde Vox se refieren a ella de forma genérica, lo que abre la puerta a una discriminación por razón de origen. Por este motivo, de hecho, los populares han presentado la enmienda a la moción original de Vox, en la que defendía la necesidad de establecer derechos diferentes entre nacionales y extranjeros, de manera que piden reformar el marco normativo para que sea así por la cuestión de las ayudas: "No se trata de arbitrariedad ni exclusión caprichosa, sino de afirmar un criterio de justicia retributiva vinculado al deber del gobierno de asistir antes a quien los sostenga y conformar su propia comunidad nacional", dice la extrema derecha. En definitiva, PP y Vox discrepan del alcance del concepto de "prioridad nacional": mientras los populares defienden que no presenta ningún problema para los extranjeros que residen legalmente en España, la extrema derecha hace la distinción con los que tienen o no la nacionalidad española.

Poner fin a la regularización extraordinariaen contra de la "prioridad nacional": "No puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los cuales tiene derechos y al margen de un sistema al cual ha contribuido", verbalizó. Mientras Juanma Moreno Bonilla, candidato del PP a revalidar la presidencia de Andalucía, ha pedido el voto útil para las elecciones del 17 de mayo para evitar precisamente depender de Vox con un pacto de estas características.

Poner fin a la regularización extraordinaria

En otro punto de la moción, también se fuerza que se vote en el Congreso la derogación de la regularización extraordinaria de migrantes que ya está en marcha. En todo caso, si PP y Vox consiguieran los votos de Junts para aprobar este punto no implicaría nada en términos prácticos: una moción solo insta al gobierno y no tiene efectos ejecutivos. Eso sí, sería simbólico: se evidenciaría que la Moncloa está llevando adelante una política en contra de la mayoría legislativa.

En la misma línea de polémica, este martes, la portavoz del gobierno español, Elma Saiz, ha reprochado a los ayuntamientos gobernados por PP y Vox que estén poniendo "obstáculos" en el proceso de regularización, a pesar de que el procedimiento está reglado por el gobierno español, así como la documentación que se debe presentar. Uno de los documentos que está generando más colas en la administración es el informe de vulnerabilidad. En este sentido, ha advertido que el gobierno español vigilará el cumplimiento de la Constitución en cuanto a los derechos de los migrantes, tanto en cuanto al proceso de regularización, como ante el pacto de PP y Vox en Extremadura que prioriza el arraigo a la hora de pedir ayudas.