El PP rompe las negociaciones con Sánchez por la acogida de los menores migrantes

MadridIn extremis, el PP acabó apoyando en julio el reparto de 400 menores migrantes entre las comunidades autónomas. La saturación en Canarias necesitaba una medida urgente, pero desde el primer momento se planteó como un parche que debería acabar resolviéndose con la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatoria (y no opcional como ahora) la distribución de los menores que lleguen a las costas españolas. Las negociaciones entre los populares y el gobierno español han durado hasta ahora: el PP ha anunciado este sábado que las rompe acusando al ejecutivo de negarse a pedir ayuda a la Unión Europea. Fuentes del gobierno socialista niegan la acusación y critican "la ruptura unilateral e injustificada" de las conversaciones.

Este lunes había una reunión programada entre el portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien, de no existir un giro de última hora, no se celebrará. Las negociaciones, dice el PP, "se suspenden" hasta que el gobierno español no busque el apoyo comunitario. "En ningún caso se ha rechazado la ayuda de la UE, que está reglamentada", responden fuentes del ministerio, que recuerdan que hasta 2026, cuando entrará en vigor el Pacto de Migración y Asilo de la UE, seguirán siendo opcionales las derivaciones de inmigrantes entre los 27 estados miembros. "Llevan días fabricando excusas para romper unilateralmente las negociaciones", insisten en la Moncloa.

Aceptar en julio el reparto de los menores migrantes causó una crisis entre el PP y su socio en varias autonomías: Vox rompió los acuerdos de gobierno que mantenía con los populares en cinco autonomías (Murcia, Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón) y retiró el apoyo parlamentario al gobierno popular de Baleares.

Situación desbordada

Desde la pandemia la ruta migratoria entre África occidental y Canarias ha sido una constante ida decayucosy pateras con miles de personas a bordo que han terminado desbordando los recursos asistenciales del archipiélago. Hoy en Canarias hay 6.000 menores extranjeros y sólo 2.500 plazas disponibles, lo que hace que a menudo las instalaciones que se destinan para acogerlos –se agolpan en escuelas o cuarteles reconvertidos a toda prisa– presenten graves deficiencias de limpieza, según denuncian a las organizaciones humanitarias. La ley actual no obliga a las comunidades a acogerlos y, por eso, depende del acuerdo político al que se llegue.

Según datos de la Generalitat, Cataluña ha recibido desde 2017 hasta 14.000 menores extranjeros, que han llegado no sólo por el circuito formal de reparto, sino también por otras vías, lo que explica que mientras el gobierno español contabiliza 1.417 menores en el sistema de protección, la Generalitat tiene 2.369 tutelados, además de asumir los gastos de unos 4.000 extutelados.

La ley que intenta impulsar el gobierno español quiere hacer obligatorio el reparto entre autonomías. Además de las reticencias del PP –y la rotunda negativa de Vox, que quiere que se apliquen expulsiones en masa–, Junts también se mostró en contra de hacer obligatorio el reparto si no se trata singularmente el caso catalán. Al PSOE ya Sumar, pues, no les salen los números para aprobar la modificación de la ley de extranjería.